La Habana, Cuba. Un controversial proyecto de ley cuya discusión se reactivó en días recientes en el Senado estadunidense, intenta ampliar, aunque con ciertos matices, las facultades del presidente Donald Trump para utilizar el poderío bélico en ultramar sin apoyo del Congreso.

Los legisladores valoran una propuesta de Autorización del Uso de la Fuerza Militar (AUMF) presentada el pasado 16 de abril por el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara alta, el republicano Bob Corker y su colega demócrata Tim Kaine.

La iniciativa, que aún no ha logrado un apoyo significativo, de ser aprobada otorgaría al jefe de la Casa Blanca amplios poderes para hacer la guerra, disfrazados en determinadas cláusulas que intentan neutralizar a quienes se oponen a la medida.

El proyecto está coauspiciado por los senadores demócratas Chris Coons, de Delaware, y Bill Nelson, de Florida, así como los republicanos Jeff Flake, de Arizona, y Todd Young, de Indiana.

Una veintena de grupos de diversas tendencias entregó una carta el 16 de mayo pasado al liderazgo republicano en la que refieren que el proyecto Corker-Kaine constituye un “verdadero basurero de malas ideas”.

Los firmantes representan a la Unión Americana de Libertades Civiles, la ultraderechista organización Freedom Works y la entidad de tendencia liberal Indivisible.

Además, algunos legisladores objetan esta pieza legislativa porque no pone término ni limita la expansión de las operaciones antiterroristas hacia otros países o grupos extremistas no contemplados de forma explícita en el texto.

Dentro del Capitolio soplan fuertes vientos en contra, como son los casos de los senadores demócratas Bob Menéndez, de Nueva Jersey; Ben Cardin, de Maryland, y Jeff Merkley, de Oregon, quienes dijeron que la ausencia de un límite de tiempo para las operaciones en el proyecto de ley era un fuerte obstáculo para que éste avance.

Por otra parte, según el diario The Hill, un bloque bipartidista de 50 miembros de la Cámara de Representantes, bajo el liderazgo de la demócrata Barbara Lee y el republicano Walter Jones, demandó que se elabore un borrador diferente de este tipo de autorización, que sea más transparente e imponga limitaciones de tiempo al jefe del Ejecutivo.

El texto bipartidista Corker-Kaine, de unas 20 páginas, no restringe el uso sostenido de unidades terrestres y, por el contrario, autoriza el empleo de “todas las fuerzas necesarias y apropiadas” para llevar adelante las operaciones, tal y como exigen algunos halcones dentro del Capitolio.

La propuesta, de ser aprobada por el plenario senatorial, permitiría la continuación de las acciones contra Al Qaeda, el Talibán, el Estado Islámico y fuerzas asociadas, aunque no autorizaría ataques contra países soberanos. Si se convierte en ley, la legislación establecería que para usar el poderío bélico el presidente debe notificar al Congreso en un plazo de 48 horas si decide ampliar las operaciones militares hacia otras naciones además de Afganistán, Irak, Siria, Somalia, Yemen y Libia o contra “fuerzas de nueva designación” y cuándo lo haría.

El proyecto ahora bajo discusión, de ser aprobado por el plenario del Senado y firmado por Trump, sustituiría a las legislaciones que en la actualidad “amparan” o al menos dan cierto matiz legal a las operaciones bélicas y que fueron aprobadas por el Capitolio tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

La ley de poderes de guerra

Pero independientemente de lo que establecen estas legislaciones puntuales, el jefe de la Casa Blanca tiene, de acuerdo con las leyes, amplias facultades para el empleo del poderío bélico estadunidense sin el visto bueno del Capitolio.

La Ley de Poderes de Guerra, aprobada en noviembre de 1973, garantiza cierto nivel de supervisión del Congreso sobre el presidente en cuanto al empleo de las Fuerzas Armadas.

El estatuto obliga al jefe de la Casa Blanca a informar al Legislativo en un plazo de 48 horas, cuando se introducen en combate Fuerzas Militares o en situaciones en las que es inminente la participación de las unidades debido a las circunstancias en el teatro de operaciones.

Adicionalmente, la ley estipula que el presidente debe poner fin a acciones militares en el exterior 60 días después de su comienzo, a menos que el Congreso proporcione una declaración de guerra “o una autorización para dar continuidad a las hostilidades”.

Según Louis Fisher, experto del Proyecto de Derecho Constitucional, “para una operación de gran envergadura, el presidente debe ir al Capitolio y buscar apoyo, aunque en 2011 la administración Obama lanzó una campaña aérea durante siete meses contra Libia y ayudó al derrocamiento del Gobierno de ese país sin la aprobación del Congreso”.

La AUMF de Obama

En febrero de 2015 el presidente Barack Obama presentó al Congreso una solicitud de AUMF para sus acciones contra el Estado Islámico en Siria e Irak, documento que se analizó posteriormente en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado con la asistencia de altos jefes militares y civiles del Pentágono.

En esa ocasión, los republicanos plantearon que la petición de Obama no tenía todo el alcance que se necesitaba en esos momentos, por lo que favorecían un papel más activo de Estados Unidos en el combate a los fundamentalistas.

Por su parte, algunos demócratas se negaron a avalarla porque no intentaba prohibir de forma explícita el uso de tropas terrestres en combate.

De acuerdo con algunos expertos, en las circunstancias actuales constituye un serio peligro para la seguridad nacional del país y la estabilidad mundial darle al jefe de la Casa Blanca un cheque en blanco para el empleo del poderío bélico.

Los especialistas hacen notar el peligro de ampliar las facultades del uso del poderío bélico por parte del presidente Trump, en momentos en que se agravan las tensiones en diversos puntos del planeta debido a los afanes hegemónicos de Washington.

La compleja situación en el Medio Oriente, la incertidumbre acerca del futuro de las negociaciones sobre el conflicto en la península Coreana –a pesar de ciertas señales de distensión–, así como la guerra en Afganistán y otros posibles focos de tensión, hacen pensar que el Congreso debe pensarlo dos veces antes de darle el visto bueno a una legislación de ese tipo.

Las decisiones erráticas que caracterizan a la actual administración y la tendencia a resolver con acciones de fuerza asuntos clave de política exterior, hacen pensar a los especialistas en el peligro que representará el otorgamiento de un cheque en blanco al mandatario para usar el poderío bélico.

Aunque los legisladores no se pongan de acuerdo acerca de esta u otra propuesta similar de autorización del uso de la fuerza, el presidente de Estados Unidos tiene un amplio abanico de opciones en este tema, que le permite perpetrar una agresión armada, presentarla como un hecho consumado y después pedir apoyo al Capitolio.

Por otra parte, en proyectos como este se decreta sobre la “legalidad” del uso de la fuerza por parte del gobierno de Estados Unidos, y el papel del Congreso y la Casa Blanca, pero en ningún caso se menciona la validez de estas decisiones a la luz del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

Roberto García Hernández/Prensa Latina

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