Cumple 95 años la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con 199 decretos de reforma. El más reciente modifica el artículo 4, que obliga al Estado a garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. La posible reforma al artículo 24, sobre la libertad de cultos, ha levantado protestas en la mayoría de los sectores de la sociedad, que observan el regreso de los privilegios del clero católico. Legisladores afirman que la ley fundamental del Estado mexicano se encuentra en una etapa de adaptación a la sociedad del siglo XXI. En el actual sexenio, el mayor número de reformas
El 5 de febrero de 1917 se promulgó oficialmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente hasta el día de hoy a pesar de que ha sido objeto de 199 decretos de reformas. Los decretos han modificado 530 artículos: 517 reformas del artículo 1 al 136; nueve a los artículos transitorios; y cuatro a los artículos transitorios de decretos de reformas.
El primer decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 8 de julio de 1921, cuando el militar y político Álvaro Obregón gobernaba, modificó el artículo 14 transitorio (suprimía la Secretaría de Justicia); y la fracción XXVII del artículo 73 (relativo a los planteles de Instrucción Pública). El último decreto, publicado también en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de octubre de 2011, adiciona un párrafo tercero al artículo 4 (derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad) y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 (el Estado garantiza el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos).
La Encuesta nacional de cultura constitucional: legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado, elaborada por el Instituto Federal Electoral y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en 2011, indica que el 65.1 por ciento de los entrevistados (2 mil 208) conoce poco del contenido de la Constitución. Esto podría deberse a que el 58.1 por ciento de los encuestados considera que se habla muy poco de ésta.
En el terreno constitucional, en la Carta Magna perduran los ejes vertebrales de los derechos sociales a pesar de los intentos del Poder Ejecutivo de desconocer esta concesión, asegura el doctor John M Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
El espíritu constituyente, vigente a pesar de las reformas
Cuando se promulgó la Constitución, ésta fue reconocida como la primera en América en incluir los derechos sociales. En el siglo XX, se colocó como la primera a nivel mundial, gracias a que la Constitución francesa de 1848, perdió vigencia, asegura el doctor Diego Valadés, también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Considera que “decir que con las reformas se ha perdido la idea original de la Constitución no tiene fundamento. El problema de éstas no radica en su contenido sino en su redacción”. Explica que la redacción “muy detallista” ha generado que la Carta Magna contenga alrededor de 50 mil palabras. Esta excesiva extensión genera efectos negativos: “Es muy difícil de leer y entender para un ciudadano que no sea abogado; entre más detalles tiene, obliga a mayores reformas; y, por el contrario, si no se reforma se queda rezagada de la realidad”.
Para el doctor Valadés, las reformas han ampliado los derechos sociales, políticos e individuales. Sentencia que “en términos generales, en su mayoría, han sido muy favorables”. Según su percepción, lo que ha desnaturalizado el sentido de “una Constitución en general, no solamente la de 1917, es que se ha hecho muy reglamentaria”.
En este sentido, el doctor John Ackerman coincide: “Se conserva el espíritu del Congreso Constituyente. La Constitución sigue siendo algo muy valioso, es una constitución con sentido social”. Expone que los artículos 3, 27 y 123, que “fueron los tres artículos cumbres del Constituyente de 1917”, siguen vigentes a pesar de los embates del poder, lo que considera como una victoria.
Además, señala que se ha agregado toda una “nueva ola de reformas en materia de rendición de cuentas”. En este caso, México se encuentra a la vanguardia en esta materia.
Para el diputado priísta Reginaldo Rivera de la Torre, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, es necesario actualizar la Carta Magna. Llevar a cabo lo anterior “no afecta el espíritu del Constituyente”; ello porque se realizaría en cumplimiento de un principio de actualización.
Manuel Arellano, asesor parlamentario del senador perredista Rubén Velázquez, afirma que no se puede gobernar con el mismo texto original, pues como no es la misma sociedad “originaria”, la Constitución tiene que ir evolucionando a la par.
“El problema no son las reformas”
Aunque la mayoría de las reformas parecieran responder a las problemáticas actuales y no a evitar posibles escenarios en el futuro, el diputado priísta Rivera de la Torre indica que gran parte de éstas han sido históricas, como la que hizo obligatoria la educación media superior, “más con un problema como el de los ninis”. “No podemos descalificar la importancia de la aplicación de las normas constitucionales. Las reformas han servido y aún hacen falta más”.
