El presidente de Cintra, Andrés Conesa, está convencido de que la venta de Mexicana de Aviación fue un verdadero éxito, pero la historia reciente de su venta y los pasivos acumulados en el IPAB, sin embargo, lo desmienten.

A partir del próximo 16 de diciembre, Gastón Azcárraga, presidente del grupo hotelero Posadas, se convertirá en propietario del ciento por ciento de los títulos de Mexicana de Aviación, del ciento por ciento de las acciones de la nueva aerolínea de bajo costo Click, del 50 por ciento de la empresa de reservaciones SEAT, del 50 por ciento de la aerolínea de carga Aeromexpress, del 50 por ciento de Alas de México, del 50 por ciento de la compañía Turboreactores y de la mitad de la compañía de reservaciones Sabre.

Por todo ese paquete, el también presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) –amigo muy cercano de Vicente Fox, con quien al menos una vez al mes se reúnen para charlar- pagará alrededor de 165.5 millones de dólares.

En el manejo de las aerolíneas mexicanas, la corrupción y el componente político siempre han estado presentes en su administración y operación. Ejemplos: en la campaña de Ernesto Zedillo se otorgó forzadamente un donativo por 25 millones de dólares extraído de la caja de Aeroméxico, lo que detonó la crisis y el encarcelamiento de Gerardo De Prevoisin. Ahora, la protección y subsidio que ofrece el gobierno federal ante los altibajos en el precio de la turbosina -que en los últimos meses ha aumentado más de 50 por ciento- también proviene de una relación política perfecta con el gobierno federal.

Así, Gastón Azcárraga comienza con el pie derecho. La administración de Andrés Conesa, responsable de la venta de Aeroméxico y Mexicana de Aviación, se esforzó en difundir entre los medios de comunicación que la venta se cerró en más de mil 456 millones de dólares, pues Posadas tendrá que asumir pasivos, como parte de la transacción, por 294 millones de dólares y 997 millones de dólares por concepto de arrendamiento de aviones.

Con estos grandes descuentos, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) sólo recuperará 82 millones de dólares. Además, Conesa advierte que este monto podría no ser el valor final de la transacción. En 90 días, advierte el ex funcionario de la Secretaría de Hacienda, podría conocerse si el monto se eleva o disminuye.

Pero conocedores de la forma de operar del gobierno federal, seguramente el ajuste será a la baja en perjuicio, una vez más, de los mexicanos. Así, en la etapa final del gobierno foxista se concreta el proceso para rematar a las principales compañías aéreas del país, un proyecto al que sindicatos se habían opuesto, por considerar que se dañaba de manera irremediable a la aviación comercial.

En 1997, al frente del consejo de administración de Cintra, Ernesto Martens buscó colocar el 30 por ciento de las acciones de Cintra en el mercado de valores, en una operación que impidió la Comisión Federal de Competencia, al calificarla como monopólica, pues de facto se consolidaban financieramente las fortalezas de Aeroméxico y Mexicana.

Martens buscaba obtener más de 500 millones de dólares por el 30 por ciento, con lo que se valuaban a estas dos aerolíneas en más de mil millones de dólares. Ocho años después, no sólo se dejó de considerar a Aeroméxico y a Mexicana como un monopolio, sino que la administración foxista otorgó licencias a Miguel Alemán, exgobernador de Veracruz, y a Pedro Aspe, exsecretario de Hacienda, para operar sus propias aerolíneas, lo que, sin duda, disminuyó el impacto de la venta de las subsidiarias de Cintra.

Ahora, el particular esquema para establecer el precio de Mexicana de Aviación provocó el enojo de la comunidad bursátil, pues durante los últimos meses inversionistas de la Bolsa Mexicana de Valores se dedicaron a adquirir acciones de Cintra -la controladora de Aeroméxico- en espera de que la venta sí fuera un éxito y sus títulos subieran de precio. La sorpresa, sin embargo, fue que Conesa decidió vender en menos de 4 pesos las acciones de Mexicana de Aviación, cuando hace tres meses las acciones de Cintra llegaron a niveles de 8 pesos.

Al parecer, los analistas de casas de bolsa como Vector, Monex, Santander y Banorte, entre otras intermediarias bursátiles, no tomaron en cuenta para las valuaciones sobre Mexicana de Aviación el cargo como pasivo de casi mil millones de dólares por arrendamiento de aviones. Para ellos, Conesa y su agente vendedor, la correduría europea Credit Suisse, cometieron una grave e intencionada equivocación al convertir un costo de operación en pasivo.

El Grupo Financiero BBVA Bancomer, que mantenía casi 14 por ciento del capital de Cintra y con varios asientos en el Consejo de Administración de la Controladora, conoció a la perfección la situación de las aerolíneas, por lo que decidió vender en el mercado su participación y no esperar a la “exitosa” venta de Conesa. Así, BBVA Bancomer logró vender sus acciones en casi 8 pesos y no en los 4 que logró el doctor Conesa, quien, por cierto, recibe un sueldo mensual superior a los 60 mil dólares, además de haber pactado un bono adicional por entre 18 y 24 meses de sus ingresos si logra vender las dos aerolíneas antes de que concluya la administración actual. Buen negocio en medio del remate de la aviación mexicana.

La buena noticia, dice Conesa optimista, es que dadas las pérdidas fiscales que se han acumulado para estas acciones, la operación no está gravada, por lo que los accionistas de esta controladora no pagarán impuestos al recibir los recursos de esta operación. Sin embargo, para el IPAB la pérdida en esta operación es mayúscula y contraviene a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, la cual ordena a sus funcionarios maximizar los ingresos obtenidos por la venta de activos resultado del rescate de activos bancarios.

