En los próximos meses la actual Procuraduría General de la República (PGR) deberá cerrar definitivamente sus puertas para dar paso a una nueva institución: la Fiscalía General de la República. Aún se discute el método de elección del fiscal que la encabezará y falta que se apruebe legislación que la reglamente. Pero es un hecho que el naciente organismo comenzará a operar con la llegada del nuevo gobierno.

La PGR cerrará sus puertas luego de casi 120 años de historia (fue fundada en 1901, en pleno porfiriato). Hoy cuenta con alrededor de 35 mil elementos.

Se irá la PGR con más pena que gloria. Es difícil traer a la memoria un caso que la institución haya resuelto ejemplarmente o siquiera que lo haya tratado con profesionalismo y con altos niveles de calidad.

Es más fácil recordarla por lo contrario: omisa, torpe, negligente, corrupta, encubridora. Ahí está el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde 2014 y del que ha sostenido hasta el ridículo tesis desechadas por expertos de México y del extranjero. Y sólo por mencionar un caso.

Pero no únicamente se le puede achacar su falta de independencia, probidad, autonomía y eficacia. También, desde el punto de vista administrativo es un fracaso en redondo.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó apenas una mínima parte de los recursos que en 2017 ejerció la PGR. Se encontró en un pantano. En tal periodo estuvo encabezada por quien se convertiría en el último procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade (hasta el 16 de octubre de 2017), y por quien quedó como encargado de despacho, Alberto Elías Beltrán (desde el mismo 16 de octubre y hasta la fecha).

En principio, destaca el amplio margen de las dependencias del Poder Ejecutivo para “modificar” la cantidad de recursos que les aprueba el Poder Legislativo. Varios rubros de la Procuraduría vieron incrementar sus dineros sin avisar a nadie, en complicidad con la Secretaría de Hacienda.

En el capítulo 3000, correspondiente a “Servicios generales”, el presupuesto aprobado para el año pasado tuvo “modificaciones” (aumentos) por casi 800 millones. Los diputados habían dispuesto que en este rubro la PGR erogaría 3 mil 348 millones 794 mil 700 pesos. Pero la dependencia decidió servirse 755 millones 443 mil 500 pesos más. Es decir, terminó erogando 4 mil 104 millones 238 mil 200 pesos.

¿En qué lo gastaron? La ASF eligió –para su Informe individual del resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017– las 13 partidas del capítulo 3000 que “reflejan incrementos considerables en relación con el importe original aprobado”. Se trata de aquellas en las que “la modificación (el incremento) registrada oscila entre el 51.3 por ciento y el 3 mil 421 por ciento, lo que en términos absolutos refleja incrementos entre 3 millones 11 mil 800 y 653 millones 230 mil 400 pesos”. Mencionaremos algunas.

Para “gastos de seguridad pública y nacional” a la PGR se le autorizaron 290 millones 723 mil 400 pesos, pero ejerció 943 millones 953 mil 800 pesos. El incremento fue de 224.7 por ciento: 653 millones 230 mil 400 pesos. ¿Qué hace gastando la PGR en “seguridad nacional”? La confusión entre los tipos de seguridad que reina desde el sexenio de Felipe Calderón también causa estragos en materia presupuestal.

Se le aprobaron 101 millones 260 mil 200 pesos para “arrendamiento de equipo y bienes informáticos”. El incremento fue de 86 millones 698 mil 500 pesos: terminó gastando 187 millones 958 mil 700 pesos.

Entre los incrementos porcentuales más altos se encuentra el de “servicios bancarios y financieros” con un aumento de 3 mil 421.1 por ciento. Resulta que se le habían autorizado 210 mil 900 pesos. Pero terminó erogando 7 millones 426 mil 100 pesos, es decir, 7 millones 215 mil 200 más de lo autorizado.

Para “estudios e investigaciones” la “modificación” presupuestal fue de 1 mil 464.2 por ciento: se le habían aprobado 684 mil 400 pesos y erogó 10 millones 705 mil 300 pesos (10 millones 20 mil 900 más).

Otra partida con aumento porcentual relevante fue la de “pasajes aéreos internacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional”. La PGR disponía de 855 mil 500 pesos y gastó 352.1 por ciento más (3 millones 11 mil 800 pesos). Al final del año había gastado 3 millones 867 mil 400 pesos.

Tal nivel de inconsistencias de lo solicitado y aprobado con respecto de lo realmente ejercido denota, al menos y como señala la ASF, “que las previsiones del capítulo 3000 no fueron congruentes con las necesidades reales de la PGR”.

¿Qué tipo de operación se ejecuta en los últimos días de la PGR que ni siquiera es capaz de calcular remotamente el dinero que necesitan sus áreas? Hasta el último de sus días, la PGR significa derroche de recursos para un país empobrecido. La nueva Fiscalía no sólo tendría que trabajar con probidad, autonomía y eficiencia; también con claridad y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.

Zósimo Camacho

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