La violencia gubernamental contra los pueblos indígenas que luchan por sus tradiciones y sus derechos no cesa. La represión en Arantepacua, Michoacán, es ejemplo de ello.
Cristian Leyva
El 4 de abril de 2017, después de concluir una reunión en el Palacio de Gobierno de Michoacán, 38 indígenas purépechas de Arantepacua fueron privados de su libertad por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y agentes ministeriales. Por ello, familiares y vecinos de los detenidos montaron un plantón a las afueras de la Agencia del Ministerio Público, Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.
El 5 de abril a las 11 de la mañana se instaló una mesa de diálogo entre autoridades de Arantepacua, Miguel Prado Morales –presidente municipal de Nahuatzen– y representantes del gobierno de Michoacán: el subsecretario de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo, y el titular de la Dirección de Gobernación, Víctor Manuel Lara Vidales. Mientras que, en la localidad, la población inconforme retuvo temporalmente los vehículos que circulaban en las inmediaciones.
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Alrededor de las 2 de la tarde, en Arantepacua inició un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública estatal, el Grupo de Operaciones Especiales y la Secretaría de la Defensa Nacional. El saldo de esta irrupción armada fue de cuatro indígenas asesinados: José Carlos Jiménez Crisóstomo, estudiante de enfermería, de 25 años; don Francisco Jiménez Alejandre, de 65 años; Santiago Crisanto Luna, de 39 años, y Luis Gustavo Hernández Cuenete, de 15 años de edad, quien aún vestía con su uniforme escolar al momento de ser ultimado. Además, decenas de casas fueron saqueadas y algunos vehículos, destrozados.
La población estaba aterrorizada. La tensión y el caos invadía la comunidad: la gente se negaba a realizar sus actividades cotidianas por el temor a que las represalias continuaran. Fueron las asambleas comunitarias las que lograron reactivar al pueblo.
A 4 meses de la masacre perpetuada por las fuerzas estatales y federales, el pueblo de Arantepacua continúa con su lucha organizativa, legal y estratégica para reconstituir el tejido social.
Las familias afectadas aún demandan justicia y castigo para los culpables, tanto intelectuales como materiales.
Cristian Leyva
[CONTRALUZ]
Contralínea 551 / del 07 al 13 de Agosto de 2017
