Dos políticas públicas del llamado humanismo mexicano han sido fundamentales para que 17.3 millones de personas salieran de la pobreza por ingresos, entre 2018 y 2026, de acuerdo con el Banco Mundial: el aumento constante del salario mínimo y los programas sociales. Ello, sumado a la recuperación de sectores estratégicos y el impulso a las obras públicas. Al respecto, investigadores apuntan que la recuperación salarial y la redistribución de los recursos fortalecen el bienestar de las familias y el mercado interno; además, llaman a ampliar el acceso efectivo a la salud, vivienda, trabajo, educación y seguridad social
La pobreza por ingresos en México se redujo en 17.3 millones de personas entre 2018 y 2026, al pasar de 43.9 a 26.6 millones, estimó el Banco Mundial en su informe Macro Poverty Outlook de octubre pasado. De ese total, 15.9 millones lograron superar esa condición en el sexenio pasado, y 1.4 millones en lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Esta reducción histórica se suma a las estimaciones nacionales hechas por el ya extinto Coneval y el Inegi, que apuntan a que la pobreza multidimensional se redujo en 13.4 millones de personas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y 1.7 millones superaron la pobreza extrema, considerada la más difícil de erradicar.
Para el economista y doctor en filosofía de la ciencia Josafat Hernández Cervantes, la reducción de la pobreza responde a la combinación de dos políticas que atienden a distintos sectores de la población: los incrementos salariales y los programas sociales. En entrevista, el profesor-investigador de la División de Estudios Multidisciplinarios del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) explica que el aumento de los ingresos laborales beneficia directamente a quienes trabajan y, de manera indirecta, a sus familias.
Las transferencias sociales, en cambio, alcanzan a sectores que no perciben un salario, como los adultos mayores y los estudiantes. La combinación de estos ingresos, sostiene, permite atender la pobreza de una forma “compleja, integral y multinivel”.
Por su parte, el doctor en ciencias políticas José Luque observa que los avances en la reducción de la pobreza multidimensional son muy significativos. Entre 2022 y 2024, indica, el número de personas en esa condición disminuyó en 8.3 millones, lo que representó una caída de 6.7 puntos porcentuales. Por ello, califica este logro del país como “un éxito notable”.
En entrevista con Contralínea, el investigador y académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) señala que la reducción de la pobreza también plantea el reto de ampliar el acceso efectivo a la salud, la vivienda, el trabajo, la educación y la seguridad social. Como referencia, cita el informe de pobreza multidimensional del Inegi donde se identifica que 62.7 millones de personas carecían de seguridad social en 2024. Desde su perspectiva, ampliar el ingreso es importante, pero también se requieren condiciones que permitan sostener los avances ante un choque económico o un fenómeno climático.
El doctor Luque advierte que las brechas territoriales siguen siendo otro desafío. A su juicio, la pobreza mantiene una mayor presencia en el sur del país y entre la población indígena y rural, por lo que considera necesario ampliar las condiciones de acceso a los derechos sociales en las regiones con mayores carencias.

Estimaciones del Banco Mundial
En su reciente informe sobre pobreza por ingresos, el Banco Mundial tomó como referencia a las personas que viven con menos de 8.3 dólares diarios, ajustados por paridad de poder adquisitivo, y bajo ese criterio la proporción de habitantes en pobreza descendió de 35.3 a 20 por ciento. Al respecto, la subsecretaria de Ciencia, Violeta Vázquez-Rojas Maldonado, explicó que este informe compara a 149 países y procede de un organismo externo al gobierno federal, además de que es el primero que calcula la pobreza en los dos años de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En la conferencia presidencial del pasado 16 de noviembre, la funcionaria detalló trayectoria incluyó un repunte a 36.5 por ciento en 2020, por la pandemia, y una baja sostenida desde 2022, cuando la proporción era de 27.4 por ciento, hasta llegar a 21.4 en 2024, a 21.1 en 2025 y a los 20 por ciento previstos para este año. De mantenerse la tendencia, el Banco Mundial proyectó que en 2028 la cifra bajaría a 18.7 por ciento, es decir, 16.6 puntos porcentuales menos que en 2018.
