Una de las banderas electorales de Peña Nieto, y ya como uno de sus propósitos político-administrativos, es combatir la corrupción de la elite gobernante, que el foxismo y el calderonismo llevaron a sus últimas consecuencias. Y busca crear una comisión anticorrupción que sustituya a la ineficaz Secretaría de la Función Pública, adorno burocrático de los panistas que, según Fox, iba a pescar peces gordos y ni siquiera un charal logró. Con Calderón, a quien en lugar de Las golondrinas le entonan aquella letra de “Estás que te vas, y te vas, y te vas… Y no te has ido”, la corrupción se entronizó a grado tal que si Peña no le prometió impunidad, será el primer expresidente en ser llevado ante el Congreso de la Unión para que en juicio político se le deslinden responsabilidades junto con García Luna, y uno que otro de los que fueron directores de la Lotería Nacional y Pronósticos Deportivos, donde organizaban autopremios para sus funcionarios. Los panistas salieron con las uñas largas e insaciables, y con su gobierno proempresarial y la violencia sangrienta han llevado al partido más antiguo, Acción Nacional (PAN, que se fundó en 1939; mientras el Partido Revolucionario Institucional, PRI, como tal en 1946) a su total desintegración y al borde de su final (como le está pasando también al Partido de la Revolución Democrática, PRD, y su chuchismo).

 

Los funcionarios y empleados –mal llamados “servidores públicos”– se enriquecen en los cargos de la administración pública central, descentralizada, paraestatal y de órganos autónomos (como en el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sueldos, bonos y prestaciones millonarias). Abusan del poder y, en una red de complicidades, se conceden favores para hacer del dinero del pueblo un botín. Las cúpulas sindicales (petrolera, de educación, etcétera) saquean las cuotas de los trabajadores y además reciben aportaciones extras, que van a parar a sus cuentas en paraísos fiscales, en bancos de Francia, Suiza y, como los narcotraficantes, en bancos ingleses, canadienses y estadunidenses. HSBC admite multimillonarios depósitos para lavarlos con todo el descaro del mundo.

 

Las elites del PAN, PRD, PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza no viven para la política, sino exclusivamente para sus transas politiqueras. Los mexicanos que sobreviven con sus ingresos, los pobres que, con las víctimas de la miseria (¡50 millones creados del salinismo al calderonismo!) apenas medio calman su hambre y están secuestrados por el mito del Seguro Popular para la salud. Saben que sobre todo la corrupción política en la administración pública es el origen del empobrecimiento masivo que padece la nación.

 

El peñismo, al que autoritariamente ronda el fantasma del diazordacismo y cuya aparición prendió el movimiento Yo Soy 132, difamado y perversamente atacado por los que insisten en cancelar la protesta social, ha logrado escalar hasta la Presidencia electa con una larga, larguísima estela de corrupción nacida en el Estado de México y su núcleo Atlacomulco. Este peñismo priísta y salinista (el retorno de los brujos, con la cabeza rapada y la sonrisa congelada de Salinas de Gortari, quien burlonamente dijo necesitar una cirugía para que se la borren), sabe bien lo que es la corrupción. Y no ha investigado –o lo sabe y calla– que uno de sus integrantes: Jesús Alfonso Navarrete Prida, es beneficiario de todas las agencias de la Lotería Nacional (ahora bajo la dirección del expriísta, panista-panalista, Benjamín González Roaro) en Sonora. ¿Cómo obtuvo esa concesión para ser el amo y señor en Sonora? Ha servido a Peña desde hace más de seis años y ahora mismo está enfilado para ser titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

 

Desde el sexenio del desgobernador José Eduardo Robinson-Bours Castelo y los tres años que lleva el desgobernador Guillermo Padrés Elías, le otorgaron a Navarrete Prida la explotación de las casi 100 agencias de la Lotería Nacional. De ellas obtiene ganancias ilícitas, ya que la ley respectiva prohíbe que funcionarios y empleados federales y de las entidades, tengan dichas agencias para su beneficio. Navarrete Prida tiene además una notaría. Y no sabemos cuántos negocios más, amparado a la sombra del peñismo.

 

¿Ya lo tiene enlistado Murillo Káram, a quien proyectan para la Procuraduría General de la República? ¿Será investigado por la comisión contra la corrupción, igual que Humberto Moreira, Fidel Herrera y su sucesor-cómplice Duarte, Ulises Ruiz, Juan Sabines, etcétera? ¿Qué hubiera pensado Jorge Carpizo, quien fue empujando a Navarrete Prida hasta escalar ahora una secretaría de Estado? En Sonora saben y comentan que Navarrete se apoderó de todas las agencias de la Lotería. Y que gozará de esos millonarios beneficios durante otros seis años para completar 15 años de enriquecimiento ilícito.

 

El presidente electo, si quiere llegar a presidente constitucional sin más colas que le pisen, debe investigar a sus 47 transitorios ya con encargos de la agenda política. Sin transparencia a toda prueba, el peñismo que mal empieza, cuestionado por su calificación electoral en el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, arrastrará más problemas sociales y políticos que le provocarán más deslegitimación. Esto mella toda gobernabilidad. Y viciaría de corrupción la propuesta de su comisión contra la corrupción. La alternativa es: con la Constitución Política de México o contra ella. Con la corrupción o contra ella.

 

*Periodista

 

 

Fuente: Contralínea 310 / Noviembre de 2012