A tres días que fueran encontrados los cuerpos sin vida de las periodistas Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, el relator para la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas manifestó su consternación por el asesinato de las comunicadoras. Apenas en junio pasado, el representante del organismo internacional había dado cuenta de la actual situación de la prensa en México, documentando las agresiones a Contralínea
El Relator Especial de Naciones Unidas para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, expresó su “más profunda consternación” por el asesinato de las periodistas Ana María Marcela Yarce Viveros, fundadora de la revista Contralínea, y Rocío González Trápaga, reportera independiente, perpetrado entre el 31 de agosto y 1 de septiembre pasados.
En un comunicado emitido el 4 de septiembre –tres días después de que fueron encontrados los cadáveres de las periodistas–, el relator recomiendó al Estado mexicano tomar las medidas necesarias para garantizar que la investigación de los hechos se realice de forma “independiente y ágil”.
La Rue, quien en agosto de 2010 encabezó una visita oficial a México conjuntamente con la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Carolina Botero, recuerda que durante esa visita conoció del acoso que ha padecido la revista Contralínea por sus investigaciones periodísticas.
En el documento, el relator señala que parte de dicho acoso ha sido el hostigamiento judicial que el semanario ha enfrentado a través de múltiples demandas judiciales “arbitrarias”, interpuestas por contratistas del gobierno federal con el propósito de frenar las investigaciones sobre actos de corrupción o actuaciones indebidas.
Aunado a los procesos judiciales, el director de la revista, Miguel Badillo, fue detenido en enero de 2009 por elementos de la Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal.
Contralínea también ha padecido el veto publicitario del gobierno de Felipe Calderón que, según documenta el organismo de las Naciones Unidas, utiliza la publicidad oficial como mecanismo para premiar o castigar a medios de comunicación en función de sus líneas informativas.
En abril de 2010, una caravana de organizaciones civiles que se dirigía a San Juan Copala, Oaxaca, fue emboscada y algunos de sus integrantes lesionados o asesinados. Entre los heridos se encontraba David Cilia, quien junto con Érika Ramírez –ambos reporteros de la revista–, se mantuvo “desaparecido” durante dos días.
Todos estos hechos, que fueron presentados ante la Asamblea General de Naciones Unidas en junio pasado, son retomados por La Rue en su comunicado.
El relator también reitera que en los casos de violencia contra periodistas y comunicadores una de las causas que genera más violencia es la impunidad.
David Peña Rodríguez, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, ve en el mensaje del relator una llamada de atención para que no se olvide que una de las líneas de investigación que se tiene que seguir es el probable vínculo entre los asesinatos de las periodistas y las agresiones a Contralínea, medio al cual Marcela Yarce Viveros pertenecía desde su fundación, hace casi una década.
Para el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, el crimen contra las periodistas “se suma a la escalada de agresiones que ha sufrido la revista”.
El defensor de derechos humanos no descarta que el asesinato de las periodistas se relaciones con la línea editorial del semanario y “su mirada muy particular sobre la realidad nacional y su compromiso con la sociedad”.
Investigación eficaz, la exigencia
A la petición de La Rue de que se realice una investigación eficaz en torno al asesinato de las periodistas Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, se suman exigencias similares de organizaciones de defensa de derechos humanos y de la libertad de expresión, recogidas por este semanario.
La organización Artículo 19, en voz de su director en México, Darío Ramírez, llama a la pronta y expedita averiguación de los móviles del asesinato, pero también a redoblar esfuerzos de solidaridad “para que la prensa pueda seguir haciendo su trabajo en este clima tan adverso que vivimos en México”.
Balbina Flores, de Reporteros Sin Fronteras, recalca la responsabilidad que deben tener las autoridades en los ataques relacionados con periodistas de agotar todas las líneas de investigación posibles. Descartar o priorizar sólo una línea de investigación apresuradamente podría sentar una base para la impunidad, advierte.
A nombre de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos , Agnieszka Raczynska manifiesta la preocupación de las organizaciones civiles de que este caso se investigue “hasta sus últimas consecuencias y los perpetradores sean llevados ante la justicia”.
La secretaria ejecutiva de la Red destaca que en el caso de estas dos periodistas se evidencia, además, una cuestión de género, lo que le da un cariz de mayor vulnerabilidad.
Abel Barrera califica el crimen como “lamentable”, pues no sólo ha cegado dos vidas sino que evidencia la falta de garantías de que haya una investigación profunda y se combata de fondo la impunidad y la inacción del gobierno federal de atender los reclamos legítimos del gremio periodístico.