Un poco de historia

En 1994, la banca capitalizó más de 507 millones de dólares correspondientes a los pasivos de Mexicana de Aviación: 150 millones de dólares correspondientes a las deudas acumuladas con Aeropuertos y Servicios Auxiliares; 150 millones de dólares en préstamos con cinco bancos comerciales; 87 millones de dólares con el grupo Falcón, que en ese momento encabezaba Carlos Abedrop, y más de 120 millones de dólares con acreedores diversos.

El escenario se complicó cuando el IPAB tuvo que rescatar la deuda de estos bancos que participaban en el capital y consejo de administración de ambas aerolíneas y posteriormente de Cintra, cuando la banca extranjera se negó a adquirir instituciones como Serfin e Inverméxico que mantenían en sus balances acciones de estas aerolíneas.

Fue Ana María Botín, del Grupo Santander, quien se opuso a cerrar la compra del banco que presidía Carlos Gómez y Gómez si no se eliminaba la participación en Cintra. Por ello, en septiembre de 1999 el IPAB adquirió la participación de Serfin en Cintra, lo que representó una erogación de 515.7 millones de pesos, un rescate que determinó que el IPAB se convirtiera en el accionista mayoritario de esa controladora.

Antes de verse presionado por el resto de la banca extranjera para sanear a los bancos con problemas y eliminar de su balance el capital de las aerolíneas, el IPAB sólo controlaba el 6 por ciento de Cintra. Al momento de vender Mexicana de Aviación, el IPAB controlaba el 46.5 por ciento de Cintra. Ahora, los analistas estiman que por Aeroméxico podría recibir apenas un monto ligeramente superior al de Mexicana.

Una década después, la banca comercial dejó de ser el principal acreedor de Aeroméxico y Mexicana de Aviación.

En el particular estilo de administrar esta controladora y “prepararla” para la venta, Andrés Conesa, con el apoyo de la Secretaría de Hacienda, redocumentó a largo plazo todos los pasivos de estas aerolíneas con créditos de Nacional Financiera, según consta en los registros públicos de la controladora. De hecho, los dos únicos créditos que mantiene Cintra con bancos comerciales son el préstamo con Inbursa, que se tendrá que pagar en el año 2011 y un crédito con Banamex por más de 200 millones de pesos.

Conesa informó que habría pagado este crédito antes de la venta de Mexicana y no que lo redocumentó para su pago al 2011. El presidente de Cintra también aseguró que la urgencia de vender estas firmas radicaba en la imposibilidad a la que se enfrentaba el gobierno para dedicar recursos del presupuesto. Tal vez, por esa razón acudió a Nafin para obtener los recursos que necesitaba para preparar a estas aerolíneas para su privatización.

Conesa asegura que, a diferencia de otras privatizaciones, Mexicana se vendió sin cargo al erario. Recuerda, por ejemplo, el caso de los ferrocarriles que se vendieron sin pasivo alguno, pues el gobierno federal se hizo cargo de la liquidación del contrato laboral con los ferrocarrileros. Pero la historia, una vez más, lo confrontará.

Arranca privatización de sistemas en Nafin

Nacional Financiera, el banco de desarrollo que dirige Mario Laborín, dio a conocer las bases de la licitación para otorgar a una empresa privada contratos para la administración de los servicios de cómputo central de la banca de desarrollo, proceso que deberá concretarse antes de que concluya el año.

De acuerdo con las bases de licitación, la empresa que resulte ganadora del contrato que otorgará servicios de cómputo al Banco Nacional de Comercio Exterior, Banobras, el Fira y la Sociedad Hipotecaria Federal, deberá contratar a parte del personal de estos bancos de desarrollo que actualmente administra, monitorea y da soporte a la infraestructura y procesos tecnológicos.

La contratación de este personal no sólo busca reducir el impacto en cuanto a despido de trabajadores de la banca de desarrollo ante los procesos de reducción de costos que impulsa la Secretaría de Hacienda para este sector, sino “evitar riesgos derivados de la toma de control” de la compañía que administre a partir de enero los sistemas de la banca de segundo piso.

Así, se planea la recontratación de 75 personas, consideradas parte del recurso humano crítico para mantener el control sobre los sistemas de la banca de desarrollo. Entre las compañías interesadas se encuentran Kyo Networks, de María Asunción Aramburuzabala; Avantel; Triara, de Carlos Slim; IBM; Hewlett Packard, y EDS.

El contrato de servicios de cómputo también involucra la responsabilidad de que la empresa ganadora adquiera todo tipo de equipo para esta área que necesiten los bancos de desarrollo. Además, podrá utilizar las instalaciones de cada uno de los bancos involucrados en este proyecto.

La propuesta que resulte ganadora será aquella que logre mejorar los presupuestos que cada banco había establecido para satisfacer sus necesidades de sistemas y cómputo. Para los próximos cuatro años, Nafin necesitará 80.9 millones de pesos para financiar esta migración de sistemas, el Bancomext 136.8, Banobras 81.6, el Fira 74 millones y 70.7 para la Sociedad Hipotecaria Federal.

Los recursos para ejercer estos contratos, sin embargo, estarán sujetos a las partidas que asignen los presupuestos de los próximos cuatro años para la banca de desarrollo, así como al calendario de gastos que se les autorice.