La intención de Donald Trump de realizar el mayor incremento presupuestal a las Fuerzas Armadas desde la administración de Ronald Reagan, implicará reducir recursos para programas sociales y abandonar políticas en favor del medio ambiente y los derechos humanos. Por verse, las consecuencias sociales de la militarización de la economía

Washington, Estados Unidos. Los departamentos de Defensa, Seguridad Nacional y Asuntos de Veteranos aparecen como los grandes triunfadores del proyecto presupuestario enviado al Congreso por el presidente estadunidense, Donald Trump.

Como estaba previsto, el primer plan de solicitud de gastos de la actual administración propuso un millonario incremento en la inversión militar y el control migratorio, dos áreas que abarcan algunas de las principales promesas de campaña del mandatario republicano.

Poco antes de su discurso ante el Poder Legislativo el 28 de febrero pasado el jefe de Estado había adelantado que propondría un incremento histórico en el financiamiento de Defensa, de aproximadamente el 10 por ciento, y ello hizo pensar entonces en numerosos recortes para otras áreas.

Así quedó confirmado en el esbozo de 1.1 billones de dólares (millones de millones) presentado el 16 de marzo, que delinea las prioridades del ejecutivo de modo parcial, pues el presupuesto completo para el año fiscal 2018, que comenzará el 1 de octubre próximo, saldrá a la luz en mayo.

Mientras la actual propuesta solicita un incremento de 54 mil millones de dólares en gastos militares y 2 mil 600 millones para construir un muro en la frontera con México, pide recortes considerables en muchos programas federales, sobre todo de corte científico, social y cultural.

 “Estamos enviando un mensaje muy claro al Congreso, queremos más dinero para defender la nación y las fronteras, más dinero para hacer cumplir las leyes, y queremos llevarlo a cabo sin aumentar el déficit este año”, explicó el director de presupuesto de la Casa Blanca, Mick Mulvaney.

Pentágono, Inmigración y el controvertido muro

Los gastos militares de Estados Unidos en 2016 se acercaron a los 600 mil millones de dólares, suficientes para mantener a este país como el que mayor cantidad de dinero invierte en defensa a nivel mundial.

El territorio norteño no sólo encabeza la lista global en ese apartado, sino que supera los gastos combinados de las otras nueve naciones que más recursos destinan al área castrense.

Tales cifras, sin embargo, no satisfacen al presidente, quien dice que quiere devolver el esplendor a lo que calificó como unas fuerzas “mermadas”.

Para ello, los 54 mil millones de dólares adicionales, el mayor incremento desde el gobierno de Ronald Reagan (1981-1989), irán a parar fundamentalmente a la Marina, que se llevará alrededor de un tercio; el Ejército, con una cuarta parte; y la Fuerza Aérea, que recibirá el 20 por ciento.

Además de la solicitud de 2 mil 600 millones en 2018 para planificación, diseño y construcción de su controvertido muro en la frontera con México, Trump también pidió 1 mil 500 millones de dólares en el presupuesto especial de este año para llevar a cabo la obra.

En el capítulo dedicado al Departamento de Seguridad Nacional, el esbozo también asigna recursos adicionales por 1 mil 500 millones de dólares para “ampliar la capacidad de detención, transporte y remoción de inmigrantes ilegales”.

Como parte de ese propósito, se buscan 1 mil nuevos funcionarios de Inmigración y Aduanas y 500 nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza, y se destinan fondos para contratar a 75 nuevos jueces de inmigración, 60 fiscales de la frontera adicionales, y 40 suboficiales para capturar y transportar a extranjeros criminales.

Mientras tanto, el Departamento de Asuntos de Veteranos vería una subida del 6 por ciento en sus arcas, con lo cual alcanzaría los 78 mil 900 millones de dólares.

Los golpes a numerosos programas

Si aquellos son los grandes ganadores del plan, los principales derrotados resultan la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por su sigla en inglés), y departamentos como de Estado; Salud y Servicios Humanos; Educación, y Vivienda y Desarrollo Urbano.

Los recortes a la EPA son del 31 por ciento, mientras que el Departamento de Estado verá disminuir sus fondos en el 28 por ciento, el de Educación en 14 por ciento y el de Vivienda en 13.2 por ciento.

El de Salud, por su parte, recibiría 69 mil millones de dólares, equivalente a una reducción del 17.9 por ciento, lo cual llevaría el gasto de una de las mayores agencias a su nivel más bajo en casi 2 décadas.

Al mismo tiempo, se elimina totalmente el financiamiento de la Corporación de Radiodifusión Pública, el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas, la Fundación Nacional para las Artes y el Instituto de Paz de los Estados Unidos, entre otras 14 instituciones y programas.

Medios locales consideraron que uno de los objetivos fundamentales de los recortes es atacar el compromiso de la administración de Barack Obama (2009-2017) en el combate contra el cambio climático.

Ello se ve en los recursos de la EPA, rebajados sobre todo en su Plan de Energía Limpia, pero también en la disminución del dinero para la Iniciativa Global para el Cambio Climático y otros esfuerzos internacionales sobre el tema.

La mayoría de las iniciativas dirigidas a las personas de bajos ingresos no suelen formar parte de esta propuesta presupuestaria inicial, pero en algunos puntos incluidos se observa la intención de eludir el gasto en las personas pobres.

Habrá reducciones, por ejemplo, en el Programa de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños; la Corporación de Servicios Legales, que provee fondos para la ayuda en casos civiles; y el programa de subvención en bloque para el desarrollo de la comunidad.

La batalla en el Congreso

El plan deberá conseguir ahora la luz verde del Congreso y, aunque los republicanos tienen mayoría en las dos cámaras, se prevé una fuerte resistencia, sobre todo entre miembros más moderados del partido rojo que ya expresaron preocupación por los recortes.

Integrantes de esa formación también se mostraron escépticos porque creen que la iniciativa carece de detalles claves y promueve el aumento de gastos militares sin tomar en cuenta límites presupuestales aún vigentes.

Otros, como el senador John McCain, estiman que no tendrá la aprobación de la Cámara alta, pues según el republicano de Arizona el incremento en defensa todavía no es suficiente para la reconstrucción de las fuerzas militares.

El portal The Hill, especializado en temas legislativos, estimó que cualquier empuje hacia mayor inversión militar por parte de la formación roja chocaría con la oposición de los demócratas, que exigen aumentos similares en los gastos que no corresponden a la defensa.

De manera general, dirigentes del partido azul se comprometieron a presionar contra el proyecto de presupuesto, al considerar que desplaza las cargas colocadas sobre los ricos hacia las espaldas de la clase media y de quienes luchan por entrar en ella.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo a través de un comunicado que los miembros de esa fuerza se opondrán enfáticamente a los recortes e instó a sus colegas republicanos a rechazarlos también.

Martha Andrés Román*/Prensa Latina

*Corresponsal jefa de Prensa Latina en Estados Unidos.

[BLOQUE: ANÁLISIS][SECCIÓN: INTERNACIONAL]

Contralínea 532 / del 27 de Marzo al 02 de Abril 2017