Organizaciones sociales denuncian al Estado mexicano por la impunidad en el tema de desapariciones de infantes. De 2006 al 31 de marzo de 2017, oficialmente se reportaban 3 mil 217 niñas y 2 mil 235 niños como desaparecidos, señala la acusación presentada ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas.
Los 5 mil 452 casos de menores de entre 0 y 17 años de edad desaparecidos representan el 18 por ciento del total de víctimas registradas. De acuerdo con los denunciantes, entre los que se encuentran la Red por los Derechos de la Infancia en México y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el periodo en el que desapareció el 98.2 por ciento de niñas, niños y adolescentes coincide con el cambio en la política de seguridad del Estado mexicano.
Las organizaciones señalan que casi el 70 por ciento de menores desaparecidos fue visto por última vez durante el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto (2012 hasta la fecha). El 29 por ciento restante, desapareció durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
A través de un comunicado de prensa, los denunciantes apuntan que “del total de personas desaparecidas al 31 de marzo de 2017 (30 mil 991), 64 pertenecen a una etnia, 301 son extranjeras de las cuales se desconoce la edad de 35 y, 41 son niñas, niños o adolescentes”.
La denuncia, que se presentó el pasado 30 de agosto, acusa los obstáculos que enfrentan niñas, niños y adolescentes víctimas de desapariciones en México, así como el impacto que tiene en este sector la desaparición de un familiar adulto.
Para las organizaciones, a pesar del elevado número de desaparecidos, el Estado mexicano no ha reconocido ni asumido en su verdadera magnitud la crisis. “Hasta el momento, las acciones emprendidas continúan siendo esfuerzos desarticulados, sin que existan procedimientos accesibles y transparentes para la búsqueda inmediata, localización y protección”.
También señalan que no existe claridad sobre la cifra total de personas desaparecidas. “Más aún, existe un alarmante subregistro de casos de desapariciones y el RNPED sigue siendo inexacto al incluir leyendas como ‘no disponible’ en lo que se refiere a la edad o nacionalidad de las personas desaparecidas. Las autoridades competentes proporcionan información contradictoria o incompleta y la imposibilidad de determinar el universo de personas desaparecidas obstaculiza de manera significativa toda acción de búsqueda que se llegue a emprender, impide que las víctimas obtengan medidas de reparación adecuadas y, que se haga justicia”.
Para las organizaciones –entre las que también están el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León y TRIAL International–, “la ausencia de investigaciones exhaustivas y eficaces en México hace que sea imposible descartar la participación, directa o indirecta de agentes del Estado en la desaparición de personas, lo cual viola e impide lleven a cabo su obligación de prevenir e investigar efectivamente un supuesto caso, lo que hace imposible descartar una desaparición forzada potencial, más aún, en un país donde hay varias evidencias de la complicidad de agentes del Estado con las organizaciones criminales”.
En ese contexto, exigen al Estado que adopte “todas las medidas necesarias para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes; familiares de víctimas y/o migrantes víctimas de desaparición en todo el país; con un énfasis particular en la situación de niñas, niños y adolescentes en el contexto de la migración”.
Nancy Flores
