El temor a Los Zetas, el cártel de origen militar que ha despertado la máxima preocupación de los gobiernos de México y Estados Unidos, ha llevado a las políticas antinarcóticos a desviaciones insospechadas.

El rumbo más importante es algo que sólo las teorías conspirativas podrían haber imaginado: la posibilidad de que elementos “duros” de las agencias antinarcóticos estadunidenses hayan elegido una estrategia para apoyar con armas al cártel de Sinaloa para terminar con Los Zetas, e impedir que controlen las rutas de paso de las drogas por todo el corredor centroamericano, incluido Panamá, Ecuador, Guatemala, México y finalmente el territorio estadunidense.

Los Zetas se han convertido en una obsesión para ambos gobiernos, sobre todo, porque nacieron de las entrañas de las instituciones militares de ambos países: sus 31 integrantes originales fueron entrenados en las filas de los grupos aeromóviles del Ejército Mexicano y por lo menos la tercera parte de ellos recibió entrenamiento en la escuelas de fuerzas especiales de Fort Benning, Georgia.

La percepción de Los Zetas como uno de los grupos criminales más agresivos hacia Estados Unidos proviene desde el amago de secuestro de un agente de la Agencia Antidrogas estadunidense (DEA, por su sigla en inglés) y otro de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por su sigla en inglés), en Matamoros, Tamaulipas, el 9 de noviembre de 1999. Los agentes federales estadunidenses transportaban a un informante en las calles de Matamoros cuando fueron interceptados por un escuadrón de Los Zetas, encabezados por Osiel Cárdenas, quien los dejó ir cuando ellos le advirtieron de las consecuencias de matar a agentes federales estadunidenses.

Estados Unidos vio con preocupación cómo Los Zetas aumentaron el clima de violencia en la frontera con su nivel de experiencia operativa y su poder de fuego. Reconocidos por su economía de balas, Los Zetas hicieron su primer acto de presencia en Estados Unidos al asesinar de un sólo tiro al excomandante de la Policía Judicial Federal Guillermo González Calderoni, el 5 de febrero de 2003 en McAllen, Texas. Asesinatos similares de miembros del cártel de Sinaloa comenzaron a ocurrir al año siguiente en Dallas.

Para 2004, las autoridades estadunidenses tenían reportes de actividad de Los Zetas en Houston y San Antonio, Texas, así como en Coalgate, Paul’s Valley, Heavener, Poteau, Stilwell, Westville, y Watts, Oklahoma, además de Mena, DeQueen y Siloam Springs, Arkansas. Algunos hechos de violencia llevaron a los investigadores a detectar presencia de Los Zetas en Nashville, Tennessee, y Atlanta, Georgia.

Los reportes estadunidenses estimaban que, entrenados para combatir y neutralizar a otros grupos de narcotraficantes, Los Zetas iban a prevalecer como la fuerza criminal más importante en la frontera con México. Además de una flotilla de vehículos Lincoln Navigator, Los Zetas contaban con helicópteros y lanzagranadas calibre 40. Las autoridades investigaban la posibilidad de que algunos de los misiles tierra-aire (SAM 7) de fabricación soviética que entraron al mercado negro nicaragüense pudieran haber llegado a manos de Los Zetas.

Aunque ningún funcionario del gobierno estadunidense admite ni menciona la existencia de una “alianza” con grupos de narcotraficantes, es un hecho que la supuesta relación entre agentes de seguridad y miembros del cártel de Sinaloa podría ir más allá de la simple corrupción.

Los primeros contactos pudieron haber ocurrido desde enero de 2004. En una declaración escrita presentada ante la Corte Federal del Distrito de Illinois el pasado 15 de marzo, el presunto narcotraficante Jesús Vicente Zambada Niebla afirmó que desde enero de 2004 actuaba en coordinación con el asistente regional de la DEA para América del Sur, el director general de la DEA en México, así como agentes de esa entidad en Monterrey, Nuevo León; en Hermosillo, Sonora, y en la ciudad de México.

Su alegato incluye la colaboración con agentes del FBI cuyos nombres supuestamente desconoce Zambada Niebla, quien está acusado de dirigir la logística del cártel de Sinaloa y es hijo del Mayo Zambada, uno de los líderes más connotados de esa organización criminal.

Investigaciones recientes del Congreso han encontrado más evidencias de esa relación entre agentes estadunidenses e integrantes del cártel de Sinaloa.

