El nivel de endeudamiento que enfrenta el país ha llevado al gobierno federal a la paradoja de tener que gastar más en el pago de intereses de la deuda que en el área de la inversión productiva para reactivar la economía y generar empleos permanentes y bien remunerados.

Se estima que durante el presente año deberán desembolsarse unos 568 mil millones de pesos para hacer frente a los servicios de los empréstitos; en tanto el recorte por 300 mil millones de pesos afectará sustancialmente a renglones prioritarios como educación, salud y campo, así como a incontables programas sociales. Al finalizar 2017, la deuda pública rebasará con creces los 9 billones de pesos, representando más del 51 por ciento del producto interno bruto (PIB). La estabilidad de México, hay que decirlo, está en riesgo.

Y lo realmente preocupante es que, a sabiendas de que se está comprometiendo el futuro de las próximas generaciones y el desarrollo integral de la nación, la clase política persiste en vivir en el eternizado error de mantener una política económica que ha tolerado la corrupción, subsidiando los privilegios de la alta burocracia a través del multimillonario gasto corriente y convirtiendo a deuda pública los errores de los banqueros, pésimos servidores públicos y empresarios, como ha sucedido con los emblemáticos casos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el rescate carretero y más recientemente la asunción de pasivos de Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos por más de 2 billones de pesos.

En esta debacle financiera que parece no tener fin, ha estado presente en las últimas 3 décadas la irresponsable participación del Congreso, que ha autorizado la contratación de innumerables empréstitos a los titulares del Ejecutivo en turno sin exigir ni solicitar amplias explicaciones sobre el destino y objetivos de los millonarios recursos.

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la contratación de deuda está regulada por la fracción VIII del Artículo 73, donde se estable con puntualidad que el Congreso tiene la facultad “para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo puede celebrar empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional en los ingresos públicos”.

En la Carta Magna se establece claramente: “ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el presidente de la República en los términos del Artículo 29”.

¿Y cuáles son las excepciones contenidas en el 29? Las citamos: “en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”.

¿Acaso alguna de estas eventualidades se ha presentado a lo largo de los últimos 6 sexenios? Entonces, ¿por qué los diputados y senadores han permitido que el país esté con el agua hasta el cuello por el pago de los inmanejables intereses de la estratosférica deuda? Pero además, se crucen de brazos permitiendo que siga creciendo a un ritmo de casi 1 billón de pesos por año.

Si nos remitimos a la historiografía del pasado siglo, podemos afirmar que todavía en las décadas de 1950 y 1960, los empréstitos contratos por los gobiernos de Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos se ajustaron a los lineamientos constitucionales para ser utilizados en proyectos del desarrollo nacional, como la construcción de presas, infraestructura carretera, fortalecimiento del agro y de las empresas públicas, como Ferrocarriles Nacionales, Pemex y CFE; es decir, en el impulso integral de la economía.

Por ejemplo, el gobierno de Adolfo López Mateos dejó una deuda de 1 mil 700 millones de dólares, de los cuales, 200 fueron empleados para pagar a las empresas extranjeras –como la American and Foreign Power y American Light and Power– por concepto de la nacionalización de la industria eléctrica de 1960. No hay que olvidar que, en esos años, la economía del país crecía a un ritmo sostenido del 6 por ciento anual del PIB. Hoy, con una deuda de 9 billones de pesos, el PIB apenas y llega al 2 por ciento.

¿Qué pasó entonces? ¿Dónde y por qué inició el parteaguas del incontenible endeudamiento?

Si bien desde el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz en que se abandonaron los apoyos y subsidios al campo y a la industria nacional, la deuda tuvo su primer salto significativo al llegar al final de su gobierno a los 7 mil millones de dólares, el asunto se tornó más grave con su sucesor, Luis Echeverría Álvarez: en 1974 el endeudamiento alcanzaba los 14 mil millones de dólares, lo que derivó al término de su administración, en 1976, en que la paridad que el peso mantuviera con el dólar por 22 años, de 12.50 por uno, cayera a los 22 pesos por dólar.

Durante su primer año de gestión, José López Portillo debió aumentar los empréstitos a los 29 mil millones de dólares para finalizar su sexenio sumido en la corrupción, con una economía en quiebra y derrumbada por el sueño de la abundancia petrolera, que llevó al país a un endeudamiento de 82 mil millones de pesos.

Pero el asunto de la deuda pública apenas y empezaba a tornarse peligroso. Con el arribo al poder del Miguel de la Madrid Hurtado, en 1982, la tecnocracia asumió el control del país siguiendo dócilmente las disposiciones financieras del Fondo Monetario Internacional (FMI). El entonces presidente pactó con el organismo el pago anual de 10 mil millones de dólares por concepto de intereses, poniendo por aval para ser cubiertos nada menos que los ingresos petroleros. Desde ese momento el costo de los compromisos con la banca internacional recayó en los salarios de los burócratas y la clase trabajadora en su conjunto, iniciándose el deterioro paulatino en su nivel de vida y que hoy ha llegado a la cifra de 55.3 millones de pobres.

Además de haber iniciado la venta de garaje de 294 empresas públicas a precios irrisorios en detrimento de las finanzas públicas, acatando los dictados del FMI, el endeudamiento lejos de decrecer superó los 100 mil millones de dólares en el sexenio de De la Madrid. Tan sólo por pago de intereses a los bancos internacionales nuestro país sacó de las arcas públicas otros 60 mil millones de dólares.

Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en el que se consolidó la teoría neoliberal como modelo económico, de poco sirvieron medidas tales como la continuación de la venta de empresas del Estado –como Teléfonos de México–, la puesta en marcha del Plan Brady para reestructurar la deuda y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. El nivel de endeudamiento creció hasta llegar a los 140 mil millones de dólares.

En la administración de Ernesto Zedillo, el gobierno acudió en auxilio de los banqueros mediante el Fobaproa y de otros empresarios con el rescate carretero, convirtiendo estos inaceptables apoyos en deuda pública que aún seguimos pagando los mexicanos. El nivel de endeudamiento alcanzó los 173 mil millones de dólares, cifra que se disparó en el sexenio del panista Vicente Fox a los 2 billones 128 mil millones de pesos.

El gobierno de Felipe Calderón, que terminó en un completo desastre nacional, elevó la deuda pública a los 5.5 billones de pesos. Y ahora en este 2017 la cifra apunta a superar los 9 billones donde, claro está, hay que incluir los pasivos de CFE y Pemex, de 2 billones de pesos.

En este proceso de acumulación de deuda es evidente que los empréstitos no han sido contraídos para mejorar la economía del país ni el nivel de vida de millones de mexicanos, tal y como lo marca la Constitución. Y peor todavía, en un sentido superlativo de los excesos ahora se busca trasladar el pago de la deuda a los ahorros de los trabajadores y los jubilados del país. Situación que no debemos permitir y sí, por el contrario, pedir cuentas a quienes han consentido y aprobado desde el Congreso tales niveles de endeudamiento que únicamente han servido para amasar fortunas personales de exgobernadores, beneficiar a la banca internacional y pagar privilegios de una irresponsable clase política.

Martín Esparza Flores*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

[OPINIÓN]

Contralínea 540 / del 22 al 28 de Mayo 2017