Dos iniciativas para reformar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) se encuentran pendientes de ser discutidas y revisadas en la cámara de origen del Congreso de la Unión.
Una de ellas, estancada desde 2015, busca obligar a las personas y a las empresas de mensajería a declarar ante las autoridades cuando ingresen o extraigan de México dinero en efectivo, tarjetas de prepago y cheques nacionales. Esta iniciativa también pretende que se sancione a quienes se les descubra dinero en las mercancías que entran o salgan al país.
Otra iniciativa, pendiente en la cámara de origen desde mayo de 2017, tiene como objetivo “fortalecer las acciones para combatir el lavado de dinero” mediante una revisión a quienes realicen actividades vulnerables de incurrir en este ilícito por parte de un auditor externo independiente, quien deberá evaluar y emitir un informe anual. También pretende multar a quienes incumplan con presentar dicho informe.
“El lavado de dinero es un crimen que opera de forma internacional por el cual la delincuencia organizada ingresa dinero de dudosa procedencia al sistema financiero internacional, lo que permite a las mafias disponer de recursos en diferentes zonas y así continuar con sus crímenes”, explica un trabajo académico que fue realizado por el Instituto Belisario Domínguez y tiene como objetivo apoyar el trabajo parlamentario.
Este crimen daña el comercio porque ofrece precios muy baratos al no estar interesado en competir, “ya que a diferencia de otros emprendedores, los blanqueadores únicamente tratan de encubrir sus fechorías y no buscar ganar la confianza de los clientes”, concluye la investigación Iniciativas para reformar el marco jurídico del lavado de dinero.
La LFPIORPI data de octubre de 2012 y a la fecha no ha tenido ninguna reforma.
Marcial Yangali