Carlos Canino, el representante interino de la Agencia contra el Tráfico de Armas, Tabaco y Alcohol (ATF, por sus sigla en inglés) en México, reconoció hace unas semanas ante el Congreso que las investigaciones oficiales sobre la operación Rápido y Furioso apuntan a que agentes de la ATF, de manera independiente, pero oficial y con conocimiento de otras cuatro agencias federales, sancionaron la entrega deliberada de 2 mil armas de alto poder al cártel de Sinaloa.

Luego de declararse indignado por la posibilidad de que esas armas hayan sido utilizadas para matar a policías o soldados estadunidenses, Canino dijo que agentes de la ATF a cargo de la operación Rápido y Furioso en Phoenix, Arizona, ocultaron sus movimientos a sus colegas emplazados en la ciudad de México con el fin de evitar que la información llegara al gobierno mexicano.

Canino dijo que el arsenal habría bastado para equipar a un regimiento de rangers, compuesto normalmente por 2 mil 500 soldados de las fuerzas especiales del ejército estadunidense dedicados a misiones de alto impacto en la lucha antiterrorista.

En un testimonio ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Canino no sólo deslizó una estimación del tamaño real del cártel de Sinaloa, unos 2 mil 500 elementos, sino además la posibilidad de que haya existido un apoyo directo a una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas del continente americano.

Canino admitió que el arsenal llevado a México bajo la operación Rápido y Furioso incluyó 34 rifles calibre 50, suficientes para armar al mismo número de francotiradores que normalmente lleva un batallón de infantería de marina estadunidense en el campo de batalla.

Las investigaciones recientes del Congreso estadunidense sobre la operación Rápido y Furioso, que empezó en 2009 como una estrategia para ubicar a los recipientes del contrabando de armas de Estados Unidos hacia México y que terminó equipando y fortaleciendo a los cárteles de la droga mexicanos, sugieren que las agencias antinarcóticos se ocultaron información entre sí. Según el diario Los Angeles Times, las investigaciones del Congreso detectaron a por lo menos seis narcotraficantes que participaron en la operación Rápido y Furioso, mientras al mismo tiempo trabajaban como informantes del FBI sin que los agentes de la ATF lo supieran.

Una posible alianza entre agentes federales que emplean métodos de investigación “duros” con narcotraficantes mexicanos podría ser explicable en el contexto de una obsesión contra Los Zetas, considerado por Estados Unidos como el único cártel que tiene la capacidad de derrotar en el campo de batalla a los grupos enemigos y convertirse en la organización criminal predominante en la frontera México-Estados Unidos.

El deseo de acabar con Los Zetas aumentó después del asesinato del agente federal Jaime Zapata, el 15 de febrero de 2011, y ahora este grupo criminal está en la lista de los objetivos prioritarios de la política antinarcóticos de Estados Unidos.

Hasta ahora, Los Zetas han sobrevivido a esta ofensiva a pesar de las bajas con asesinatos y detenciones de una parte de sus líderes. El cártel del Golfo y La Familia se han unido con el cártel de Sinaloa para combatir a Los Zetas. La Armada de México se ha sumado al combate contra este grupo y el Ejército continúa con sus operativos para desmantelarlo.

Sin embargo, el grupo está combatiendo directamente al cártel del Golfo en su propio territorio y sigue librando batallas contra el cártel de Sinaloa en México y Guatemala. Lejos de disminuir su impacto en la relación de fuerzas de la delincuencia organizada trasnacional, Los Zetas han expandido sus áreas de operación hasta Guatemala y Panamá. Algunos intentos de expansión geográfica han incluido Italia.

Es un hecho que el gobierno de Estados Unidos ha empezado a suspender las políticas desastrosas como Rápido y Furioso. Los vínculos y la posible alianza de agentes federales con el cártel de Sinaloa mostraron que el único efecto posible de esa estrategia es la multiplicación de la violencia, la radicalización de las estrategias de Los Zetas y la multiplicación del poder del cártel de Sinaloa.

El único hecho positivo en esta desviación del poder policial en Estados Unidos es que se ha abierto la oportunidad para terminar con la desintegración, falta de comunicación e inconexión entre las agencias federales y dentro de ellas mismas. Mientras unos agentes cumplen con los mandatos de la ley, otros recurren a la ilegalidad para cumplir sus objetivos. En tanto, el narcotráfico sigue su curso. El resultado tangible lo estamos viendo ya.

*Especialista en Fuerzas Armadas y seguridad nacional, egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington

Fuente: Contralínea 245 / 07 agosto 2011