En la Novena Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a cargo de la magistrada Concepción Ornelas, se decidirá si existen elementos para proceder contra 43 supuestos involucrados en los delitos de fraude genérico y asociación delictuosa, luego de que la jueza María del Carmen Mora Brito desechara, en primera instancia, la solicitud de órdenes de aprehensión contra los inculpados.

 

Se trata del recién capítulo en la lucha que por más de 10 años han librado exintegrantes del Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100 (Sutaur 100) porque les sean devueltos más de 150 millones de pesos y siete empresas, las cuales –a la fecha– prestan servicios de transporte público en la Ciudad de México.

 

De acuerdo con la factura de consignación, enviada por el agente del Ministerio Público Fernando Santillán Ostria al director de Consignaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) –y de la cual Contralínea posee copia–, 43 probables responsables supuestamente se habrían organizado para defraudar a 6 mil 977 trabajadores.

 

En el documento figuran los nombres de Gabino Camacho Barrera, Ricardo Barco, Leonel Villafuerte Zavala y Jorge Mendoza Larraguível, antiguos dirigentes y asesores del extinto Sutaur 100. También, el de Carlos Septién Michel, quien en 1996 fuera nombrado por Ixe Banco delegado fiduciario del fideicomiso y quien actualmente es director de Banco Azteca y Grupo Elektra.

 

La factura de consignación procede de la Fiscalía Central de Investigación para Delitos Financieros de la PGJDF. Las investigaciones se derivan de la averiguación previa FDF/C/520/01-07 y las acumuladas FDF/C/182/02-03 y FDF/T/135/03-02. La unidad investigadora a cargo de las pesquisas es la A-6.

 

El documento oficial, fechado el 4 de octubre de 2011, “reitera el ejercicio de la acción penal sin detenido” y remite las actuaciones al Juzgado 47, a cargo de María del Carmen Patricia Mora Brito. Cuarenta y ocho días después, el 22 de noviembre, la jueza determinó negar las órdenes de aprehensión.

 

Sin embargo, el Ministerio Público adscrito al juzgado, Francisco Javier Roa, apeló la decisión. Actualmente –con toca U/1610/11– el recurso de apelación se encuentra en la Novena Sala de lo Penal, a cargo de la magistrada Concepción Ornelas Clemente. Los agraviados buscan que la Sala entre al estudio, se revierta la resolución de la jueza y se giren las órdenes de aprehensión.

 

Una de las razones de la jueza para no entrar al estudio del caso y negar las órdenes de aprehensión fue que algunas fojas del expediente se encontraban “ilegibles”.

 

Desde el 3 de noviembre de 2011, el Grupo Periférico de Extrabajadores de Ruta 100 –organización integrada por extrabajadores, viudas e hijos de extrabajadores de la paraestatal liquidada en 1995– interpuso un recurso de queja contra la jueza Mora Brito.

 

El Grupo Periférico ya decía temer que “su actuación no esté conforme a derecho y se incline a favor de los probables responsables”, según el documento foliado con el número P47/0086/2009 de la Novena Sala Penal.

 

En el recurso de queja –del cual Contralínea posee copia– los extrabajadores se dirigen a la magistrada unitaria integrante de la Novena Sala Penal del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, Concepción Ornelas Clemente, para pedirle que la jueza Mora Brito “entre al estudio de la orden de aprehensión […] que fue exhibida por el adscrito el 7 de octubre de 2011 […]”. El Grupo Periférico agrega que “[…] a un mes no es posible que se siga retrasando nuestro derecho al acceso a la justicia pronta y expedita […]”.

 

Y es que de acuerdo con el artículo 286 bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, la jueza contaba con un plazo máximo de seis días para emitir su fallo.

 

Por ello la Dirección de Quejas, Denuncias, Responsabilidades e Inconformidades de la Contraloría del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal solicitó la intervención de la Comisión de Disciplina Judicial. En el oficio CTSJDF/DRQDI/678/2011, fechado el 8 de noviembre de 2011, y del cual Contralínea posee copia, ordena se inicie una investigación para determinar si Mora Brito violó la ley.

 

La participación de Carlos Septién Michel en las supuestas irregularidades data de 1996, cuando se crearon los fideicomisos F/100-7 y F/100-4 con recursos de los trabajadores. El ingeniero industrial y maestro en administración fue designado delegado fiduciario de Ixe Banco, institución financiera donde se crearon los fideicomisos y la cual figuraba, hasta antes de su fusión con Banorte, como tenedora del 99 por ciento de las acciones de los fideicomisos.

 

En el listado de “inculpados” aparecen también Jorge Cuéllar Valdez, Miguel Reyes Riojas y Alfonso Armenta Rojas; todos, extrabajadores y, en 1996, cercanos al grupo de Gabino Camacho Barrera y Ricardo Barco López. Destaca el caso de Jorge Cuéllar, quien se considera disidente y crítico a la dirigencia de Gabino Camacho y Ricardo Barco. Actualmente es presidente de la Comisión Liquidadora de la Ex Ruta 100.

 

En entrevista con Contralínea, Cuéllar afirma que “sí hubo fraude y despojo” contra los trabajadores; pero rechaza que él haya participado. “Desde hace mucho tiempo yo denuncié a Gabino Camacho y a Ricardo Barco; no fui cómplice; por el contrario, yo los denuncié; tengo todo documentado”.

 

Sin embargo, reconoce que cuando Camacho y Barco organizaron el fraude él era apoderado legal del sindicato. “Pero no teníamos capacidad de decisión. Todo lo mangoneaban ellos; los demás éramos títeres”. Agrega: “A mí nadie me entregó dinero o recursos; no hay nada que me inculpe, y yo mismo soy coadyuvante de la Procuraduría [General de Justicia del Distrito Federal] en las investigaciones; como los demás trabajadores, soy víctima del fraude que ellos realizaron y estoy dando la batalla porque se nos haga justicia a los 12 mil extrabajadores”.

