De la mixteca oaxaqueña, compuesta por los municipios de Huajuapan, Santiago Juxtlahuaca y Tlaxiaco, llegaron las víctimas de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, a evidenciar las heridas provocadas por policías federales, estatales y municipales: balas, enfermedad, orfandad, negligencia.

El 19 de junio pasado, apenas repuntaba la mañana, habían llegado policías de todos los niveles de gobierno a tratar de “reventar” uno de los bloqueos del magisterio y la sociedad civil, en exigencia a la revisión de la reforma educativa.

Ahí, también se encontraba Pedro Valente, un campesino que rebasa los 65 años de edad y que se encontraba recogiendo zacate. Los “uniformados”, relata, llegaron a sacarlo de sus tierras, lo arrastraron, patearon y dejaron tirado en el campo que trabaja desde niño.

Hombres, mujeres y niños de la mixteca ahora son parte de una hilera de personas en busca de justicia, verdad y reparación del daño. Como Héctor López Rodríguez, quien tiene en su pierna izquierda la cicatriz de un balazo que fracturó su espinilla y que ahora lo hace caminar en muletas.

En la Plaza de las Tres Culturas del conjunto habitacional de Tlatelolco –donde estudiantes universitarios fueron masacrados por el Ejército Mexicano, bajo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, en 1968–, se dieron cita las víctimas del Estado, Ahora encabezado por Enrique Peña Nieto.

Es una hilera de personas que cicatrizan lentamente en cuerpo y alma; ahí está Clara Santiago, quien viste de luto, tras la muerte de su hijo Yalid Jiménez Santiago, de 28 años.

Entre llanto contenido, rabia, indignación y su lengua mixteca expresan su sentir: “Somos la voz de nuestros muertos”, dice Misael Velazco. El hombre, además, cuestiona el papel de los “uniformados” y sentencia: “la policía federal está para velar por la seguridad del país, pero atentaron por el derecho más sagrado: la vida”.

También alzaba la voz Luis Alberto Martínez Martínez, quien recibió un balazo mientras caminaba rumbo a su trabajo la mañana de ese domingo: “claramente vi como un federal me apuntó”. La bala afectó el hígado, intestino, bazo y pulmón, muestra las heridas de su cuerpo y su rostro enjuto.

Juan José Acevedo apenas puede hablar, un cubrebocas azul distorsiona aún más su voz. Intenta ser más claro, se descubre por completo la cara, en la mejilla derecha se aprecia la marca de un proyectil, su piel ha quedado lacerada. Muestra la entrada del disparo: detrás de su oreja. “No he podido comer, ni podré hacerlo correctamente en un tiempo”, dice.

A instancias internacionales

Como ellos hay más de una centena de personas que han sido víctimas de una masacre, asegura Maurilio Santiago Reyes, abogado y presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CDHAPI), quien indica que el caso llegará hasta instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El abogado y defensor de los derechos humanos dice, en la primera conferencia de prensa en la que se presentan las víctimas, que se han presentado ante los medios de comunicación y la sociedad civil, con la intención de hacer un reclamo digno de los hechos.

Entre sus exigencias: justicia, que los ocho homicidios registrados el 19 de junio pasado sean reconocidos como ejecuciones extrajudiciales; que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emita una recomendación e informe, con apego a la verdad.

Las víctimas, representadas por Santiago Reyes, exigen una reparación integral del daño, con atención médica urgente y basada en los parámetros internacionales.

Asimismo, que sea integrado un fideicomiso para los niños que quedaron huérfanos, que les garantice la educación y atención hasta concluir los estudios universitarios.

Además, que el Estado mexicano ofrezca disculpas a los mixtecos por el agravio en su contra.

Maurilio Santiago anuncia que se llevó ante la Procuraduría General de la República, encabezada por Arely Gómez, la solicitud de una fiscalía especial para atender a las víctimas, “pues ni un solo ministerio público de la dependencia ha pisado Nochixtlán para iniciar la investigación debida”.

Juana Ramón Solís, presidenta del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de junio, Nochixtlán, Oaxaca, AC, acusó al gobierno de Enrique Peña Nieto de represor. Dijo que de los hechos de aquel día no se ha visto a ninguno de los responsables preso.

Acusó que el día de los ataques a la población no se contaba con los servicios médicos adecuados y así salvar la vida de quienes la perdieron. Ante la negligencia oficial y la duda cuestiona: ¿Cómo van a reparar los daños? y dice: ¡No nos vamos a prestar a la corrupción! ¡Fueron los uniformados los que provocaron esta masacre, los que bañaron de sangre la región mixteca!

La mujer mixteca hace énfasis en el trauma que enfrentan muchos de los niños de la población, pues “fueron violentados, no había quien pudiera defenderlos; ahora, ven helicópteros y corren”.

El dolor y la miseria

A la voz de las víctimas se une la de José Luis Cruz Aquino, hermano de Anselmo, asesinado ese domingo de plaza. Recupera de su memoria los minutos que trató de salvarle la vida:

“Estábamos pecho tierra, tratando de escapar de las balas de los federales. Estábamos a más de 800 metros de distancia, pero llegaron los tiros certeros a la cabeza y boca. Anselmo fue asesinado por profesionales”. Mientras su hermano era asesinado, otros dos jóvenes, de 19 y 23 años, caían también sin vida. “Y nosotros estábamos desarmados”.

Gerardo Santos Reyes, uno de los hombres que toman el micrófono relata: “Somos gente de campo, nuestros niños caminan 1 o 2 horas para llegar a la escuela con un pedazo de tortilla en la panza; cuando salimos, tenemos que caminar kilómetros para regresar a nuestras casas, los niños no conocen la leche… es el mal gobierno el que ha saqueado todo de nuestras tierras, nosotros no tenemos nada”.