Los restos humanos de al menos cinco personas descubiertos en fosas clandestinas en Carrizalillo, Guerrero, a inicios de noviembre, vuelven a retratar una realidad que el gobierno ha estado negando, sobre todo para aparentar que México está transitando hacia un clima de paz.
El objetivo de esa reiterada negativa no sólo se reduce a promover el turismo en el ámbito internacional, sino a desestimar la dura crítica de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, que han exigido –por separado– justicia para las miles de víctimas de la estrategia de seguridad que sigue nuestro país.
Por más que se niegue, en México padecemos una aguda crisis humanitaria desatada desde que el panista Felipe Calderón Hinojosa declaró la supuesta guerra contra el narcotráfico, con un número indeterminado de civiles ejecutados que bien podría superar los 200 mil, aunque oficialmente sólo se reconozcan unos 150 mil asesinados.
Sin embargo, muchos cuerpos han sido enterrados en yermos parajes y encontrados después en lo que ya se conoce como narcofosas o fosas clandestinas, gracias a la propia sociedad civil organizada o a la sobrevivencia de alguna víctima (como en el caso de San Fernando, Tamaulipas, donde fueron ejecutados 72 migrantes centroamericanos, en abril de 2011).
La existencia de este cementerio clandestino que se extiende por todo el país sólo se puede explicar por dos factores: la impunidad que gozan quienes ejercen violencia extrema contra la población y los migrantes y la complicidad entre los gobiernos y el crimen organizado.
Esos factores se han observado como un patrón en los estados afectados. Según la Procuraduría General de la República (PGR) se trata de 13 entidades del territorio mexicano donde han sido descubiertas fosas clandestinas con restos humanos, entre enero de 2011 y febrero de 2015 (respuesta a la solicitud de información 0001700060415, hecha por Contralínea).
De la lista de 13 estados proporcionada por la autoridad destacan Tamaulipas y Durango, por el número de cuerpos encontrados en esta condición; así como la ausencia de Guerrero y Veracruz, donde la prensa sí ha reportado hallazgos de fosas con restos humanos.
Por orden alfabético, la lista necrófila de la PGR empieza con Chihuahua, donde el crimen organizado ha desaparecido sistemáticamente cuerpos de mujeres asesinadas en la zona fronteriza. Sin embargo, esta condicionante de violencia extrema de género no se refleja en las estadísticas de la Procuraduría, que apenas reporta en 2012 la localización de una fosa clandestina en Ciudad Juárez que contenía los restos de una persona.
Según los datos oficiales, en 2011, Durango destacó no sólo por el número de fosas halladas en su capital, sino por los cuerpos alojados en ellas: ocho excavaciones con los restos de 90 personas. De acuerdo con la PGR, en la fosa uno se localizaron dos cuerpos; en la fosa dos, tres cuerpos; en la tres, 21 cuerpos; en la cuatro, dos; en la cinco, tres cuerpos; en la seis, seis cuerpos; en la siete, 13 cuerpos; y en la fosa ocho, 40 cuerpos.
El Estado de México es otra de las entidades afectadas por este flagelo: en 2013 se ubicó una fosa clandestina en Tlalmanalco y otra en Valle de Bravo, con 15 cuerpos en total; y en 2014 se descubrió otra fosa en Tlalmanalco con un cuerpo.
La lista también incluye a Jalisco, donde fueron halladas dos fosas en 2013: una de ellas en Yahualica y la otra en La Barca, con un cuerpo cada una. Michoacán, uno de los estados más violentos del país, registró hallazgos en 2012 y 2014: en el primer caso, cinco fosas en Zitácuaro, con los restos de seis personas en total; mientras que el año pasado se descubrieron cuatro fosas en Lázaro Cárdenas (con siete cuerpos) y dos en Tumbiscatío (con 10 cuerpos en total).
Morelos tampoco escapó a esta manifestación criminal: en 2013 se encontraron 11 fosas en Emiliano Zapata con 12 osamentas. Mientras que en Nayarit se detectó una fosa clandestina en 2011 con los restos de una persona.
En Juárez, Nuevo León, se localizaron tres fosas clandestinas en 2012 con nueve cuerpos en total. En ese mismo año, Oaxaca registró el hallazgo de dos fosas clandestinas: una de ellas en su capital, con un cuerpo; y la otra en Puerto Escondido, con dos cuerpos.
A pesar de sus niveles de violencia y su relación territorial con los cárteles del narcotráfico, en Sinaloa sólo se han descubierto dos fosas; la primera, en 2011, se localizó en Los Mochis y contenía siete cuerpos; la segunda, en 2014, se halló en El Fuerte, con cinco cuerpos.
De acuerdo con los registros de la PGR, en Matamoros, Tamaulipas, se descubrieron cuatro fosas en 2011 con los restos de 107 personas en total; y en Nuevo Laredo se localizaron tres fosas en 2012 con 14 cuerpos en total. Sin embargo, los datos no incluyen la narcofosa de San Fernando, donde 71 migrantes centroamericanos fueron enterrados después de ser brutalmente asesinados.
Por último, información de la PGR detalla que en Auza, Zacatecas, se localizó una fosa con dos cuerpos.
Como se puede advertir, las estadísticas que proporcionó la Procuraduría General de la República tampoco incluyen las fosas clandestinas de Guerrero y Veracruz.
En el primer caso, a raíz de la desaparición forzada de los 43 estudiantes campesinos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos (ocurrida el 27 de septiembre de 2014) se descubrió un gran cementerio clandestino en Iguala y municipios aledaños.
El 27 de julio pasado, el sitio en internet Informador.mx dio cuenta que en octubre de 2014 se hallaron 11 fosas con 39 cuerpos en esa localidad (en los 8 meses posteriores a la desaparición masiva de normalistas se ubicaron al menos 60 fosas, con 129 cadáveres en total). A estos datos que el Informador.mx atribuye a la PGR se suman los hallazgos recientes en Carrizalillo.
En el caso de Veracruz, el Blog.expediente.mx informó el 9 de noviembre pasado que, en lo que va del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, se han localizado 11 fosas clandestinas con 135 cuerpos.
La imprecisión de las cifras que aporta la Procuraduría se empata con la incertidumbre que a diario nos toca vivir en este conflictivo país. Pero para el gobierno lo importante es gastar millones de pesos en promover el turismo internacional y descalificar a los organismos internacionales y nacionales que exigen justicia y reparación del daño para las víctimas y sus familias, así como un cambio de rumbo en las políticas de seguridad. Así las cosas en México.
Nancy Flores*,@nancy_contra
*Periodista
[BLOQUE: OPINIÓN] [SECCIÓN: AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]
Contralínea 463 / del 16 al 22 de Noviembre 2015
