El control del flujo migratorio que practica el Estado mexicano, sobre todo en contra de los indocumentados de origen centroamericano, es inconstitucional, señala la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem).

En su informe Migrantes en México recorriendo un camino de violencia –presentado este 4 de julio–, señala que esta práctica “interfiere con el derecho al libre tránsito, se basa en criterios discriminatorios y sienta el terreno para que sean posibles otras violaciones de derechos humanos, no sólo a personas migrantes sino también, de forma contradictoria, a la misma población mexicana”.

La Red compara el discurso oficial del gobierno mexicano en materia migratoria contra los hechos, y descubre que en el tema del paso formal y ordenado, supuesta estrategia con la cual la administración de Enrique Peña garantizaría a los migrantes su tránsito por el país, se tradujo en un incremento de las revisiones migratorias, las detenciones, deportaciones y la generación de nuevas y más peligrosas rutas, para evitar los operativos del Instituto Nacional de Migración.

En el eje temático de la “protección y acción social” lo que se ha tenido en realidad es el uso de la fuerza en contra de los migrantes, así como los malos tratos.

Para la Red, en el tema de “desarrollo y seguridad en la región” se han detectado afectaciones nacionales y, sobre todo, la violencia contra los defensores de migrantes.

Finalmente, en el rubro oficial de la “coordinación interinstitucional” se ha tenido en la realidad una cadena de impunidad que protege no sólo a los agentes del Estado involucrados en las arbitrariedades contra migrantes (personal del INM, policías estatales y federales, militares), sino también a las guardias privadas que custodian las rutas de tren.

El informe de 150 páginas indica que, “según lo documentado por la Redodem y los testimonios tanto de defensores y defensoras de derechos humanos de personas migrantes y de personas migrantes en su tránsito por México, a pesar de que se han implementado algunas acciones para permitir el acceso legal y regular de personas centroamericanas –sobre todo guatemaltecas– para acceder a espacios laborales y comerciales, la frontera Sur sigue constituyendo un foco de violencia guiado por la visión jerárquica de la contención y deportación masiva”.

Nancy Flores