Emilio Chuayffet Chemor logró llegar a la coordinación de los legisladores del PRI por el Estado de México en la Cámara de Diputados. Sin embargo, no consiguió, como pretendía, hacerse de la Presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales de ese órgano legislativo. La razón de su descenso en el círculo más influyente del PRI seguramente está relacionada con la lucha tras bambalinas en ese partido por la candidatura para las elecciones del 2012.

Fue en agosto pasado, antes de que se decidieran estas posiciones de poder en San Lázaro, cuando la revista Contralínea dio a conocer las investigaciones que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Nunca sabremos si la información sobre el manejo irregular de fondos por parte del político mexiquense, que se dio a conocer a través de la prensa y no por la Procuraduría General de la República, tuvo repercusiones. Sin embargo, la negociación política no se descarta y el PAN, utilizando información del Estado, habría logrado debilitar a un serio contendiente político. El PRI también pudo haber sido prudente y no correr el riesgo de un escándalo político en fechas cercanas a las elecciones presidenciales para el próximo periodo.

Así, las indagaciones de la UIF de la SHCP – que por cierto se pagan con dinero del Erario Público – una vez más se habrían utilizado para arreglos y componendas político-electorales. El gobierno de Felipe Calderón, una vez más, prefirió acumular puntos para su partido sobre el interés público.
Pero Banamex- Citibank, el banco en el que Emilio Chuayffet mantenía las cuentas investigadas por la UIF de la SHCP, no quiso correr el riesgo aún con el golpe fresco que representó para su imagen el caso de Raúl Salinas de Gortari y sus millonarias transferencias desde la cuentas de ese banco de capital estadounidenses para realizar operaciones en bancos suizos y franceses.
El expediente de la UIF, publicado en este espacio hace más de un año, explica con lujo de detalles las consultas que realizaron los ejecutivos de Banamex- Citibank sobre las cuentas de Chuayffet al percatarse de quién se trataba y al ubicarlo en aquella tipología en la que se encienden focos rojos de manera inmediata: la de las Personas Políticamente Expuestas (PEPs). Los técnicos de la UIF recibieron los datos que recabaron en Citibank para conocer la explicación de Chuayffet sobre el origen de depósitos en dólares; el por qué de los extraños excedentes en sus cuentas de inversión y, sobre todo, la razón de irregulares retiros de efectivo. Lo que resultaba innegable y sumamente sospechoso para las autoridades de la SHCP es que las cuentas de inversión del exsecretario de Gobernación estaban trabajando en serio ¿para qué? o ¿para quién? No hay respuestas. Pero igual que Banamex, los técnicos de la UIF no quieren cargar con la factura de una actuación tardía o negociada y se protegen con las indagatorias formales aunque de ellas no se desprenda, por decisión del gobierno calderonista, una acción judicial.
Oficialmente, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Procuraduría General de la República sostienen que el gobierno de Felipe Calderón no lleva a cabo investigación alguna en contra de políticos, conocidos en el argot antilavado como “personas políticamente expuestas”, según las respuestas a las solicitudes de información pública 0610000003009 y 0000600022009, hechas por Contralínea (número 138, del 5 de julio de 2009).
A pesar de tratarse de una solicitud formal que se hizo a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental –y por la cual están obligados los servidores públicos a decir la verdad–, la CNBV, que dirige Guillermo Babatz, habría mentido al sostener que no cuenta con expedientes en contra de altos funcionarios de los tres niveles de gobierno, porque “no realiza este tipo de investigaciones”.
Esa dependencia le aclaró a la reportera Nancy Flores que “después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite de la Dirección General de Prevención de Operaciones Ilícitas e Institucional no se localizó documento alguno relativo al presente requerimiento de información”.
También la SHCP falseó la información y sostuvo en su respuesta que no se encuentra facultada para iniciar o practicar investigación alguna relacionada con las “personas políticamente expuestas”. Los documentos oficiales de la UIF de la SHCP establecen lo contrario.