En términos de población, la subsecretaría indicó que la reducción equivale a todos los habitantes del Estado de México, la entidad más poblada del país. Estos resultados se complementan con la medición que realizó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que retomó el asesor y coordinador de Asuntos Agroalimentarios Internacionales, Julio Berdegué Sacristán, quien recordó –en la misma conferencia– que el informe Panorama Social de 2025 documentó que México explicó el 60 por ciento de la reducción de la pobreza en la región durante 2024 y el 49 por ciento de la de pobreza extrema, con Brasil como segundo mayor aporte en ambos casos.

Los dos motores detrás de la caída
Las causas identificadas como los dos principales motores detrás de la caída de la pobreza en México son el aumento de los ingresos laborales reales y a la ampliación de los programas sociales, según el informe del Banco Mundial. Ambas políticas se reforzaron durante los gobiernos de la llamada cuarta transformación.
Asimismo, la subsecretaria Vázquez-Rojas sostuvo que la reducción de la pobreza no obedeció a la casualidad ni a una tendencia internacional, y que un estudio de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) de 2025 asevera que la mitad de la baja registrada en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se debió al aumento del salario mínimo.
Con ese dato, la subsecretaria calculó que, de mantenerse el efecto, 8.65 millones de los 17.3 millones de personas habrían salido de la pobreza por la política salarial. Por su parte, el propio Banco Mundial consignó que la pobreza multidimensional oficial pasó de 43.2 a 29.6 por ciento entre 2016 y 2024, un descenso que vinculó con los mayores salarios mínimos, las transferencias y las pensiones no contributivas.


Pensiones y becas: primer frente de la política social
El primer componente de esa combinación, los programas sociales, llegó este año a 42.8 millones de personas, con una inversión superior a un billón de pesos, informó la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya el 2 de octubre de 2026.
Su presencia en las familias quedó asentada además en la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI, según la cual 41.4 por ciento de los hogares, es decir, cuatro de cada diez, reportó contar con al menos un integrante que recibe ingresos de programas federales o estatales.
Entre las transferencias de mayor alcance, los registros de la dependencia ubicaron en más de 13.5 millones a los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, en más de 5.6 millones a los de la Beca Rita Cetina y en cerca de 3.9 millones a los de la Beca Benito Juárez, todos con recursos que se entregan de manera directa, sin intermediarios, mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.
Esa política no se mide en el corto plazo, afirmó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, en la conferencia matutina del jueves 19 de noviembre, pues sus beneficios sobre la pobreza y la marginación no se ven en un día ni en dos años, sino a lo largo de un periodo en el que, a su juicio, organismos como la Cepal y el Banco Mundial han reconocido que la ruta es la correcta.
La funcionaria agregó que los programas dirigidos a adultos mayores y a otros grupos vulnerables son derechos establecidos en la Constitución, y que antes no existía un esquema completo de pensiones, sobre todo para las mujeres mayores que dedican su vida al cuidado de hijos y nietos.
El economista Josafat Hernández observa que el impacto es más visible entre los adultos mayores, por tratarse de un sector que antes casi no recibía ingresos y que con las pensiones accedió a una “vida digna”, con más capacidad de consumo y autonomía. Para ellos, el apoyo significa “un cambio de vida radical”, pues alivia “la sensación de sentirse una carga para las familias” y de depender de ellas, lo que también da tranquilidad a los hogares.
Además de apoyar a quienes ya no trabajan, los programas sociales llegan a estudiantes desde la primaria hasta el bachillerato. El doctor Hernández Cervantes explica que las becas ayudan a las familias a cubrir los gastos relacionados con la educación y permiten a los jóvenes acceder a libros, materiales y otros recursos para su formación.
Agrega que estos apoyos también pueden ampliar las posibilidades de los estudiantes fuera del aula, incluido el acceso a actividades recreativas. En su opinión, atender esas necesidades es parte del bienestar, pues la juventud requiere recursos para desarrollarse y no únicamente para cubrir sus gastos básicos.
El salario mínimo: de la contención a la recuperación
Del lado del ingreso por trabajo, el punto de partida fue una larga contención. De acuerdo con el índice del salario mínimo real que elaboran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Conasami, con base en datos de diciembre de 2018, el valor de esa remuneración apenas pasó de 88.47 a 96.51 pesos entre 2006 y 2017, un aumento de alrededor de 9 por ciento en 11 años.
