En América Latina se concentran los países con los más altos niveles de desigualdad en el mundo. México destaca con una “situación crítica”, detalla el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

 

Incluso en países como Uruguay, Costa Rica, Venezuela, Argentina, El Salvador y Perú la distribución de los ingresos es más equitativa que en México.

 

La OCDE señala que este país ocupa el segundo lugar dentro del grupo de países miembros con las desigualdades más grandes, después de Chile. El 10 por ciento más pobre de la población en México percibe alrededor de 1.3 por ciento del ingreso total disponible, mientras que el 10 por ciento más rico recibe el 36 por ciento, lo cual representa una brecha cuatro veces mayor a la existente a mediados de la década de 1980.

 

Mientras que el segmento más pobre apenas tiene un ingreso per cápita de 362 pesos mensuales, el de los segmentos más ricos es de 11 mil 600 pesos, lo que da un ingreso familiar de 1 mil 800 pesos en el primer caso, contra 50 mil pesos mensuales en el segundo.

 

Al respecto, Magdalena Núñez, diputada federal del Partido del Trabajo, sostiene que mientras no cambie el modelo económico se seguirá profundizando la desigualdad. “Hay 15 mexicanos en la lista de los hombres más ricos del mundo. No hay esquemas de distribución de la riqueza”.

 

Contrario a ello, señala la legisladora, se continúa con el desmantelamiento del campo, las privatizaciones, el despojo de grandes extensiones de tierra, el impulso y la aprobación de reformas que no benefician a los más necesitados como las reformas laboral o fiscal, que favorecen a unos cuantos.

 

 

La clase media del país tiene un ingreso más cercano al de los trabajadores de la base que al de los de la cima. Las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que 44 por ciento de los trabajadores percibe ingresos por debajo de los salarios mínimos mensuales, mientras que sólo 4 millones de trabajadores, que representan el 26 por ciento de los empleos formales en el país, reciben más de cinco salarios mínimos.

 

De acuerdo con el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, AC, casi 60 por ciento de los mexicanos que viven en pobreza extrema se encuentra en localidades rurales.

 

Las condiciones de desigualdad en el país se intensifican aún más en las comunidades indígenas. Las entidades con más presencia indígena tienen los más altos porcentajes de pobreza extrema: más de tres cuartas partes de los indígenas mexicanos viven en 300 de los municipios considerados de alta y muy alta marginación.

 

“Si no hay reactivación económica, si no hay desarrollo económico, si no hay un pleno estado de derecho y si no hay democracia ningún programa va a funcionar; va unido, porque tiene que ver con las oportunidades para la gente, con la no utilización electoral de su necesidad y el respeto a la dignidad de la persona”, sentencia Uriel Flores.

 

 

Tras el anuncio de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el legislador expresa su preocupación de que sea una campaña electorera en el marco de los comicios estatales que se avecinan. “Estamos muy escépticos. Le planteamos a Rosario Robles nuestras dudas sobre el seguimiento, la transparencia en este programa y en todos los que están echando a andar, por cierto con mucha lentitud, y apenas publicaron reglas de operación; no hay nada todavía, prácticamente no hay nada. Ahorita sólo tenemos programas de saliva. Vamos a ver, tenemos que iniciar con el beneficio de la duda”.

 

—¿En qué trabaja la Comisión?

 

—Nos hemos reunido con la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, con el Coneval [Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social], con subsecretarios, con el Inegi, la Cámara tiene incluso una comisión de estudios muy interesante, presupuesto, leyes. Ya en la aplicación de las políticas y los programas es de supervisión, seguimiento, fiscalización, transparencia y además está muy pendiente de cualquier tipo de denuncia de queja de ciudadanos que estén siendo víctimas de atropellos o manipulación por parte de los funcionarios federales.

 

 

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