Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano admitió que los teléfonos celulares de nueve de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, “mantuvieron actividad después de la medianoche del 26 de septiembre de 2014, cuando supuestamente [los estudiantes y sus pertenencias] ya estaban incinerados”.
Para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), esto confirma la imposibilidad de la llamada “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR), cuya teoría afirmaba que para esa hora los jóvenes ya estaban muertos.
El Centro Prodh, participante en la audiencia de oficio sobre el caso Ayotzinapa que se celebró el 6 de julio en Lima, Perú, durante el 163 periodo de sesiones de la CIDH, indica que el gobierno de Enrique Peña también admitió que sí investiga el trasiego internacional de drogas en autobuses de pasaje.
“Al informar de estas conclusiones de la PGR, el fiscal Alfredo Higuera Bernal detalló que o los chips o los aparatos telefónicos –toda vez que se pudieron rastrear algunos IMEI– registraron actividad en días posteriores a la desaparición. Los abogados de los normalistas cuestionaron por qué no se hizo este rastreo desde octubre y noviembre de 2014”.
Por medio de un comunicado, el Centro Prodh refiere que al abordar el tema del “posible trasiego de drogas en autobuses –que podría haber sido parte del móvil del caso al haber tomado inadvertidamente los estudiantes uno de estos vehículos, de acuerdo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes–, los abogados de las familias indicaron que el llamado quinto autobús sí hizo el recorrido conforme a lo dicho por los normalistas desde el principio del caso”.
Por ello, pidieron “que estos relevantes elementos, y otros que se deriven del cronograma entregado por la PGR a las familias y sus representantes en mayo tengan seguimiento, sean presentados ante tribunales y tengan consecuencias penales, situación que el Estado no he llevado a cabo”.
