México continúa con una tendencia a la baja en materia de rendición de cuentas en seguridad pública. En 2011 obtuvo una calificación de tres puntos –la más baja en 14 años–, de acuerdo con datos de la organización Transparencia Internacional asentados en su informe Índice de corrupción 2011.

 

La calificación va de cero (más corrupto) a 10 (menos corrupto). El gobierno de Calderón recibió al país con una calificación de 3.3 en 2006; el siguiente año alcanzó el 3.5. En 2008 el resultado fue de 3.6 y a partir de ahí descendió. En 2009 regresó a 3.3, y en 2010 se obtuvo un 3.1.

 

En los últimos 15 años, la mejor calificación la obtuvo el gobierno de Vicente Fox en 2001, cuando alcanzó un 3.7; la peor fue para la administración de Ernesto Zedillo, con un 2.6 en 1997. Es decir que en 3 sexenios no se han alcanzado siquiera cuatro puntos de calificación.

 

“Han sido insuficientes los esfuerzos para informar con transparencia a la sociedad los avances de los resultados estratégicos en materia de seguridad pública, con relación al dimensionamiento de los costos sociales y económicos de dicha estrategia”, explica la Auditoría Superior de la Federación.

 

Además, el máximo órgano de fiscalización del país señala que tampoco se han rendido cuentas claras en la realización de estudios rigurosos que presenten los resultados de la evaluación de los “daños colaterales” de la estrategia de seguridad nacional, aplicada por el gobierno federal, en sus dimensiones económicas y sociales.

 

El panista Ernesto Alfonso Robledo Leal, secretario de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, expone que la corrupción al interior de las instituciones de seguridad pública en los tres niveles de gobierno se debe, entre otras, cosas a la falta de capacitación policial.

 

“Una policía municipal fuerte, bien capacitada, bien pagada, podría significar una respuesta más eficaz. Por ejemplo, tenemos a la policía venezolana o la de algunos condados de Estados Unidos donde existen unidades y elementos bien preparados para ejercer sus funciones correctamente.”

 

 

El diputado señala que la policía mexicana es la peor de todas. “Se capacita en 3 meses. Imagínate si en 3 meses podríamos aprender a tocar lo básico de una guitarra o lo básico del oficio de carpintero. A una persona que no sabe nada, en 3 meses la vuelven policía. Eso refleja mucho la poca preparación y capacidad que tienen los elementos”.

 

El legislador comenta que, a diferencia de los soldados de tropa –los cuales reciben un sueldo relativamente similar al de los policías municipales–, los cuerpos policiacos no son entrenados con temas referentes al patriotismo, nacionalismo y amor a la patria.

 

Señala que los mandos policiacos tampoco escapan al crimen organizado: son presa fácil de los narcotraficantes y no hay quién los defienda. “No los protege el gobierno municipal ni el estatal; cuando se entera el [gobierno] federal ya es demasiado tarde. Muchas veces la policía coopera con la delincuencia porque no tiene garantías del gobierno para el cuidado de ellos o de su familia. Por ello se tiene la percepción de que el policía mexicano vive de la extorsión, no de su sueldo”.

 

En el documento México: Los 30 principales problemas de la policía y 15 medidas para superarlos, Ernesto López Portillo, presidente del Insyde, menciona algunos puntos referentes a la baja rendición de cuentas de las instituciones de seguridad pública, con fundamento en los estándares internacionales de policía democrática.

 

Señala que éstas mantienen esquemas extremadamente débiles de rendición de cuentas ante los congresos, el sistema de justicia criminal y las comisiones de derechos humanos.

 

Tampoco presentan esquemas que aseguren la transparencia en el manejo de sus presupuestos y no apoyan el escrutinio sobre sí mismas proveniente de instituciones o personas especializadas de la sociedad civil y la academia.

 

Otros de los problemas que señala el documento son el nulo desarrollo de mecanismos efectivos de diálogo y cooperación entre la policía y las comunidades a las que debe servir y la falta de sistemas confiables y públicos de información respecto a la eficiencia en el uso de sus recursos “que incluyan, por ejemplo, indicadores de desempeño que permitan comparar resultados entre sectores, cuadrantes y aéreas de patrullaje”.

 

 

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