Caracas, Venezuela. Este país enfrenta una nueva arremetida política desde los corporaciones de comunicación, que inició tras el anuncio del suicidio de Fernando Albán, exconcejal metropolitano implicado en el magnicidio frustrado contra el presidente Nicolás Maduro [ocurrido el 8 de octubre de 2018].

A pesar de las pruebas presentadas por el Ministerio Público y los datos divulgados tras la investigación, una nueva oleada de críticas, amenazas y dudas recorren los titulares de los principales consorcios de prensa del mundo para atacar a Caracas.

Varios gobiernos de la región, organismos internacionales –como el autodenominado Grupo de Lima–, así como líderes opositores y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, manifestaron su interés en el caso, a la vez que responsabilizaron al Ejecutivo por la muerte.

Semanas después del suicidio del también militante del partido opositor Primero Justicia, la mayoría de las noticias sobre el tema recogían la hipótesis del asesinato de Albán por el gobierno venezolano y desconocen las pruebas presentadas por las autoridades de la nación suramericana.

En ese sentido, el fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció en entrevista de prensa que la autopsia “es completamente auditable para cualquier experto porque está registrada en fotografías”.

Albán sería presentado por su vinculación con el atentado contra Nicolás Maduro, explicó el funcionario. En su teléfono se encontraron pruebas suficientes de su implicación en el acto, ocurrido el 4 de agosto último durante la ceremonia por el aniversario 83 de la Guardia Nacional Bolivariana.

Pocos días después, el fiscal general criticó la manipulación del tema por sectores contrarios a la gestión gubernamental, que desconocen las pruebas sobre el caso, así como las evidencias que confirmaron actitudes de carácter conspirativo respecto a su implicación con el magnicidio.

El 5 de octubre, el exconcejal del municipio Libertador, en el Distrito Capital, fue detenido a su llegada al país desde Nueva York, cumpliendo la orden de aprehensión en su contra por la investigación del intento de asesinato contra el jefe de Estado venezolano.

Luego de 3 días en detención, Albán se lanzó desde el piso 10 del edificio sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en la céntrica Plaza Venezuela, tras solicitar a su custodio permiso para ir al baño.

Las pruebas

Ante la exigencia de la comunidad internacional de solicitar una investigación independiente, el Ministerio Público de Venezuela aseguró que el procedimiento contó con todo el material fotográfico y audiovisual, así como con el resultado de la autopsia respectiva sobre este incidente.

 “Las conclusiones de las pesquisas confirman la tesis del suicidio. El ciudadano falleció a consecuencia del golpe recibido al caer de una altura considerable. No había evidencia de maltrato físico en el cuerpo, previo a esa caída”, ratificó Saab.

 “En ese sentido, la autopsia es clave y auditable para quien quiera: Albán cayó incluso con signos vitales todavía”, recalcó además en entrevista de prensa.

El funcionario rechazó las especulaciones sobre el posible asesinato del militante de Primero Justicia y añadió que estas constituyen un delito de difamación contra el Ejecutivo.

Asimismo, Saab informó la asignación de dos fiscales, especializados en derechos humanos y en delitos comunes respectivamente, para realizar las investigaciones pertinentes que permitan esclarecer el suceso.

Resulta obvio el uso de la muerte de Albán en la estrategia política de un sector adverso al gobierno nacional, añadió el fiscal venezolano.

 “El exconcejal sabía que sería investigado por esta vinculación, pues se encontraron más de 2 mil mensajes de chat que confirmaron actitudes de carácter conspirativo”, dijo.

Acusaciones políticas

En este contexto, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado Cabello, recordó que estas acusaciones semejan a maniobras habituales de los políticos opositores y calificó de hipócrita su actuación que promueve la política con la muerte.

Cabello desmintió además las acusaciones de tortura y asesinato que voceros de la derecha intentan endosarle al gobierno bolivariano sobre el suicidio del concejal del partido derechista.

Con la llegada al poder del comandante Hugo Chávez se instaló en la nación suramericana “el respeto por los derechos humanos, los cuales se olvidaron y eran irrespetados por los gobiernos de la Cuarta República”.

El líder político recordó que las acciones de tortura y asesinatos eran una práctica de los gobiernos de derecha, encabezados por el opresor Luis Herrera Campins, con la Masacre de Cantaura como ejemplo.

La Cuarta República, comprendida desde la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez (1952-1958) hasta la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, acabó con más de 11 mil jóvenes, asesinaron campesinos, trabajadores, hombres, mujeres, estudiantes y niños.

“Así nos gobernaron a nosotros, por eso creen que somos iguales a ellos pero están muy equivocados”, sentenció Cabello.

El dirigente del PSUV recordó que centenares de familias venezolanas pasaron muchos años en la búsqueda de los cuerpos de sus allegados arrebatados por las dictaduras.

Ante las insistentes acciones de la oposición de desestabilizar el país en sectores sociales, económicos y políticos, Cabello exhortó a la unidad de las fuerzas revolucionarias como garantía de independencia.

Elizabeth Borrego/Prensa Latina

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