Los padres de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos en Iguala, viven una pesadilla que ha durado ya 1 año. Campesinos pobres todos, habían enviado a sus hijos a estudiar en la única institución a la que podrían haber ingresado. Los jóvenes se formaban como maestros rurales bajo los ejes temáticos que hacen de los egresados de estas normales profesores integrales: académico-pedagógico; agropecuario; cultural; deportivo, y político.
La noche del 26 de septiembre de 2014 los muchachos fueron atacados y desaparecidos por sicarios del narcotráfico coordinados con las policías municipales de Iguala y Cocula. La responsabilidad alcanza, al menos por omisión, al 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano y a la Policía Federal destacada en la región.
Pero en su incansable búsqueda por traer a sus hijos de regreso con vida, los padres han tenido que lidiar no sólo con las delincuencias que se los arrebataron. También con quienes deberían traer de regreso a sus hijos y castigar a los culpables: las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Y es que toda la investigación llevada a cabo por el gobierno federal parece estar encaminada no a encontrar a los muchachos y castigar a los culpables, sino a encubrirlos.
Desde que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó su versión de los hechos (a la que llamó “verdad histórica”), organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y la sociedad en general cuestionaron, por inverosímil, tal relato. Primero fue el Grupo de Científicos Comprometidos con la Sociedad el que descalificó, con argumentos basados en la ciencia, que los alumnos habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
Luego el Equipo Argentino de Antropología Forense rechazó esta versión de la PGR y se deslindó del hallazgo de restos humanos que han resultado ser de dos normalistas. Los prestigiados peritos argentinos dejaron en claro que ellos no estuvieron presentes cuando los mexicanos “encontraron” tales restos.
Sólo el poder, en su soliloquio, pretendía hacer valer su versión.
Y hace unas semanas el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha echado abajo, otra vez y, al parecer, de manera definitiva, la versión presentada por la PGR. Los estertores de la “verdad histórica” se traducen en exabruptos de algunos columnistas al servicio del poder que no pueden ya apuntalar la versión de la Procuraduría pero se dedican a denostar el trabajo de los científicos.
Si algo ha quedado claro es que, en todo este tiempo, las autoridades mexicanas no han buscado resolver el caso sino encubrir a quienes lo cometieron. Es momento de que el Ejército Mexicano rinda cuentas, abra sus cuarteles y responda a las fundadas interrogantes sobre su participación en los hechos. Y es momento de que las autoridades informen dónde obtuvieron los restos de los dos normalistas identificados, toda vez que ya no pueden decir que los alumnos fueron incinerados en el basurero de Cocula.
[BLOQUE: OPINIÓN] [SECCIÓN: AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]
Contralínea 455 / del 21 al 27 de Septiembre 2015
