Miercoles 11 de Mayo de 2005

En buen momento el secretario de Agricultura, Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, anuncia su salida del gabinetazo, ahora que el barco del Ejecutivo está completamente hundido, para anunciar su intención de aspirar a la gubernatura de Guanajuato por el Partido Acción Nacional, y con ello seguramente el campo y los campesinos descansarán de las torpezas y corruptelas que se han cometido en su nombre.

Pero antes de irse, Usabiaga tomará las precauciones necesarias para limpiar la casa de expedientes que puedan involucrarlo en actos ilícitos y en su maleta almacenará los casos de corrupción que se acumularon durante su paso por la Sagarpa. Entre éstos está la investigación número 230/01 que ocultó la Secretaría de la Función Pública por su presunta responsabilidad en el desvío de 11.3 millones pesos, cometido al inicio del actual sexenio.

Como ya se ha informado en esta columna, el expediente que documenta este millonario desfalco también involucra al subsecretario de Desarrollo Rural, Antonio Ruiz García, y al oficial mayor Xavier Ponce de León Andrade, por la contratación irregular de la Fundación Mexicana de Desarrollo Rural, en la que Ruiz García se desempeñó como director general durante 17 años.

Además, sobre los hombros del gris secretario pesan graves acusaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Ejemplo de esto es la investigación que se le sigue desde las oficinas del auditor Arturo González de Aragón, referente al destino final de varios millones de pesos que fueron asignados a 33 fideicomisos operados al margen de la ley por la Sagarpa.

También está el manejo poco claro del Programa de atención a grupos prioritarios a través del otorgamiento de apoyos directos al productor (Procampo), que depende del órgano desconcentrado Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca). En este caso, la ASF descubrió apoyos excesivos a la población de Tamaulipas, que contabilizan 8.5 millones de pesos.

En el informe de la auditoría financiera y de cumplimiento sobre los egresos presupuestarios de la partida 4101, correspondiente a los subsidios a la producción, el máximo órgano de fiscalización señala que “Aserca reportó en la cuenta pública de 2003 haber ejercido el 63.2 por ciento (13 mil 60 millones 720 mil pesos) del total de su presupuesto en el Procampo; asimismo, la entidad federativa a donde más recursos se canalizaron fue Tamaulipas, con mil 293 millones 739 mil pesos”.

Mientras esas irregularidades hay en la Sagarpa, la mayor parte de los campesinos mexicanos permanecen en la extrema pobreza y otros forman parte de los amplios cinturones de migración hacía los Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

Las irregularidades del Procampo

De acuerdo con el Informe de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2003, elaborado por la ASF, las irregularidades relacionadas con el Procampo se detectaron en la administración de los Centros de Atención de Desarrollo Rural de San Fernando y de Reynosa, Tamaulipas.

El órgano de vigilancia del Congreso de la Unión señala que “se identificaron 67 casos que exceden el límite máximo de apoyos establecidos por la normatividad, de hasta 100 hectáreas de riego o 200 de temporal; 23 casos corresponden al centro de Reynosa y 44 al de San Fernando”. Para la ASF estos excesivos apoyos, que ascendieron a 2 millones 203 mil 600 pesos y 6 millones 307 mil 400 pesos, respectivamente, infringen las reglas de operación del Procampo.

Por concepto de apoyos excesivos, el impacto económico suma 8 millones 511 mil pesos, advierte la entidad fiscalizadora. Y, precisamente por la importancia del monto involucrado, la ASF solicitó a Aserca que “instruya a su dirección regional de Tamaulipas para que presente las aclaraciones por la presunción de pagos a productores que rebasan las 100 hectáreas de riego o 200 de temporal”.

Otra anomalía revelada por la Auditoría Superior se refiere al incumplimiento de los requisitos normativos en las solicitudes de apoyo. Según el informe, en 7 casos por 335 mil 400 pesos no se asentó la firma del jefe del Centro de Atención de Desarrollo Rural; en 25 casos por 2 millones 226 mil 100 pesos, no cuentan con el dictamen. Además, aunque en el Centro de San Fernando no existen predios de riego, por error en el requisitado de cuatro solicitudes se consignó esta característica, en infracción del Procedimiento General Operativo de 2003, para el otorgamiento de los apoyos de Procampo.

En este caso, la ASF solicitó al Órgano Interno de Control de Aserca que investigue las irregularidades, pues se presumen hechos de los que podrían desprenderse responsabilidades administrativas de servidores públicos en ejercicio de sus funciones, consistentes en la falta de dictaminación y firma del jefe de los centros de apoyo al desarrollo rural en las solicitudes para otorgar los recursos de Procampo; por consignar en cuatro solicitudes que son de riego sin que en el centro de San Fernando cuente con predios de estas características.

“La Auditoría Superior de la Federación solicita al Órgano Interno de Control que realice las investigaciones y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las posibles responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieran derivarse de los actos u omisiones de los servidores público en su gestión.”

Además, el órgano de vigilancia del Congreso emitió dos recomendaciones. La primera tuvo como destinatario a Aserca, para que fortalezca sus mecanismos de control, para que se abstenga de generar y entregar el apoyo correspondiente si las solicitudes no están debidamente requisitadas y dictaminadas por el jefe del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural. Mientras que la segunda fue para la Sagarpa, dependencia que deberá instruir a los jefes de dichos centros para que, invariablemente, dictaminen las solicitudes.