El director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha Malo, se suma a las exigencias de que se esclarezca este crimen y espera que no se trate de una alerta para Contralínea.
Al respecto, el quinto Visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Fernando Batista, asegura que desde la Comisión también se exige justicia y se verificará que la haya.
La Cámara de Diputados, en su sesión del pasado 6 de septiembre, emitió un pronunciamiento de condena por los asesinatos de las periodistas. Tanto el presidente de la Mesa Directiva, Emilio Chuayffet Chemor, como los legisladores Gerardo Fernández Noroña y Agustín Guerrero Castillo, recalcaron la importancia de que se combata la violencia en el país, particularmente la que se ejerce para mermar la libertad de expresión.
Cronología de agresiones a Contralínea. -Ver como imagen-
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Fecha
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Hechos
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5 de agosto de 2007
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Representantes del Grupo Zeta Gas irrumpen en las instalaciones de Contralínea; amenazan con desaparecer la revista y exigen que se les revelen los nombres de fuentes de información
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6 de agosto de 2007
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Inician acciones judiciales. Jesús Zaragoza López, director de Zeta Gas, presenta la primera de tres demandas por supuesto daño moral ante el Juzgado 44 Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
La demanda es en contra de Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez. El caso se resolvió en diciembre de 2008 con una resolución condenatoria.
Entre las irregularidades del caso destaca que el juez se excedió al dictar su resolución e impuso obligaciones de imposible cumplimiento; además, el juzgador de primera instancia pretendió respaldar su decisión con consideraciones no jurídicas, sino de apreciación personal y de valor en contra de los periodistas y del medio
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7 de noviembre de 2007
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Oceanografía, SA de CV, interpone un juicio civil por “daño moral” ante el Juzgado 40 de lo Civil, en contra de la revista Contralínea y de los periodistas Miguel Badillo, Nancy Flores, Ana Lilia Pérez, y Jorge Meléndez.
Durante las audiencias se cuestionó la calidad de los periodistas, así como de las pruebas ofrecidas por ellos. Se desecharon pruebas de la misma naturaleza y calidad que las ofrecidas por la parte demandante, sin que a ésta se le hayan desechado
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13 de agosto de 2008
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Los abogados Graham Alberto Zubía Félix, Francisco Cuellar Ontiveros, Diego Romero Velasco, el actuario Juan Manuel Aguilar Maya y el perito auxiliar Sergio Guillermo Gonzáles Pulido, de la empresa gasera Zeta Gas, allanan las instalaciones de Contralínea acompañados por guardaespaldas armados y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
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12 de septiembre de 2008
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Contralínea interpone una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por acoso judicial y amenazas de muerte
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16 de enero de 2009
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Elementos de la Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal arrestan a Miguel Badillo, director de Contralínea
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11 de febrero de 2009
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Representantes del Grupo Zeta Gas allanan las instalaciones de Contralínea; exigen ingresar a los escritorios y archivos de los trabajadores y periodistas
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22 de abril de 2009
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Blue Marine Technology Group demanda a Contralínea y a los periodistas Miguel Badillo, Nancy Flores y Ana Lilia Pérez y al cartonista David Manrique por “daño moral”
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14 de septiembre de 2009
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La Comisión Nacional de Derechos Humanos emite la Recomendación 57/2009
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10 de abril de 2010
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Desconocidos allanan y saquean las instalaciones de Contralínea
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27 de abril de 2010
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La Caravana de la Paz que se dirigía a San Juan Copala es emboscada. Entre sus integrantes estaban los reporteros Érika Ramírez y David Cilia, quienes estuvieron en calidad de “desaparecidos” dos días.
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29 de abril de 2010
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Los reporteros Érika Ramírez y David Cilia son rescatados. Este último presentaba tres heridas de bala.
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3 de enero de 2011
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La jueza 54, Yassmín Alonso Tolamatl, condena a Miguel Badillo, director de Contralínea; a las reporteras Nancy Flores y Ana Lilia Pérez; y al caricaturista David Manrique, por el “uso abusivo de su libertad de expresión” y porque, según su consideración, la información relacionada con el uso de recursos del gobierno federal vía contrataciones no es de “interés público”.
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Abril de 2011
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Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal revocaron la sentencia por daño moral dictada por la jueza 54, Yassmín Alonso Tolamatl.
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Agosto de 2011
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El senador Juan Bueno Torio interpone una demanda por “daño moral” contra Ana Lilia Pérez, por la información contenida en su libro Camisas azules, manos negras
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Entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre de 2011
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Son asesinadas las periodistas Marcela Yarce Viveros, fundadora de Contralínea, y Rocío González Trápaga
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