El expediente ISOSA (Integradora de Servicios Operativos S.A.) y sus fideicomisos de Aduanas siguen acompañando a la administración foxista y todo hace creer que será hasta después del 2006, si el PAN pierde la Presidencia de la República, cuando sepamos los negocios privados y los manejos irregulares que durante 15 años hicieron los gobiernos federales del PRI y del PAN con los fondos públicos que triangularon hacia empresas privadas por órdenes de la Secretaría de Hacienda y que aún guardan poco más de 7 mil millones de pesos en el Fideicomiso Aduanas I abierto en Nacional Financiera.

Y esto viene a cuento porque en el dictamen realizado por el grupo especial de trabajo de la Cámara de Diputados a la Cuenta Pública del 2001 durante la administración panista, concluye que al revisar el cumplimiento de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de ese año, se determinó que la Secretaría de Hacienda infringió diversas disposiciones al no enterar a la Tesorería de la Federación (Tesofe) los ingresos provenientes del cobro de los Derechos por Trámite Aduanero, recursos que nutren a los fideicomisos Aduanas I y II, sin que hasta ahora pueda beneficiarse al erario federal con 4 mil 676.2 millones de pesos generados en el 2001.

Los efectos económicos de las auditorias a la Cuenta Pública que, por cierto, confirman las conclusiones de la Auditoría Superior de la Federación que preside Arturo González de Aragón, suman más de 339 mil 456.2 millones de pesos, de los cuales no fue posible comprobar y solventar 26 mil 327.4 millones correspondientes al Fobaproa-IPAB; 4 mil 685.2 del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y 4 mil 676.2 millones por el Derecho de Trámite Aduanero (ISOSA).

Tan sólo la inobservancia de la normatividad en las entidades de la administración foxista provocó un costo de 75 mil 389.8 millones de pesos, un 22 por ciento del total. La lista de inconsistencias encontradas en las auditorias está conformada por la falta de autorización o justificación de erogaciones; omisión de reintegros a la Tesofe; capital de la banca de desarrollo; omisión de retenciones o enteros de impuestos, falta de comprobación del gasto; adjudicaciones fuera de norma; pagos improcedentes o en exceso; pagos sin contrato o fianza y falta de aplicación de penas o sanciones.

Entidades como el SAT, Pemex, Nafin y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueron notificadas antes de que se presentara el informe de las auditorias a las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Diputados. Estas paraestatales reconocieron y corrigieron en sus registros contables más de 218 mil millones de pesos, justificaron 84 mil 901.3 millones, con lo que se recuperaron recursos por mil 493.6 millones.

Sin embargo, no lograron comprobar, en línea con las diversas leyes de la administración pública, 35 mil millones de pesos.

Las fallas de Gil Díaz

La dependencia a cargo de Francisco Gil Díaz, según el informe que este martes fue aprobado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados con 16 votos a favor del PRI y PRD y ocho en contra del PAN, también falló en autorizar la contratación de deuda pública de algunas entidades. Los legisladores señalaron las inconsistencias en las declaraciones al cuarto trimestre del 2001 de las finanzas públicas, pues no se registran de manera adecuada los ingresos obtenidos por el aprovechamiento de rendimientos excedentes derivados de la venta del petróleo.

Otras de las dependencias con problemas para solventar la aplicación de sus presupuestos son la Comisión Nacional del Agua (Conagua); PMI Comercio Internacional; el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; Casa de Moneda, y Banobras. Por reducción de capital, las auditorías enlistan al IPN, IMSS, ISSSTE, SCT, Ramo 33, Lotería Nacional, INAH, Petroquímica Camargo, Petroquímica Morelos y Sedesol.

A más tardar el 30 de abril, el pleno de la Cámara de Diputado deberá avalar el análisis que señala cómo los órganos del gobierno foxista que registraron las mayores infracciones fueron las 14 entidades auditadas del sector energía, luego de que 12 ordenamientos jurídicos no fueron observados; en el sector de Comunicaciones y Transportes nueve entes auditados incurrieron en violaciones a nueve ordenamientos jurídicos. Otros sectores en donde se detectaron incumplimientos relevantes fueron: Salud, Hacienda, Desarrollo Social y entidades paraestatales no coordinadas sectorialmente.