Mientras que de 2018 a 2026, en cambio, avanzó de 101.56 a 257.53 pesos, una recuperación cercana a 154 por ciento en términos reales. En ese trayecto, para 2026 la Conasami fijó un incremento de 13 por ciento al salario mínimo general, que según su resolución beneficia a unos 8.5 millones de personas trabajadoras.
A la política salarial se sumó, enfatizó Berdegué el lunes 16 de noviembre, la prohibición de la subcontratación laboral conocida como outsourcing, un conjunto de medidas laborales cuya contribución al bienestar de las familias, a su juicio, a veces no se percibe.
Ese aumento acumulado entre 2018 y 2026, apunta en entrevista el académico del CIDE, se traduce en una mayor capacidad de consumo para la clase trabajadora y alivia la pobreza laboral, además de que, en sus palabras, “le da más dignidad en general a la clase trabajadora”.
El propio Banco Mundial registró que esa mejora ocurrió en un contexto de crecimiento moderado, con un avance del producto interno bruto de 0.5 por ciento en 2025 y de 1.1 por ciento en el primer semestre de 2026, y con una inflación general que se moderó a 3.1 por ciento anual en julio.
Ése es el rasgo que más llama la atención del caso mexicano, argumentó el investigador, porque rompe con la idea de que la pobreza solo cede con un crecimiento acelerado y, por lo general, devastador para el medio ambiente: se trata de un “falso dilema” que el gobierno evitó con un crecimiento moderado y “con rectoría del Estado”, y que además permitió redistribuir el ingreso.
A su juicio, la experiencia muestra que es posible mejorar las condiciones de vida de la población sin supeditar el bienestar a un crecimiento económico acelerado. Su argumento se apoya en la evolución de los ingresos laborales y las transferencias sociales, aunque la relación entre estos factores debe distinguirse de los resultados generales de la economía.

Menos desigualdad y un contraste con el pasado
El 16 de noviembre, la subsecretaria Vázquez-Rojas indicó que, según los cálculos del Banco Mundial, el índice de Gini, que mide la desigualdad, bajó 3.4 puntos entre 2018 y 2024, y que la ENIGH muestra que el 10 por ciento de la población con mayores ingresos ganaba 34 veces más que el 10 por ciento con menores ingresos en 2008, proporción que en 2024 fue de 16 veces.
El organismo reportó además que la esperanza de vida al nacer subió de 74.3 años en 2017 a 75.3 años en 2024, otro indicador de bienestar que acompañó la reducción de la pobreza.
Para el doctor Hernández Cervantes, esa recuperación con una crítica a la idea de que el crecimiento económico termina beneficiando a toda la población por efecto de goteo. Para explicarlo, recurrió a la metáfora de un pastel que crece, pero cuyas rebanadas permanecen concentradas en unos cuantos. “A los pobres les tocan migajas”.
Desde esa perspectiva, el aumento de los ingresos de los sectores con menores recursos no solo mejora sus condiciones de vida, sino que también fortalece el mercado interno, porque una mayor capacidad de consumo se traduce en una demanda más amplia de bienes y servicios.
El economista y doctor en filosofía de la ciencia apunta que esa redistribución modificó el sentido del llamado derrame económico. En lugar de esperar que los beneficios del crecimiento lleguen a los sectores con menores ingresos, las políticas aplicadas desde el gobierno de López Obrador y continuadas por Sheinbaum Pardo buscan fortalecer su capacidad de consumo y, con ella, el mercado interno. El investigador comparó esta lógica con regar las raíces para que el árbol crezca.
“En vez de ir de arriba hacia abajo, más bien se va de abajo hacia arriba, porque se está distribuyendo, se le da a la población capacidad de consumo, se le da a la población capacidad de poder vivir de forma más autónoma y esto va a tener un efecto de fortalecimiento de los mercados internos, de la demanda agregada […] y se trata más bien como una especie de sembrar, desde abajo, de ir regando, las plantas. Uno lo que hace es regar las raíces y una vez que se van estableciendo raíces fuertes, pues los árboles van creciendo. En ese sentido, para mí los programas sociales es precisamente ir a la raíz y la raíz tiene que ver con el bienestar de la gente”.
