Las acusaciones hechas por la DEA y por funcionarios colombianos contra la dirigencia de la FARC por presunto tráfico de cocaína –que ya llevó a la cárcel a Jesús Santrich y mantiene bajo amenaza a Iván Márquez– ponen en riesgo el proceso de paz, que ya implicó el desarme de la guerrilla

Bogotá, Colombia. El pasado 7 de abril, el dirigente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Jesús Santrich (Zeuxis Pausias Hernández Solarte), expresó: “estamos transitando ya el pantano de la perfidia y asomados al abismo de lo que se puede considerar un proceso de paz fallido…”

Dos días después, Santrich fue detenido por la Fiscalía de Colombia a pedido de la justicia estadunidense que lo acusa de narcotráfico y quiere su extradición.

Se mantiene encarcelado y en estado crítico de salud, luego de 3 semanas en huelga de hambre en rechazo a la imputación en su contra y en reclamo del cumplimiento del acuerdo de paz, en primer lugar la liberación de los prisioneros políticos de la FARC.

Horas después de su detención, el Consejo Político Nacional de la FARC citó una rueda de prensa en Bogotá para denunciar que los cargos contra Santrich hacían parte de un montaje jurídico que amenazaba con extenderse a toda la excomandancia de la exguerrilla.

Y aunque el gobierno intentó aquietar temores en reunión solicitada por la dirección de la exguerrilla, la desconfianza, ya instalada por la precaria instrumentación de los acuerdos, se acentuó al interior de la FARC.

De hecho, Iván Márquez, para muchos el número dos de la FARC, anunció que renunciaría a su curul en el Senado a partir de julio próximo si Santrich no era liberado y si no se asumía el cumplimiento del acuerdo de paz con las garantías y la seriedad debidas.

“No sé a quién se le puede ocurrir, tiene que ser una mente enferma la que diga que Santrich está involucrado en narcotráfico”, señaló.

Al respecto, instó a las autoridades a que revelen dónde están las 10 toneladas de cocaína y la flota de aviones que supuestamente usaría Santrich para exportarlas.

“Muchas cosas tienen que cambiar aquí y nosotros quisiéramos, de corazón, que se nos permitiera incursionar en la política (…). Ahora que no estamos con las armas, tal vez valgamos huevo, pero nuestro sueño fue hacer dejación de armas para participar en política”, expresó.

Y justamente contra Márquez fue revelada el 28 de abril una nueva acusación de la justicia estadunidense, a través de un artículo publicado en The Wall Street Journal, el cual avivó los recelos acerca de una supuesta cruzada contra la dirección de la exguerrilla colombiana.

El diario estadunidense publicó que agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y funcionarios de Colombia estaban investigando a Márquez por presunto tráfico de cocaína.

Las versiones en torno a la nota de The Wall Street Journal inundaron los espacios de la prensa colombiana y de las redes sociales con comentarios añadidos de referentes del espectro político nacional.

Los candidatos presidenciales de la derecha, críticos del Acuerdo de Paz, enseguida opinaron y prejuzgaron.

“Me parece que ésta debe ser la oportunidad (…) para exigirle a la FARC que entregue toda la información de sus vínculos con el narcotráfico y que se llegue hasta el fondo de las investigaciones para extraditar a todo el que haya que extraditar”, enunció el candidato del uribismo Iván Duque.

Igualmente, el exvicepresidente de la República Germán Vargas Lleras, candidato por el movimiento Mejor Vargas Lleras, aseveró que si Márquez es culpable, entonces “como cualquier colombiano tiene que responder ante la justicia nacional y extranjera”.

Sin embargo, el candidato del partido Liberal, Humberto de la Calle, reaccionó con suspicacia y lanzó un SOS por la paz en Colombia.

“Vamos a la guerra con los ojos cerrados si no rectificamos. Abramos los ojos, la preocupación es enorme y el acuerdo se puede reventar de continuar con ese camino”, dijo el exjefe negociador del gobierno en La Habana, en rueda de prensa.

Sobre las acusaciones contra Márquez, De La Calle afirmó que es la justicia colombiana la que debe revisar las pruebas en contra del exjefe negociador de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo) en La Habana, porque las consecuencias podrían ser el fin del proceso de paz y su instrumentación.

El candidato presidencial del liberalismo impugnó la arremetida contra el Acuerdo de Paz por parte del partido Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), y de la organización política de Vargas Lleras (Cambio Radical).

Manifestó que tanto Uribe como el candidato presidencial del partido uribista, Iván Duque, “vienen construyendo un tejido de falacias y de odios que fueron conduciendo a buena parte de la población a la nostalgia de la guerra”.

“Se están tirando la paz. Así, en castellano. Sin hipocresía”, enfatizó el candidato del liberalismo.

Insistió cómo la justicia colombiana es la que debe investigar las acusaciones contra miembros de la FARC porque “no puede ser que la paz de Colombia dependa de una corte extranjera”.

Concordó con ese punto de vista el senador del partido Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda. “Si el proceso de paz se ve sometido a las presiones y decisiones arbitrarias de la agencia antidroga de Estados Unidos, su estabilidad se pone en alto riesgo”.

“Esto ya es el colmo”, reaccionó Márquez, quien pidió al presidente Juan Manuel Santos salvar la paz frente a los que se la quieren llevar al infierno.

“El gobierno está permitiendo, con pasividad pasmosa, que se continúe sembrando la maleza de los montajes judiciales y la intervención foránea, vulnerando incluso el procedimiento diplomático y el propio ordenamiento constitucional”, declaró.

Márquez significó que el Acuerdo de Paz es el pacto más trascendental logrado en Colombia en las últimas décadas, y por eso debe salvarse sin mutilaciones como las que le impuso el Congreso con la anuencia o indiferencia de otras ramas del poder.

A juicio del también dirigente de la FARC, Jairo Estrada, el arresto de Jesús Santrich y lo que se advierte para Iván Márquez parece ser el destino anunciado para la excomandancia guerrillera.

El imperio sacó sus garras. Con un burdo montaje orquestado por la DEA, la Fiscalía y la mirada pasiva del gobierno, se está haciendo trizas lo que queda del acuerdo de paz, opinó.

Mientras, muchos exguerrilleros que pactaron la dejación de armas para apostarle a un camino de paz y reconciliación observan cómo su sueño parece esfumarse.

Tania Peña/Prensa Latina

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