Los analistas que estudian la delincuencia organizada se preguntan si los narcotraficantes han dejado de ser sólo criminales y ya son además terroristas o insurgentes. Hay quienes opinan que los narcotraficantes modernos son todo eso al mismo tiempo.

 

Una diferencia entre esos grupos era que los criminales no buscaban control territorial a la manera de los grupos insurgentes armados. Estos últimos, debido a la necesidad de construir bases sociales de apoyo y logística, solían buscar el control de territorios donde pudieran imponer la ley insurgente, cobrar impuestos revolucionarios y reclutar combatientes. Algunos grupos insurgentes se planteaban como meta la construcción de un ejército popular que fuera avanzando de una guerra de movimientos a otra de posiciones que fuera controlando porciones de territorio nacional cada vez más grandes.

 

Ahora los narcotraficantes están imponiendo sus propias leyes hacendarias y cobran impuestos mediante la extorsión, controlan municipios y regiones enteras a través de la corrupción o las amenazas a alcaldes, gobernadores y cuerpos de seguridad, y construyen sus bases de apoyo a través del dinero, las drogas y los privilegios. Los retenes criminales en las carreteras y calles de las ciudades afectadas por el narcotráfico son expresión de ese control territorial. Cuando llegan los cuerpos federales de seguridad, los narcotraficantes entablan batallas para conservar el territorio pero luego inician una guerra de movimientos para evitar el aniquilamiento, controlar otros territorios y expandir la mancha de su presencia y poder.

 

Los criminales también se distinguían de los insurgentes porque carecían de programas políticos revolucionarios y de una estrategia para la toma del poder. La meta de los insurgentes es cambiar el sistema político a través de un alzamiento general o una guerra popular prolongada. Los insurgentes cuentan con su propia ideología y justifican su violencia con un programa revolucionario que ofrece otra condición de vida para el pueblo.

 

Los narcotraficantes modernos están muy lejos de ofrecer eso, pero ahora financian campañas políticas y controlan candidatos y funcionarios a través de la amenaza y la corrupción. Carecen de programa político, pero influyen en la política para obtener ventajas y facilidades para sus negocios criminales. Preocupados por las estrategias contra la delincuencia organizada, los narcotraficantes han penetrado las esferas de gobierno. Cuando pueden, corrompen; cuando no, asesinan. Alejados de cualquier justificación ideológica, los narcotraficantes sólo saben influir en la política a través de la corrupción o la violencia: de la “plata” o el “plomo”.

 

Ahora, la preocupación de los grupos de seguridad es que los narcotraficantes escojan la vía del terrorismo para responder a la ofensiva militar que los gobiernos, entre ellos el mexicano, han elegido para combatirlos. Los terroristas eligen sus métodos de extrema violencia dirigidos a figuras simbólicas como jueces, policías y militares, para sembrar el miedo extremo y paralizar a sus enemigos. La violencia era simbólica y no estaba dirigida a un blanco individual, sino a toda una clase de personas, grupos o sociedades enteras. Las capacidades de los grupos terroristas se miden por el número de bajas en cada acto terrorista individual.

 

La violencia de los narcotraficantes frecuentemente lleva una carga simbólica destinada a producir terror. Con ella intentan provocar desmoralización en las filas del Ejército, la Armada o la Policía Federal. Con ella amagan y minan la voluntad de gobernantes, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. Para la delincuencia organizada, la violencia ha dejado de ser meramente un recurso táctico y defensivo, para convertirse en uno de alcance ofensivo y estratégico.

 

Lo que estamos viendo en el narcotráfico contemporáneo son conexiones múltiples de estas tres formas de violencia: la criminal, la terrorista y la insurgente. Los narcotraficantes mexicanos se han vuelto un híbrido de criminalidad, insurgencia y terrorismo y su violencia está comenzando a cobrar alcances estratégicos. Su área de control territorial se ha expandido más allá de la República Mexicana y ha alcanzado a municipios y regiones de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Ecuador y Perú.

 

Las implicaciones de esta transformación en la naturaleza del narcotráfico pueden enrarecer aún más la situación de inseguridad que existe en México. Los Zetas ya son desde hace tiempo una amenaza grave para Estados Unidos. El Consejo Nacional de Seguridad de ese país ha abierto un grupo especializado en el diseño de estrategias de combate contra esa organización y el gobierno de Barack Obama se apresta a emplear una combinación de fuerza militar, policial y de inteligencia para desmantelar a este grupo, impedir que crezca en territorio estadunidense y cancelar una evolución hacia el terrorismo.

 

Los Zetas, dice uno de los análisis, están en vías de irse apoderando de franjas territoriales dentro de Estados Unidos y podrían acercarse a grupos terroristas para aprender tácticas de combate irregular, entre ellas el uso de artefactos explosivos improvisados dentro de vehículos, a la manera de los grupos que combaten a las tropas estadounidenses en Irak y Afganistán.

 

La paradoja es que la estrategia militarizada para combatir al narcotráfico, propia de una guerra contrainsurgente y contraterrorista no ha reducido los niveles de violencia ni las cantidades de droga que los grupos criminales son capaces de transportar y comercializar. La violencia ahora ha alcanzado a la misma sociedad: ciudadanos que sufren el reclutamiento forzado de los grupos criminales; inmigrantes que se encuentran de pronto con los retenes del narcotráfico; estudiantes que mueren en el fuego cruzado al salir de sus escuelas; madres de familia que salen del supermercado y se ven en medio de una batalla.

 

El carácter trágico de esa paradoja es que la violencia se ha convertido ahora en un círculo vicioso difícil de romper. El gobierno mexicano se niega ahora a abandonar su estrategia militarizada a pesar de que su fracaso es evidente. El campo de la delincuencia organizada, compuesto ya por más de 30 cárteles, está escalando sus niveles y capacidades de violencia porque tiene que enfrentar al mismo tiempo a las organizaciones rivales y a las fuerzas federales y estatales.

 

¿Habrá llegado el momento en que sea necesario suspender unilateralmente la violencia? Si las organizaciones delictivas han incursionado en tácticas terroristas y han adoptado características de grupos insurgentes, ¿sería posible pensar en negociaciones de paz? ¿Se lograría reducir los niveles de violencia si el Ejército y la Armada se retiran de las calles y los servicios de inteligencia, de investigación anticorrupción, junto con brigadas de salud y educación, toman el liderazgo en la lucha contra el narcotráfico?¿Cuánto tiempo se llevaría un cambio de estrategia?

 

El país comenzaría a cambiar su futuro si al menos empezamos a hacernos estas preguntas.

 

*Especialista en Fuerzas Armadas y seguridad nacional, egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington