Pero la forma en que está diseñada la Cruzada Nacional contra el Hambre, los personajes elegidos para instrumentarla, y su dependencia de con objetivos de la política económica monetarista, las contrarreformas estructurales y el modelo neoliberal, desde la cuna condenan al fracaso las metas que se pretenden alcanzar con la “estrategia de inclusión y bienestar social”: “cero hambre” para los miserables; “eliminar la desnutrición infantil aguda; aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas; minimizar las pérdidas postcosecha y de alimentos”. De hecho, la estrategia nació muerta, y eso lo saben perfectamente las babysitters (niñeras) que mecen la cuna y cargan el moisés con el que pasean su cadáver: Rosario Robles, Emilio Zebadúa, Javier Guerrero y demás mercachifles de la Secretaría de Desarrollo Social y sin hambre, hambrientos de poder.

 

Enrique Peña Nieto sólo actúa como otro vendedor de ilusiones. Su Cruzada es una tragicómica copia del asistencialismo del encantador de serpientes Carlos Salinas de Gortari.

 

Como se sabe, el encantador no hipnotiza o amansa al ofidio con la música. Sólo lo manipula. Al mover lentamente la flauta, la cobra sigue atentamente el movimiento oscilatorio con la cabeza. No porque sea seducida por la melodía, sino porque, preventivamente, así observa mejor un objeto que potencialmente le representa un peligro. Con la garra tenebrosamente piadosa, Carlos Salinas repartía las limosnas pronasoleras a los marginados, y con la neoliberal se las arrebataba (alza de los precios públicos y privados, impuestos al consumo, el retiro de subsidios), y los castigaba con las políticas desinflacionarias, las privatizaciones y los ajustes estructurales neoliberales fondomonetaristas que exigían la austeridad fiscal, las privatizaciones, la represión salarial, del crecimiento, el empleo y el gasto social, que arrojaban a los trabajadores al desempleo, el subempleo, la informalidad, la delincuencia y el exilio migratorio, deterioraba la calidad de los servicios básicos (educación, salud, etcétera) y destruía la infraestructura que regulaba el mercado de alimentos y lo entregaba a los monopolios. Carlos Salinas no inventó esa práctica perversa. Sólo aplicó las medidas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, que recomiendan la caridad a la chusma en tanto es sometida a las terapias económicas de choque, las eléctricas y del garrote para controlarla, manipularla, asegurar la imposición del modelo neoliberal y contrarrestar el malestar y el riesgo del estallido político.

 

Carlos Salinas arraigó el modelo neoliberal concentrador de la riqueza, socialmente excluyente y generador de pobres y miserables. Con las limosnas quiso ganarse la legitimidad que no obtuvo en las urnas. Pero fracasó. En 1994, los recelosos ojos indígenas que lo observaban desde Chiapas, y cuyas manos dignas rechazaron sus miserables monedas, le destruyeron su teatral tragedia y sus ambiciones reeleccionistas, y lo arrojaron al basurero de la historia como un abyecto mentiroso. Enrique Peña Nieto se empeña en seguir ese camino y convertirse en su grotesca farsa. Esos mismos ojos (que Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Juan J Sabines, el mercenario perredista, quisieron acabar con la guerra sucia y sus paramilitares) vuelven a asomarse y, junto con otros descontentos actualmente en reflujo, le deparan el mismo futuro a Peña Nieto. Es cuestión de tiempo.

 

De Miguel de la Madrid a Felipe Calderón se emplearon esas políticas, y gracias a ellas 60 millones de personas –de casi 116 millones– reciben ingresos inferiores a la línea de bienestar; al menos 40 millones son reconocidos como pobres y 12 millones como miserables; 28 millones padecen diversos grados de hambre (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval). Pero el investigador Julio Boltvinik estima que la miseria afecta al 32 por ciento de la población (37 millones de la población en 2012) y la pobreza al 50.8 por ciento (58 millones de personas): en total, al 83 por ciento (95 millones). En la Encuesta nacional de salud y nutrición 2012 se señala que 11.7 millones de hogares (49 millones de personas), el 39.9 por ciento del total (29 millones de hogares o 115 millones de pesonas) recibe algún tipo de apoyo social o alimentario. Pese a ello, el 70 por ciento (20.4 millones de hogares u 80 millones de personas) registra problemas de alimentación. En el 41.6 por ciento es leve (12.2 millones y 47.9 millones), en el 17.7 por ciento es moderada (5.2 millones y 20.4 millones); en el 10 por ciento es grave (3.1 millones y 12 millones). Ese segmento de la población es víctima de la inseguridad alimentaria-nutricional. En diversos grados sufre malnutrición, subnutrición, desnutrición aguda o crónica, hambre.

 

Sin duda, la lucha en contra de la miseria y la pobreza requiere de programas especiales para atenderlas como lo han hecho los neoliberales priístas-panistas. Así lo hará Enrique Peña. Pero su Cruzada Nacional es una mala copia del Pronasol (Programa Nacional de Solidaridad, implantado por Carlos Salinas de Gortari en 1988) y una parodia del Projeto Fome Zero brasileño.

 

De Carlos Salinas a Felipe Calderón el gasto social acumulado fue del orden de 1.3 billones de dólares corrientes y el asistencial de 218 mil millones. Pasaron de 8 por ciento del producto interno bruto (PIB) a 10.6 por ciento, y de 0.2 por ciento a 2 por ciento. Sin embargo, entre 1992 y 2010 el número de pobres que no pueden comprar la canasta básica alimentaria aumentó en 2.6 millones; los que además no pueden realizar los gastos necesarios en salud y educación, en 4.3 millones; los que no disponen el ingreso suficiente para el vestido, la vivienda y el transporte, en 11.6 millones. Entre 2006 y 2010, cada uno se elevó en 6.5 millones, 8 millones y 12 millones, respectivamente. La Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) estimó que en 2011 el 36.3 por ciento de los mexicanos eran pobres y el 13.3 por ciento, indigentes. La media latinoamericana fue de 29.4 por ciento y 11.5 por ciento. En nueve países cayeron ambos conceptos. México sólo es superado por naciones modestas como El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua o la República Dominicana.

 

Se estima que en el gobierno brasileño de Lula da Silva (2003-2010) se destinaron más de 100 mil millones de dólares a planes sociales (como el Bolsa Escola, Fome Zero o Beneficio de Protección Continua). En México fue de 112 mil millones, o 157 mil millones hasta 2012. Pero en Brasil, según la economista Lena Lavinas, la indigencia cayó del 15.6 por ciento de la población al 5.4 por ciento, entre 2001 y 2010. Se redujo en 16.8 millones de personas: de 26.8 millones a 10 millones. Los pobres pasaron del 33 al 10.1 por ciento en 2010. De 58 millones a 19 millones. El total de pobres e indigentes bajó de 57.2 millones a menos de 30 millones, al 15 por ciento de la población. Más de 30 millones de personas abandonaron la pobreza y la miseria (“Brasil, de la reducción de la pobreza al compromiso de erradicar la miseria”, revista CIDOB d’afers internacionals, número 97-98, abril de 2012). La Cepal calcula que la pobreza brasileña se abatió de 37.5 a 24.7 por ciento entre 2002 y 2009, y la indigencia de 13.2 a 7 por ciento. En Argentina, con el fallecido Néstor Kirchner y con Cristina Fernández (2002-2011) pasaron de 45.4 a 8.6 por ciento y de 20.9 a 2.8 por ciento. Diez millones de argentinos dejaron la indigencia.

 

La Coneval ha criticado la ineficiencia y el derroche del gasto asistencialista, la duplicidad de funciones o el mal diseño de los programas, entre otros factores, como las causas de su fracaso. La corrupción también se sumó a que las limosnas se convirtieran en migajas. Pero aunque todo hubiera funcionado bien, el balance hubiera sido similar por una razón. Como dice Lavinas: “los programas focalizados de transferencia de ingreso son los que tienen menor incidencia en la reducción de la pobreza, la indigencia y la desigualdad. [Su] fuerte reducción en Brasil [fue] consecuencia del crecimiento económico, del aumento del empleo formal, la recuperación del valor real del salario mínimo en tasas superiores a la inflación, el crédito a las personas físicas y [la] ampliación del mercado interno a partir del consumo de las clases de menor poder adquisitivo”. Lo mismo ocurre en Argentina.

 

En Brasil el gasto social pasó de 22.4 a 27.1 por ciento del PIB entre 2003 y 2010. Por persona, el gasto anual pasó de 955 dólares reales en 2005 a 1 mil 266, un 46 por ciento más. Su crecimiento real anual fue de 3.9 por ciento. Combinó la ortodoxia económica (austeridad fiscal, altos réditos, sobrevaluación cambiaria), un crecimiento que no presionara la inflación, como dicen los monetaristas, con la heterodoxia social y el activismo estatal. Se crearon 11.2 millones de empleos formales con más calidad y prestaciones sociales, lo que redujo la tasa de informalidad (hacia el 40 por ciento) y el desempleo de 12.4 a 6.7 por ciento en 2010. Entre enero de 2003 y enero de 2012, el salario mínimo real –con Lula da Silva su aumento anual incorpora la inflación del año anterior y la tasa de crecimiento de 2 años antes– aumentó 91.3 por ciento. En enero de 2010 alcanzó su nivel más alto en 40 años, similar al de marzo de 1968. Su máximo histórico fue en 1961. En 2013 se fijó en 678 reales mensuales, unos 339 dólares o 4 mil 311 pesos. Dilma Rousseff acaba de reducir 20 por ciento la tarifa de la luz a la industria y 16.3 por ciento a los hogares.

 

En Argentina el gasto social pasó de 19.7 a 27.8 por ciento, y por persona, de 775 dólares reales a 1 mil 601, 117 por ciento más. Su crecimiento anual en 2003-2011 fue de 7.8 por ciento, gracias a que pateó a la basura la ortodoxia neoliberal, lo que permitió crear 4.1 millones de empleos formales y reducir la tasa de desempleo de 19.3 a 7.3 por ciento. El salario mínimo vital móvil nominal –busca asegurar al trabajador ocupado, desocupado e informal la satisfacción de sus necesidades básicas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y cobertura previsional– que fue aumentado 26 veces, se elevó de 260 pesos argentinos a 2 mil 875 mensuales, entre el 1 de julio de 2003 y el 1 de febrero de 2013, 1 mil 50 por ciento nominales (en alrededor de 320 por ciento si se descuenta la inflación). Este año equivale a unos 577 dólares o 7 mil 340 pesos mexicanos. El medio real anual aumentó 105 por ciento. En 2013 es de 6 mil 638 pesos argentinos mensuales, 1 mil 633 dólares, 16 mil pesos mexicanos. La brecha de ingresos entre el 10 por ciento de la población más rica y el 10 por ciento más pobre se redujo entre el tercer trimestre de 2003 y el segundo de 2010 un 60 por ciento, de 54 veces a 22. Su modelo económico de crecimiento y empleo se complementa con una política de transferencias ambiciosa (la asignación universal por hijo y la estatización y la mejoría de las pensiones), el fuerte aumento de los salarios reales y del gasto público que amplió la demanda doméstica, la base del crecimiento.

 

En México, el gasto social pasó de 9.2 a 11.3 por ciento, y por persona de 706 dólares a 943, es decir 31 por ciento más. Su crecimiento medio anual fue de 2.4 por ciento. Si bien se crearon 7.2 millones de empleos, de éstos, casi la mitad fueron sin contrato, prestaciones sociales ni servicios de salud; 1.1 millones, el 15 por ciento, fueron temporales, y 2.5 millones, el 32 por ciento, fueron en la informalidad; 2.3 millones dejaron de buscar empleo y 500 mil emigran anualmente a Estados Unidos. De los 48 millones de ocupados al cierre de 2012, 29 millones, el 60 por ciento, son informales. Existen 2.5 millones de desocupados y 6.3 millones dejaron de buscar trabajo. El salario mínimo real acumulado cayó 3.5 por ciento y los contractuales sólo mejoraron 0.4 por ciento. En 2013, el mínimo mensual es de 1 mil 894 pesos, 149 dólares.

 

Brasil optó por la heterodoxia (crecimiento con empleo sin presionar la inflación) y el neodesarrollismo (intervención pública, alza de los salarios reales y gasto social). Argentina, por el abandono del fundamentalismo neoliberal, con la intervención pública, el crecimiento interno, el empleo, el aumento de los salarios reales y el gasto social. Enrique Peña Nieto se inclinó por la ortodoxia: subordinar el crecimiento y el empleo a la inflación, la contención salarial, la pasividad estatal, el asistencialismo y la dependencia externa. Tendrá que pagar los costos sociopolíticos.

 

*Economista