 

Cuéllar argumenta: “Jamás algún trabajador me ha entregado ni me entregó dinero; nada; ninguna cantidad para las empresas. En los contratos vienen quiénes son los que manejan los recursos. Y yo fui el apoderado legal del sindicato, mas no de las empresas”.

 

 

El supuesto fraude inició en la segunda mitad de la década de 1990. Casi 7 mil trabajadores se habían mantenido por más de un año en resistencia luego del decreto de quiebra de la paraestatal Ruta 100, publicado el 8 de abril de 1995 por la regencia del Distrito Federal, entonces encabezada por Óscar Espinosa Villarreal.

 

A 13 meses del cierre de la empresa, 7 mil 13 trabajadores –de un total de 12 mil 18 sindicalizados hasta antes del decreto– se mantenían movilizados. Su dirigencia había negociado con el gobierno concesiones de transporte público a cambio de que aceptaran la liquidación.

 

Finalmente, en mayo de 1996, 6 mil 977 trabajadores fueron liquidados. Se les indicó que cada uno de ellos debería de aportar, al menos, el 30 por ciento de su liquidación para constituir las empresas con que trabajarían las concesiones de transporte, negociadas con el Departamento del Distrito Federal. Hubo quienes aportaron el ciento por ciento de su liquidación. En promedio, cada chofer, administrativo, afanador y mecánico aportó 21 mil pesos corrientes de mayo de 1996, cuando el dólar estaba en 7.3 pesos. De acuerdo con el documento Relación de socios actuales del fideicomiso F/100-7, de la Administradora de Fondos Populares –de la cual Contralínea posee copia–, hubo trabajadores que aportaron más de 100 mil pesos.

 

 

Los obreros entonces lograron reunir 147 millones 564 mil 71 pesos. Pero el fideicomiso se constituyó con 320 millones 498 mil 623 pesos. La diferencia, por 172 millones 934 mil 552 pesos, fue aportada por Leonel Villafuerte Zavala, entonces secretario general del Sutaur 100, Gerardo Vázquez Mendoza y Miguel Reyes Riojas. Hasta la fecha, se desconoce el origen de ese dinero. En el Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión F/100-7 –del cual Contralínea posee copia–, estas personas figuran como “fideicomitentes iniciales”; pero no aparecen en el listado de trabajadores de Ruta 100.

 

El poseedor del 99 por ciento de las acciones del fidecomiso fue Ixe Banco, que entonces nombró como delegado fiduciario a Septién Michel, quien ahora es director de Banco Azteca y Grupo Elektra.

 

Con el dinero reunido se constituyeron ocho empresas: Servicios Analíticos de Transporte (rebautizada después como Corporativo de Transporte); Servicios Metropolitanos de Transporte 17 de Marzo; Autotransportes Urbanos de Siglo Nuevo; Sistema de Transporte en Taxis; Grupo Metropolitano de Transporte; Talleres Industriales en Diesel y Transportes Urbanos Nuevo Milenio. Todas son sociedades anónimas de capital variable.

 

A los trabajadores se les indicó que eran dueños de esas empresas; pero nunca recibieron las utilidades correspondientes como “socios”. Cuando comenzaron a organizarse para pedir cuentas, fueron despedidos.

 

Y al reclamar, ante Ixe Banco, el dinero que depositaron, la institución les respondió –a través de Pablo Cáceres Senn, apoderado legal de la fiduciaria, en abril de 2007– que les quedaban 4 pesos, “cantidad que pertenece a todos y cada uno de los fideicomitentes-fideicomisarios y que sólo podrá ser entregada […] Con instrucción expresa del Comité Técnico del Fideicomiso, incluyendo los términos de su distribución”.

 

Del desfalco al fideicomiso inicial le daría cuenta al Grupo Periférico de Extrabajadores de Ruta 100 –que promovió las investigaciones– un expediente de conciliación radicado en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. El documento, foliado como DGOC/DC/BCO/3544/2006, explica que Ixe Banco había trasladado los más de 147 millones depositados por los trabajadores en el fideicomiso F/100 a una cuenta del Banco Mercantil del Norte – Banorte, la 114-04777-5, a nombre del fideicomiso F-1534.

 

Ixe Banco realizó el traslado en acatamiento a una instrucción de una de las empresas administradoras en las que el Consejo de Administración delegó decisiones: Servicios Analíticos de Previsión Social, cuyos propietarios son los hermanos Jorge y Arturo Mendoza Larraguível.

 

Supuestamente el dinero se trasladaría a la nueva cuenta, pues los recursos serían “dispersados en forma individual” entre los fideicomitentes-fideicomisarios. Los trabajadores no vieron un sólo peso. En realidad habían quedado fuera de toda decisión sobre su dinero y sin un mecanismo que les permitiera exigir rendición de cuentas.

 

 

El Comité Técnico, que supuestamente debía de velar porque no se hiciera mal uso del dinero se integró por Antonio Hernández García, Graciana Galicia Rodríguez, Miriam Pomposo Peralta, Eduardo Martínez Ramos, Ernesto Lugo Garfias, Arturo Barrera Nava, Alfredo Morales Saucedo y Alfonso Armenta Rojas. Fueron nombrados directamente por Ricardo Barco. Todos los nombres figuran también en el pliego de consignación.

 

En las próximas semanas la Novena Sala de lo Penal, a cargo de la magistrada Concepción Ornelas Clemente, determinará si se giran las órdenes de aprehensión.

 

Contralínea solicitó entrevista con Carlos Septién Michel, a través de Magdalena Fuello, encargada de la relación con prensa de TV Azteca. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.