Lo que sigue es que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) para sentar responsabilidad administrativa por el incumplimiento de disposiciones contenidas en leyes como las de Presupuesto, Ingresos, Adquisiciones y el decreto de Presupuesto de Egresos. Hasta ahora, los legisladores que participaron en esta comisión especial tienen información sobre las acciones que ya ha realizado la ASF para sentar las responsabilidades de funcionarios con presunta responsabilidad en las deficiencias que impidieron solventar el 11 por ciento de los 339 mil millones de pesos.

Las inconsistencias o excepciones al cumplimiento de los principios básicos de contabilidad fueron: registros extemporáneos de ingresos y gastos, realizados o devengados; deficiencias en el control físico y documental de los bienes existentes; estados financieros con información incompleta, al no reconocer el efecto de la inflación.

En las cuentas de activo no se registraron algunos bienes adquiridos y no se actualizaron los valores de los inmuebles de entidades paraestatales.

En materia de registro presupuestal no se observaron todas las disposiciones legales aplicables, así como las clasificaciones incorrectas de partidas presupuestales en el gasto ejercido. Registro incorrecto del pago de prestaciones al personal con plaza presupuestal y de honorarios. Registro contable incorrecto por adquisiciones de inmuebles, mobiliario y equipo.

La revisión de la Cuenta Pública del 2001, por parte del Congreso, constató que varias entidades del gobierno foxista presentaron sus estados financieros con información incompleta, por la omisión de la actualización de sus cifras; no efectuaron recuentos físicos de los bienes inventariables; no crearon las reservas de las obligaciones laborales; no cumplieron con la consistencia en el cálculo de la depreciación de los activos fijos; tienen activos excedidos respecto a su valor de recuperación y no consolidan ni valoran las inversiones a través del método de participación.

El dictamen realizado por un grupo de trabajo especial de la Cámara de Diputados concluyó que del total de las dependencias y entidades revisadas, en mayor o menor medida, no cumplieron de manera estricta con algunas de las disposiciones y normas jurídicas en materia de ingreso-gasto. De esta forma, no se cumplió cabalmente con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y su reglamento; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2001.

El PAN presiona al auditor

En los últimos meses el presidente Fox y su secretario de Gobernación, Santiago Creel, se han dedicado a pregonar la libertad para informar lo que sucede en el gobierno federal, así como la transparencia y rendición de cuentas de la administración foxista; sin embargo, esta campaña mediática gubernamental contrasta con las presiones que legisladores del PAN en la Cámara de Diputados ejercen para callar al auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, a quien pretende censurar para impedir que informe a los mexicanos, a través de los medios de comunicación, de los resultados de sus investigaciones al ejercicio presupuestal en el “gobierno del cambio”.

Por una buena nota de la reportera Alicia Salgado publicada en El Financiero, nos enteramos que “legisladores del PAN en la Cámara de Diputados presentaron una iniciativa que pretende prohibir al titular de la Auditoría Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, la formulación de opiniones o comentarios a los medios de comunicación sobre los informes que elabora, aun cuando éstos tienen carácter público”.

La reportera explica que los derechos legisladores panistas intentan hacerlo pese a que el Congreso de la Unión decidió promover una reforma constitucional para fortalecer las atribuciones de fiscalización de la ASF sobre los ingresos y egresos; manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos federales. Esto incluye a aquellos recursos ejercidos por las entidades federativas, municipios, partidos políticos, particulares y los transferidos a fideicomisos, fondos, mandatos o a cualquier figura análoga.

El autor de esta iniciativa mordaza es el diputado panista Rafael Sánchez Pérez y está suscrita por los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASF y presentada al pleno de la Cámara baja el 8 de febrero, precisa en su nota Alicia Salgado.

La iniciativa establece que una vez que el auditor superior de la Federación entrega el Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta Pública, “formula opiniones, comentarios y juicios de valor sobre esos resultados a los medios de comunicación, lo cual en diversas ocasiones ha resultado perjudicial”. El problema no son los medios de comunicación a los que se informa, pues éstos son sólo un vehículo para que la población esté plenamente informada de lo que hacen los servidores públicos, de tal manera que la iniciativa mordaza es para evitar que los mexicanos esté informados.