Excesos en San Fernando Tamaulipas

Pero en el centro de San Fernando se registraron más anomalías. Según los resultados de la investigación de la Auditoría Superior de la Federación, “durante la revisión no se presentaron las nóminas originales por 2 millones 21 mil pesos, donde conste la entrega de los cheques a los productores del centro de San Fernando, en infracción del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.”

Aunque la ASF afirma que la dirección regional de Aserca en Tamaulipas envió copia fotostática de las nóminas del centro de San Fernando, por un millón 802 mil 500 pesos; agrega que falta la comprobación por 218 mil 900 pesos, en infracción del artículo 44 del mismo reglamento.

Por estas irregularidades, el órgano de fiscalización solicitó a la Sagarpa que instruya al centro de apoyo de San Fernando para que presente las aclaraciones correspondientes, por la falta de nóminas por más de 2 millones de pesos o, en su caso, efectúe la devolución de los cheques que amparan estas nóminas y se proceda a su cancelación.

Además, la ASF advierte que la administración del centro de San Fernando “no turnó a la delegación de la Sagarpa copia de las nóminas en las cuales se hace constar la entrega de los apoyos a los productores, por lo tanto no cumplieron con lo establecido en el Procedimiento General Operativo de 2003”.

Pero las irregularidades llegan incluso a la integración de los expedientes de los beneficiarios del programa. El informe indica que, de una muestra de 505 expedientes de productores de Tamaulipas que recibieron apoyos por 40 millones 806 mil pesos, se identificó que 34 están incompletos; 11 más carecen del comprobante de elegibilidad, y 18 no tienen la boleta de pago de agua.

Pese a ello, “se autorizó su inscripción y se les otorgaron apoyos por un millón 482 mil 700 pesos; por lo que se infringieron el Procedimiento General Operativo de 2003 y las Reglas de Operación del Procampo, durante los ciclos agrícolas Primavera-Verano y Otoño-Invierno”.

La ASF recomendó a la Sagarpa que sólo se permita la reinscripción a los productores cuando los expedientes están debidamente integrados. Asimismo solicitó a la Secretaría, instruya a los Centros de San Fernando y Reynosa a que presenten las aclaraciones por las cuales se otorgaron apoyos por más de un millón de pesos a 39 productores cuyos expedientes están incompletos. En caso de no solventar esta observación, la dependencia deberá resarcir los apoyos entregados.

Fideicomiso Cañero

El aún secretario de Agricultura también deberá hacer frente a las observaciones hechas por el máximo órgano de vigilancia sobre el fideicomiso cañero, creado el 12 de octubre de 2001 que, además de su pésima operación, no ha resuelto el conflicto con los productores de caña.

Entre las irregularidades reveladas por el informe de la revisión de la cuenta pública 2003, destaca que Nacional Financiera, en su carácter de fiduciaria del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (Feesa), no ha formalizado a favor de Nafin Banco la entrega y afectación de los activos, las acciones y 23 de las 27 unidades industriales expropiadas en septiembre de 2001 (4 ya fueron devueltas en 2004), en infracción de las cláusulas del contrato de Fideicomiso del Feesa.

En consecuencia, señala la ASF, “Nafin Banco está imposibilitado para transmitir a la sociedad mercantil los derechos que correspondan para administrar y operar los activos, las acciones y las unidades industriales, y por lo tanto, el objeto social de Promotora Azucarera, S.A. de C.V. (Proasa), no se ha cumplido”.

Ante esta anomalía, el órgano de vigilancia recomienda a la Sagarpa que instruya a quien corresponda para que Nafin formalice a favor de Nafin Banco, la entrega y afectación de dichos activos.

Además, la ASF advierte que “como resultado de la revisión, se presumen hechos de los que podrían desprenderse responsabilidades administrativas de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Por lo que solicita al Órgano Interno de Control de la Sagarpa que inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las posibles responsabilidades administrativas sancionatorias que, en su caso, resulten de los actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión”.

El informe indica que “en virtud de que Proasa no ha recibido los derechos que corresponden para cumplir con su objeto social de administrar y operar los activos, las acciones y las unidades industriales que fueron expropiadas, no ha transmitido ni afectado los bienes y derechos al patrimonio del Fideicomiso Comercializador (Fico), éste último no puede cumplir con la finalidad establecida en la cláusula cuarta del contrato de su constitución, consistente en fungir como un mecanismo de carácter comercial, financiero y administrativo que facilite el eficaz funcionamiento de las unidades industriales”.

Agrega que, como en el patrimonio del Fico tampoco se han integrado los bienes perecederos (azúcar y subproductos) que establece la cláusula tercera del contrato del Fideicomiso Comercializador, es imposible que la comercialización se haya realizado en los términos de dicho contrato.

Por estas afectaciones, la Auditoría Superior de la Federación solicitó al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Agricultura que, en el ámbito de sus atribuciones, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las posibles responsabilidades administrativas sancionatorias que, en su caso, resulten de los actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión.

Así las cosas, las irregularidades en la Secretaría de Agricultura sirven de plataforma preelectoral a don Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, quien cree que tiene posibilidades para gobernar Guanajuato, pues si Fox pudo, porque él no.