La comparación con el periodo previo fue uno de los ejes de la presentación del 16 de noviembre, donde la funcionaria Vázquez-Rojas destacó que, entre 2000 y 2014, la proporción de personas en pobreza pasó de 55.1 a 46.6 por ciento, en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y los primeros años de Enrique Peña Nieto, mientras que de 2018 a 2024 la baja fue de alrededor de 14 puntos porcentuales. Ello demuestra que los gobiernos neoliberales no lograron reducir la pobreza de manera determinante ni sostenida.
Esa aceleración implicó reducir la pobreza casi al doble de lo que bajó en los primeros 14 años del siglo, resaltó Berdegué, un quiebre que se explica por haber puesto “el pie en el acelerador” de la reducción de la pobreza.
Para el investigador Luque Brazán, las desigualdades también tienen una dimensión histórica relacionada con la colonialidad del poder, un concepto que permite analizar cómo las jerarquías sociales, raciales y de género condicionan el acceso a los recursos y a los derechos. Al respecto, explica que la pobreza persiste con mayor intensidad entre la población indígena y rural, especialmente entre las mujeres indígenas que viven en el sur del país, por lo que la atención a estos sectores debe continuar de manera prioritaria y reforzada.
Para el académico de la UACM, reducir la pobreza monetaria es un avance importante, pero el desafío consiste en que esa mejora se traduzca en una ciudadanía social más amplia, con acceso efectivo a la salud, la educación, la vivienda, el trabajo y la seguridad social.

Cómo sostener el avance
El Banco Mundial condicionó los avances adicionales a una menor inflación, un mayor aumento de la productividad laboral y la expansión de los programas sociales, y alertó que la informalidad se mantiene por encima de 50 por ciento del empleo y que las brechas regionales son amplias, con tasas de pobreza que van de 9.9 por ciento en Baja California a 66 por ciento en Chiapas.
En el plano fiscal, el organismo observó que el espacio se redujo por el mayor gasto en pensiones, el pago de intereses de la deuda y el apoyo a Petróleos Mexicanos (Pemex), aunque describió un entorno estable, con una deuda pública neta de 50.8 por ciento del producto interno bruto, de la cual cerca de 80 por ciento está en moneda nacional. Entre los riesgos, mencionó un menor crecimiento de Estados Unidos y la incertidumbre en torno al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El horizonte oficial es que la pobreza extrema baje a 3 por ciento al concluir el mandato de la presidenta Sheinbaum, una meta incluida en sus 100 compromisos, expresó Berdegué. Ello haría de México “otro país”.
Para el economista Josafat Hernández, consolidar ese camino exige varios blindajes. El primero es jurídico, porque los programas sociales son un derecho constitucional que la población beneficiaria no perdería; el segundo es económico y pasa por mantener la inflación controlada y seguir con aumentos salariales para que el salario recupere cada vez más poder adquisitivo.
El investigador del CIDE agrega que los incrementos salariales deben acompañarse de una inflación controlada para que las mejoras en los ingresos se reflejen en el poder de compra. De lo contrario, una parte de lo ganado puede perderse cuando suben los precios de los bienes y servicios que las familias necesitan.
El tercer blindaje es la disponibilidad de recursos. Hernández Cervantes plantea que un sistema tributario y una inteligencia financiera más eficientes darían al Estado mayor capacidad para financiar los programas sociales, sin descartar que más adelante deba discutirse una reforma fiscal.
A esos blindajes añade reformas estructurales de “segunda generación”, como fortalecer la banca de desarrollo para financiar “no el consumo, sino la producción”, impulsar la economía social y solidaria y a las pequeñas y medianas empresas, y diseñar una política industrial que incluya a empresas estatales sin descuidar a las privadas.
Asimismo, la recuperación salarial y los programas sociales representan una ruptura con el modelo en el que las transferencias eran focalizadas y dependían de intermediarios. En su interpretación, su carácter directo y su reconocimiento como derechos constitucionales forman parte de una nueva relación entre Estado, mercado y sociedad, en la que “se está construyendo un nuevo paradigma económico”.



















