San Juan Copala, Oaxaca. Desesperadas por el hambre y las enfermedades que padecen los habitantes de Copala, 20 mujeres indígenas cargaron con sus hijos y el fin de semana salieron de este pueblo triqui en busca de alimentos, agua potable y medicinas.

En su huida del infierno en que paramilitares tolerados por el gobierno han convertido a Copala, la caravana de 35 niños y mujeres indígenas fue interceptada a la altura del poblado de La Sabana (el mismo lugar donde hace 20 días fue atacada la caravana por la paz) por un grupo de hombres fuertemente armados que los amenazaron de muerte y les advirtieron que si intentaban regresar con alimentos a este municipio autónomo que desde hace seis meses vive en estado de sitio, serían secuestrados.

El vocero de San Juan Copala, Jorge Albino, explicó que las 35 mujeres y niños triquis fueron atendidos en el municipio de Juxtlahuaca y desde ahí se solicitó el auxilio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y se exigieron garantías de protección al secretario general de gobierno del estado de Oaxaca, Evencio Martínez, para que las indígenas y sus hijos pudieran regresar con seguridad a Copala para reunirse con sus familias.

En respuesta a esa petición, el subalterno del gobernador Ulises Ruiz ordenó un operativo policiaco con más de cien elementos estatales fuertemente armados, pues le urgía sacar de la ciudad de Juxtlahuaca a los 35 indígenas y alejarlos lo más posible de los medios de comunicación, pero en vez de llevarlos con sus familias hasta Copala, los abandonaron en el pueblo de Yosoyuxi, a 30 kilómetros de Juxtlahuaca.

“Por ningún motivo vamos a llevarlos a San Juan Copala. Ustedes saben que es un municipio autónomo y la policía no puede entrar ahí, así que sólo los acercamos hasta Yosoyuxi y desde allí (mujeres y niños) tendrán que caminar para llegar a su pueblo. Definitivamente nosotros no vamos a entrar porque hay grupos armados”, le dijo telefónicamente Evencio Martínez al vocero de San Juan Copala, Jorge Albino.

La caravana indígena decidió este sábado emprender la marcha hacia Copala, pero un grupo armado impidió su paso a la altura del poblado de La Sabana y secuestró a seis mujeres con sus hijos y hasta este domingo seguían sin ser liberados, mientras que los gobiernos federal y estatal permiten todos los excesos de las organizaciones armadas Ubisort, perteneciente al PRI, y de la MULT, simpatizante también del gobierno oaxaqueño de Ulises Ruiz.

La lucha por el presupuesto de Copala

Contrario a lo que opina el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont desde sus cómodas oficinas en la ciudad de México, el problema en San Juan Copala no es intercomunitario, como quieren hacernos creer, lo que aquí se disputa son el uso de las partidas presupuestales de los ramos 28 y 33, que para el gobierno de Ulises Ruiz en Oaxaca significan cerca de 5 mil millones de pesos, mismos que no están dispuestos a repartirlos entre quienes menos tienen.

Por supuesto también hay una pugna por el control político del principal centro ceremonial del pueblo triqui y para ello han armado con rifles de alto poder (AK-47, R-15 y M-16) a las organizaciones priistas Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) y al Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT), las cuales mantienen bajo estado de sitio a casi 100 familias que están atrapadas en el pueblo de Copala y no pueden salir de sus casas.

Esta verdadera lucha por las participaciones federales para los municipios del estado de Oaxaca está relacionada directamente con el acoso y persecución que sufren los habitantes de San Juan Copala. Es el control de las participaciones federales correspondientes a Oaxaca las que empuja, en mayor medida, las ráfagas de las balas que tienen sometido a este valeroso pueblo triqui.

Enclavada en una de las regiones más altas de la mixteca oaxaqueña, Copala no sólo cuenta con grandes recursos forestales o maravillosas colinas para producir el mejor café de altura del mundo, también tiene el tesoro de las participaciones municipales.

Sin embargo, es a partir de que estos indígenas de la cultura triqui deciden declarar la autonomía de la región para liberarse del yugo de políticos corruptos que les condicionan a cambio de votos la aplicación de los recursos que les pertenecen por ley, que se desata una guerra feroz en su contra. Las autoridades autónomas de Copala están solicitando también que se aclare la situación de esos recursos y su legítima entrega, lo que ha puesto muy nerviosos a funcionarios estatales y federales.

En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, egresado de Harvard y quien está a cargo de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, debería explicar que ha pasado desde hace varios años con el dinero que debe entregarse a la región de San Juan Copala para pagar obras y desarrollar servicios públicos para la población.

Sabrá el funcionario de Hacienda quién es el responsable de administrar en Oaxaca ese dinero público, pues hay fundadas sospechas de que parte de esos recursos sirven para comprar armas y balas que asesinan, hieren y amenazan a niños, mujeres y ancianos indígenas.

Sin duda la respuesta la sabe el gobernador Ulises Ruíz, quien el 29 de enero de 2010, junto con Jorge Toledo -exdiputado federal por el distrito de Juchitán y en ese entonces secretario general de gobierno-, firmó el acuerdo para la distribución de los recursos del ramo 33, que no son otra cosa que las aportaciones federales para entidades federativas y municipios y deben servir para mejorar la infraestructura social, municipal y fondos de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios, correspondiente al año fiscal 2010.

