El Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social de la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Educación Pública, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Marina son las 10 instituciones que más frecuentemente son señaladas como responsables de violar los derechos humanos, afirmó Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Al rendir su tercer informe de labores ante la Segunda Comisión Permanente del Congreso de la Unión, informó que del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 el organismo autónomo que encabeza recibió 41 mil 662 escritos de queja y emitió un total de 93 recomendaciones a diversas autoridades de los tres ámbitos de gobierno.El ombudsman nacional detalló también que la entonces SSP, el gobierno de Sonora, los ayuntamientos de Charcas, Salinas de Hidalgo, Villa de Guadalupe, Villa de la Paz y Villa de Ramos, en San Luis Potosí, y el ayuntamiento de El Salto, en Jalisco, destacan entre las que más se negaron a recibir las recomendaciones de la Comisión.
Plascencia Villanueva realizó una mención especial sobre la negativa recurrente de la entonces SSP, que encabezaba Genaro García Luna, para aceptar y cumplir la recomendaciones de máximo organismo protector de derechos humanos en el país.
Y es que “dicha Secretaría no aceptó una recomendación referente a la detención arbitraria de dos personas, desaparición forzada y privación de la vida de una de ellas, en el municipio de Cuernavaca, Morelos. Asimismo, no ofreció evidencias que permitieran observar acciones orientadas al cumplimiento total de la recomendación emitida por violaciones graves a los derechos humanos que se acreditaron en el asunto de la [Escuela] Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero”, argumentó.
Con una enorme bandera tricolor como fondo, el maestro en derecho lamentó la reaparición de prácticas que se creían desterradas como las desapariciones forzadas, los tratos inhumanos y degradantes, la tortura, los cateos y detenciones ilegales, vinculados, en su mayoría, con el actuar de las instancias de seguridad pública. Además, las muertes violentas de 34 personas inocentes, como consecuencia de los enfrentamientos entre integrantes de la delincuencia organizada.
El principio pro persona
En un mensaje dirigido al presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente, el diputado Francisco Arroyo Vieyra, así como al conjunto de legisladores, Raúl Plascencia manifestó la preocupación de algunos servidores públicos, particularmente del ámbito de la justicia, respecto de la propuesta de eliminar el principio pro persona y limitar el alcance de su contenido en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En este sentido, sugirió “no proponer modificaciones que impliquen retrocesos”, pues “la reforma constitucional de 2011 constituyó uno de los más grandes avances en materia de derechos humanos desde 1917”.
Minutos después de las 11 horas del 30 de enero, el presidente de la CNDH subió al estrado del Salón Verde de la Cámara de Diputados. Ahí, frente a los legisladores que integran la Segunda Comisión de la Permanente rindió su tercer informe de labores, que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.
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Autoridades que más atentaron contra los derechos humanos en 2012
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Número de quejas
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Instituto Mexicano del Seguro Social
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1 mil 876
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Secretaría de la Defensa Nacional
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1 mil 503
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Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social de la entonces Secretaría de Seguridad Pública
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1 mil 12
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Comisión Federal de Electricidad
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934
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Secretaría de Educación Pública
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852
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Policía Federal
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802
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Procuraduría General de la República
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742
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado
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700
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Instituto Nacional de Migración
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482
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Secretaría de Marina
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418
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Fuente: CNDH