El caso del priista
Exsecretario de Gobernación, exgobernador mexiquense, excoordinador de la bancada priista en la LIX Legislatura y diputado federal electo y coordinador de los más de 40 diputados federales priistas del Estado de México, Chuayffet realizó operaciones financieras en instituciones bancarias mexicanas por cerca de 17 millones de pesos, de los cuales algunos movimientos fueron depósitos en efectivo.
Dichas depósitos motivaron a las autoridades a seguirle la pista al dinero para conocer su origen y descartar que pudiera provenir de alguna actividad ilícita; sin embargo, el diputado priista no convenció a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y en el expediente abierto en su contra se explica que no aclaró plenamente el origen de dichos recursos, identificados como operaciones “inusuales” y “relevantes”. Por menos de eso, el excandidato al gobierno de Quintana Roo, Gregorio Sánchez, fue detenido y sometido a un proceso judicial.
La SHCP explica la forma en que Chuayffet Chemor realizaba sus movimientos financieros en Banamex: “La inusualidad reportada deriva del hecho (de) que la mayoría de los recursos recibidos en la cuenta (Banamex) se traspasan a (una) inversión patrimonial, para posteriormente retirar gran parte de los recursos en efectivo, observando que en aclaración con su cliente, Emilio Chuayffet respondió que los depósitos en efectivo provienen de los mismos recursos que está regresando a su inversión patrimonial, operación que según la institución financiera ha sido repetitiva desde 2007 y que no puede identificar que los fondos provengan de la misma inversión, pudiendo tratarse de otros recursos en los que Chuayffet trata de ocultar su origen”.
El saldo de su inversión, al 30 de abril de 2008, ascendía a 16 millones 964 mil 248 pesos, de los cuales 15 millones 137 mil 923 pesos se encontraban en dicha cuenta desde el 31 de marzo de 2007.
En los reportes hacendarios, Emilio Chuayffet Chemor aparece como asalariado, sin actividad empresarial y dedicado de tiempo completo a la política, con ingresos acumulables del ejercicio 2003 al ejercicio 2008 por 5 millones 659 mil 28 pesos, de los cuales sólo 3 millones 740 mil 49 pesos corresponden a sueldos pagados de los ejercicios 2003 a 2006 por parte de la Cámara de Diputados y 363 mil 476 pesos son pagos del PRI.
Lo anterior significa que el diputado electo Emilio Chuayffet no ha justificado ingresos por unos 12 millones de pesos, lo que hace sospechar a la Secretaría de Hacienda sobre el origen de los recursos. Hasta ahora, sin embargo, el expediente se mantiene en poder de las autoridades financieras, sin que hayan presentado denuncia penal alguna ante la Procuraduría General de la República. Además, si se considera que este político ya tiene fuero, el gobierno de Felipe Calderón se puede ir olvidando de pretender actuar en su contra.
De acuerdo con los reportes de Banamex, el diputado federal electo realizó operaciones inusuales respecto de la cuenta maestra número 90458665728, contratada el 26 de septiembre de 2003, en donde se registra como cotitular y firmante adicional a Olga Guadalupe Soto Priego y como beneficiaria a Carolina Chuayffet Chemor.
En el análisis que hace Hacienda sobre los movimientos financieros del político priista mexiquense, destaca que del 3 al 11 de abril de 2008 realizó seis depósitos en efectivo por 490 mil pesos. Un asistente de Chuayffet le explicó a Banamex que dichos recursos provenían de honorarios pagados, así como de la venta de un automóvil. Otros 387 mil pesos se traspasaron a su inversión patrimonial. El 28 de julio de 2008, realizó otro depósito en efectivo por 700 mil pesos. Las fechas de los movimientos confirman que no se trata, como afirmaron algunos, de una investigación vieja y desempolvada sólo para hacer ruido político contra el político mexiquense. Se trata, pues, de una indagatoria reciente que está en tiempo y forma para convertirse en un proceso judicial. Veremos y esperaremos.
En su reporte, enviado a la Secretaría de Hacienda, Banamex le informa que la mayoría de los recursos recibidos en la cuenta se traspasan a inversión patrimonial, para después retirar gran parte de estos recursos en efectivo. Ese banco señala que en aclaración con su cliente éste les informó que los depósitos en efectivo provienen de los mismos recursos que regresa a su inversión patrimonial. No obstante, Hacienda considera que no se identifica que dichos recursos provengan de la misma inversión, “pudiendo tratarse de otros recursos en los que tratan de ocultar su origen”.
De acuerdo con la información fiscal correspondiente a “reportes relevantes”, se afirma que –durante el periodo comprendido de octubre de 2003 a julio de 2008– Emilio Chuayffet operó depósitos en efectivo por montos iguales o mayores a los 10 mil dólares, hasta por un total de 1 millón 410 mil pesos, así como retiros por 1 millón 610 mil pesos.
Los grandes lavadólares
Casos como el del priista Emilio Chuayffet o del panista Patricio Patrón Laviada confirman que el gobierno de Felipe Calderón no está interesado en combatir la raíz del problema de la delincuencia organizada y su financiamiento o desentrañar las rutas del dinero del narcotráfico que llegan hasta las estructuras políticas del país. Se limita y restringe, como se anunció la semana pasada, el cambio de divisas para la población; se afecta al turismo, a los hoteleros y restauranteros pero se mantienen sin cambios y hasta protegidas las negociaciones políticas y partidistas que se pagan con dinero ilícito. Se omite la aplicación de la justicia con excepción de los casos y expediente que involucran a perrredistas. De esta forma, mientras el gobierno federal no aplique la ley sin distingo, interés partidista o negociación de por medio, el lavado de dinero seguirá presente en el sector financiero y empresarial.