Igual que los pobres estados de Guerrero y Chiapas, Oaxaca vive de las participaciones federales. Así que se trata de un bocado muy apetitoso que para Ulises Ruíz representa recursos por 4 mil 830 millones 255 mil 867 pesos, de los cuales 3 mil 432 millones 434 mil 647 pesos corresponden al Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)  y mil 397 millones 821 mil 220 pesos para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento del Municipio (FAFM).

Es la cabecera municipal de  Santiago Juxtlahuaca, a la cual está integrada la región triqui de Copala, a la que corresponde 43 millones 853 mil 734 pesos, 30 millones del FISM y 13 millones 313 mil 661 pesos del FAFM. Sin embargo, las autoridades del municipio autónomo no han recibido lo que les corresponde en este año, pues el gobierno de Ulises Ruiz se niega a reconocerlas y asegura que no pueden entrar por ser una zona muy peligrosa para sus policías.

Junto con Santiago Pinotepa Nacional, a la que le tocan 57 millones, Juxtlahuaca registra uno de los montos más altos que el gobierno de Ulises Ruíz debe transferir por ley a un municipio de ese estado.

Para Juxtlahuaca y sus regiones las asignaciones de participaciones federales han sido incrementadas durante los tres últimos ejercicios: 41.2 millones en 2008; 42.6 millones en 2009 y 43.8 en 2010.

A Copala, cabecera municipal, le corresponde un monto proporcional al resultado de una fórmula establecida por el Congreso de la Unión, que se determina calculando las necesidades de la región a partir del ingreso por trabajo, el nivel de educación, las condiciones bajo las cuales se utiliza el drenaje y la electricidad.

Así, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, los municipios deben hacer del conocimiento de sus habitantes los montos que reciban para obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. Además debe proporcionar por conducto del gobierno del estado a la Secretaría de Desarrollo Social, la información sobre la utilización del Fondo para la Infraestructura Social Municipal.

Pero en San Juan Copala parece que esto ya no importa, pues desde hace seis meses las autoridades autónomas y sus habitantes luchan por su vida y por ahora no hay tiempo de pensar en quién les va a entregar las partidas presupuestales que les corresponden.

Tres periodistas entran a Copala

Veinte días después del ataque armado en contra de la caravana por la paz que llevaba alimentos y medicinas a San Juan Copala, en donde murieron dos personas y otras 10 resultaron heridas, entre ellas el fotógrafo de la revista Contralínea, David Cilia, quien recibió tres heridas de bala y junto con su compañera reportera Erika Ramírez se mantuvo escondido durante 60 horas en el monte para salvar la vida, otros tres reporteros del semanario (Zósimo Camacho, Julio Hernández y Miguel Badillo) llegaron hasta el pueblo de Copala y tomaron evidencia periodística del terror y el asecho al que está sometida la población indígena de este municipio autónomo.

Todos los días desde hace seis meses, hombres armados apostados en los cerros que rodean Copala, disparan a lo que se mueve. La orden que tienen es que nadie salga ni entre a este pequeño pueblo de la región triqui de Oaxaca, para evitar que llegue el abasto de comida, agua potable y medicinas a las cerca de 800 personas que, hambrientas, sobreviven atrapadas en este infierno.

Cualquiera que intente burlar la vigilancia de los grupos paramilitares pertenecientes a distintas organizaciones indígenas, como la Ubisor y la MULT, corre el riesgo de ser asesinado con disparos de rifles AK-47, R-15 y M-16 (todos de uso exclusivo del Ejército), como le sucedió a la caravana por la paz el pasado 27 de abril.

Pero en Copala suceden cosas extrañas, como el hecho de que los militares asignados al batallón 28 del Ejército abandonaran desde hace seis meses el cuartel ubicado en la parte alta del pueblo, y lo mismo hicieron los miembros de la policía estatal, como si con ello autorizaran a los grupos armados seguir con el exterminio de las 100 familias de indígenas triquis que se resisten a abandonar sus viviendas del municipio autónomo.

Los testimonios de niños, mujeres, ancianos y autoridades de este poblado relatan la desesperación y el miedo que viven en Copala, en donde todos deben permanecer encerrados en sus casas las 24 horas del día, para evitar ser cazados con poderosas armas que les disparan desde los cerros a 100 y 200 metros de distancia.

Los reporteros confirmaron que a todas horas se escuchan disparos en las calles del pueblo, en donde niños, mujeres y ancianos arriesgan la vida cuando tienen que salir en busca de comida o agua potable. La escasez de alimentos es tan grave, que en las viviendas sólo se come tortillas, chile y a veces frijoles.

Son ya seis meses de angustia y desesperación de cerca de 700 indígenas triquis que no han podido o no han querido abandonar Copala, porque la mayoría de ellos apoya a las autoridades del municipio autónomo, mismas que están atrincheradas en el palacio municipal, inmueble que se ha con vertido en el centro principal de los ataques de francotiradores que buscan matar con las balas o por hambre a la población y así popder apoderarse del municipio hasta ahora todavía autónomo.