Desde hace varios años las empresas periodísticas de Nuevo León dejaron de tener ese blindaje que las protegía de atentados y de otras acciones criminales, sobre todo porque no era muy conveniente lanzar ataques contra un gremio arraigado en un Estado considerado como ejemplo de prensa profesional a nivel de la República.

Primero hay que admitir que el periodismo libre siempre ha sido incómodo, no solamente para grupos criminales organizados sino para aquellos políticos que se exceden en sus funciones y que son evidenciados como corruptos ante la opinión pública. Y en este último caso, el riesgo de represalias nunca se debe descartar.

No tengo las pruebas pero tampoco lo descarto, sobre la grave infiltración del narcotráfico en algunas empresas de medios de comunicación -en México y en otros países de América Latina-, por medio de colegas que, seducidos por el dinero a montones y orillados por los bajos salarios, optan por prestar sus servicios con otra camiseta.

Pero tampoco hay que endosar todos los atentados o los asesinatos al narcotráfico, pues dentro de la política -insisto- también se mueven intereses bajo el agua, y muchos más que a veces no se alcanzan a ver, más cuando en Nuevo León el 2009 es un año electoral.

En la historia reciente de México, ubiquémonos a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, los atentados contra políticos contrincantes y periodistas incómodos han crecido. Vaya, mataron o desaparecieron a candidatos a la presidencia como Luis Donaldo Colosio; cardenales como Juan Jesús Posadas Ocampo; legisladores federales como Manuel Muñoz Rocha, y dirigentes de partido (PRI) como José Francisco Ruiz Massieu.

Antes, en 1984, fue acribillado el reconocido periodista y columnista Manuel Buendía, autor de la leída e influyente columna “Red Privada”, bastante incómodo por sus comentarios para funcionarios del régimen del entonces presidente Miguel De la Madrid Hurtado, quienes siempre lo tuvieron en la mira.

De los anteriores casos que retumbaron tras fronteras, con excepción del crimen del cardenal y arzobispo de Guadalajara, en el resto nunca se involucró al narcotráfico. Fueron por culpa de pasiones desbordadas dentro de la oscura política mexicana.

Donde sí hay indicios de que el crimen organizado está involucrado, es en la desaparición del reportero de TV Azteca Monterrey, Gamaliel López, y de su compañero camarógrafo. Pero no hay pruebas como tales, simplemente suposiciones y sospechas.

Yo insisto que la cobertura periodística de temas que huelan a narcotráfico, los dueños deben de pedir a sus directores que sean sometidos a más filtros que los utilizados normalmente en salas de redacción de publicaciones, o mesas de asignaciones de las televisoras o radiodifusoras.

Las fuentes policíacas para obtener información ya no son como antes, cuando los reporteros iban solamente a recabar datos y tomar fotos de un choque, un accidente carretero, un pleito de vecinos, un incendio, un herido de arma blanca o un crimen pasional.

La realidad es diferente. Diariamente los espacios de los medios electrónicos y las páginas de periódicos y revistas, incluyen temas que tienen que ver con bandas de secuestradores, narcos y otros grupos de la delincuencia organizada.

Creo que ha llegado el momento de aplicar la autocensura sobre contenidos que huelan a narco, todo por la seguridad de los reporteros que las escriben y del personal en general de las empresas. Y hacerlo no es faltar a la verdad ni a la ética. Estoy seguro que ningún propietario de medios quiere echarse de enemigos a gente de alta peligrosidad, mucho menos ir a enterrar a uno de sus empleados.

Al equipo de Televisa Monterrey mi solidaridad personal y la de nuestra empresa, como lo hicimos y lo demostramos cuando ocurrió el atentado contra el periódico hermano, El Mañana de Nuevo Laredo.

Lo sucedido contra la televisora el martes 6 de enero seguramente no será un acontecimiento aislado, porque en la política están metidas muchas perversiones e intereses, donde los amigos se convierten en enemigos aun dentro de un mismo partido.