“Como nunca antes en la historia, los últimos 15 años (1997-2012) se han caracterizado por reformas constitucionales. Es falso que la clase política no haya logrado nada, el Poder Ejecutivo ha sido un fracaso total, pero el Legislativo ha tenido un activismo en reformismo muy profundo ?asevera John Ackerman?; el problema radica a la hora de la legislación secundaria y la interpretación del Poder Ejecutivo, entonces se generan graves problemas de implementación”.
A pesar de esto, el 56.5 por ciento de los entrevistados, en la encuesta de la cultura constitucional, considera que la Constitución ya no responde a las necesidades actuales del país.
Diego Valadés refuta lo anterior al afirmar que los problemas sociales de México residen, esencialmente, en la disfuncionalidad de las instituciones. “El problema de fondo no es el de la Constitución sino de la cultura constitucional. Lo que vivimos en el país, en este momento, es algo que denomino ‘desconstitucionalización de la república:’, hay muchas normas que no están siendo aplicadas”.
El horno no está para bollos
La Encuesta nacional de cultura constitucional plantea que el 50.1 por ciento de los entrevistados preferiría cambiar sólo en parte la Constitución; el 22.5, dejarla como está; y el 18.6 por ciento hacer una nueva.
A pesar de estos datos, siete de cada 10 piensan que sí (47.2 por ciento) o en parte (24.6 por ciento) se debería de convocar a un congreso constituyente con el fin de hacer una Constitución nueva. La mayoría son jóvenes de entre 25 y 34 años, con una licenciatura terminada y que residen en el Norte del país.
“Estoy en contra de los que dicen que debe haber una nueva Constitución; hay que adecuar algunas partes”, responde, tajantemente, el diputado priísta Reginaldo Rivera de la Torre.
Para el doctor Ackerman, la “idea, conceptualmente, de hacer una nueva Constitución es muy positiva”. Reconoce que es relativamente vieja y está muy “parchada”, por lo que sería necesario hacer una revisión integral. Sin embargo, refiere que no existe una coyuntura política favorable para la misma. “Es lo peor que podría pasar, [porque] sería el pretexto perfecto para que los poderes que han sido limitados aprovechen para desarticular toda la estructura de la Constitución”.
El doctor Valadés coincide: “Hacer una nueva Constitución, en un momento como el actual donde las fuerzas conservadoras del país se muestran como adversas a los intereses colectivos, resultaría en una constitución peor a la que ya tenemos”.
Ante esta disyuntiva, Manuel Arellano expone como solución la necesidad de perfeccionar los mecanismos de participación política ciudadana, a través del establecimiento de figuras como el plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato y la consulta popular. Esto daría una mayor participación a la ciudadanía en la toma de decisiones y en el ejercicio del poder.
El artículo 24, a discusión
La reforma al artículo 24 promovida por el diputado priísta José Ricardo López Pescador, donde se establecería que “todo individuo tiene derecho a la libertad de conciencia y religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de practicar, individual o colectiva, tanto en público como en privado, las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley”, ha levantado manifestaciones en contra por parte de diversos grupos civiles de la sociedad.
El filósofo y especialista en estudios acerca de la derecha política en México, Edgar González Ruiz, considera que “propinaron un golpe demoledor al Estado laico al aprobar una modificación al artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para implantar la llamada ?libertad de religión’” (Contralínea, 267).
Ante esto el doctor Diego Valadés sugiere que la reforma “indiscutiblemente representa un avance en los derechos de las personas”, ya que incorpora la libertad de convicciones éticas. “En este momento tenemos el derecho de elegir entre un credo religioso u otro, pero no de no tener credo religioso [de forma obligatoria]”.
Sin embargo González Ruíz afirma que “hizo falta incorporar explícitamente la libertad de no tener creencias religiosas, pues de manera insidiosa la nueva versión de la ley se afana en proteger los supuestos derechos de las iglesias, y en términos reales los del clero católico, sin tutelar los de los no creyentes”
Y acusa que la reforma “no obedeció a un clamor popular, sino a los designios políticos de la jerarquía católica, en el contexto de las próximas elecciones y de la anunciada visita del papa Joseph Ratzinger a México, a principios de año.”
