Sin políticas públicas a su favor, el sector lechero enfrenta una de sus peores crisis. No sólo se trata de la competencia desleal de productores de Estados Unidos y Canadá, sino de la violencia en los estados que los orilla a gastar en protección y las alzas constantes en las tarifas eléctricas.

“Así de simple: un litro de leche nos lo pagan en 6.50 o hasta 7.20 pesos. Mientras, el diésel supera los 20 pesos… Los precios de producción se nos triplican. ¡No hay paridad!”, explica Juan Carlos Cruz Garrido, productor originario de la comunidad de Santa Ana Ahuehuepan, en Tula, Hidalgo.

El hombre que viste de camisa a cuadros, pantalón de mezclilla y sombrero de paja, ha llegado a la Ciudad de México a escuchar las ofertas que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para este sector productivo. Aunque dice tener confianza, observa que no hay claridad en el momento en que comenzarán a ver los beneficios.

Hasta ahora el nuevo gobierno les ha ofrecido eliminar la práctica de la intermediación, conocida como coyotaje, pero no ha dicho nada respecto de otro de los factores que los aquejan con severidad: el costo de los combustibles, que se da tres a uno con respecto a la producción.

Juan Carlos ha vivido más de 2 sexenios con ganancias mínimas: “los costos de producción no son reales; tengo 15 años en esto y he visto cómo se disparó el costo de los energéticos. Cuando empecé a ser productor de leche, me la pagaban de 3.20 a 3.60 pesos y el energético, el diésel, estaba a 1.40 pesos. Había una diferencia de dos a uno; ahora es a la inversa y ¡no te alcanza! ¡No hay la paridad!”

La comunidad en la que subsiste Juan Carlos tiene un bajo índice de rezago social, según el Catálogo de Localidades que tenía la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ahora Secretaría del Bienestar. En el estado de donde es originario, el 52.8 por ciento de la población está en situación de pobreza, según el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018, de la misma Sedesol.

La producción de leche “es tu medio de subsistencia, no hay otra forma, de ahí vives; también cuando se muere un animal, lo vendes y vas subsistiendo. Esa es la realidad. Hay una utilidad de 10 o 15 centavos, no más”, comenta el hombre de rostro endurecido, quien no rebasa los 45 años de edad.

En su exposición de lo que ocurre con él y sus compañeros, quienes en años anteriores incluso han recurrido a tirar su producto en las principales avenidas de la Ciudad de México por no encontrar beneficios en la venta, dice que uno de los problemas es que “en el país hay muchos intermediarios reconocidos que ya tienen a sus productores, pero el pequeño y mediano casi nunca está en el mercado nacional: es ya un mercado es localizado”.

Agrega que “en México hay tres tipos de productores: los que están en el primer nivel y pertenecen a compañías como Lala y Alpura, que ofrecen un buen precio de garantía. En el segundo nivel, quienes venden a Liconsa y a otras de prestigio como La Covadonga, Nestlé y Danone. En el tercer nivel, el más bajo, los que le venden al mercado libre: a ver quién la compra. Y es el que está más sacrificado”.

Lo que dejó el TLCAN

La crisis actual en el sector también tiene que ver con más de 25 años de Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que han minado la producción nacional de lácteos en México. Los pequeños y medianos ganaderos se enfrentan a un mercado que no está regulado, con altas tarifas eléctricas, incremento en las importaciones de leche en polvo, violencia y a gobiernos omisos.

Vicente Gómez Cobo, presidente de la Federación Mexicana de Lechería (Femeleche), comenta en entrevista que el Tratado fue “un error histórico”. Ello, porque no se tomó en cuenta que en Estados Unidos “el mercado de la leche está altamente intervenido por el gobierno. Hay una ley que genera la Confederación de Estados Productores de Leche, y lo protege. Y Canadá mantiene una especie de cuotas”.

Mientras, dice, en México se abrió completamente el mercado. “Como era un sector sensible dan un periodo de 15 años para que el gobierno aplique las medidas necesarias para ponernos en una situación competitiva similar a los productores de Estados Unidos, pero esto no ocurre”.

El presidente de la Femeleche asegura que los estudios que se llegaron a elaborar tras la firma del TLCAN indicaban que México no iba a poder hacer frente a Estados Unidos; incluso se llegó a pensar que desaparecería este sector en el país.

“El problema en el sector lechero son las reglas. Nosotros como organización buscamos políticas públicas, reglas justas, que generen círculos virtuosos.”

El líder ganadero relata que durante el gobierno de Felipe Calderón, los productores buscaron incrementar el porcentaje de proteína que se requería en la leche, del 70 al 80 por ciento, pero grandes trasnacionales “se nos vinieron encima”. Así que bajo mandato presidencial se hicieron dos normas para permitir que existieran ambos porcentajes y las empresas pudieran sustituir con suero de leche.

Según la Sader, “durante 2018, el sector agropecuario y pesquero mexicano tuvo un comportamiento productivo desfavorable”. El secretario Víctor Villalobos explica a Contralínea que “lo que ha venido ocurriendo, particularmente en el caso de la leche, es que un pequeño productor (con 10 o 15 vacas) no tiene la capacidad de invertir en un tanque refrigerado y como es un producto perecedero tiene que venderlo el mismo día. La gente, los coyotes abusan porque, ante la presión de que no pueden conservar su leche, se la compran muy barato”.

Ignacio Ovalle Fernández, encargado del organismo Seguridad Alimentaria Mexicana, indicó en el Foro Nacional de Lechería que esta nueva administración encontró que “había grandes productores que se beneficiaban del precio referenciado de Liconsa, dejando fuera a pequeños y medianos productores. Además, dijo, hay una enorme cantidad de pequeños y medianos que no forman parte del padrón a los que les compra el Estado.

Entre las medidas que se han tomado para atender esta situación está la depuración del padrón, comenta, “los grandototes van para afuera, ellos se defienden solos. No es que no se premie su amor al trabajo; es que hay gente muy necesitada”, indicó quien fuera director general de Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo).

Humberto Campillo Ronquillo representa al sector social en Femeleche, es originario de la sierra de Durango, y radica en la Comarca Lagunera desde hace 50 años, los mismos que tiene como productor. El hombre que lleva más de 4 décadas apoyando a sus compañeros productores e impulsando la generación de un mercado más justo, confía en la nueva administración, pero señala que hace falta materializar las promesas.

“Yo quiero que se estructure ese extensionismo, esas asesorías de las que hablan, quiero cimientos técnicos, auxiliares de profesionistas empresariales que sepan de empresa ganadera, agropecuaria, que sepan qué van a hacer y cómo estructuran una empresa social”.

Campillo Ronquillo dice que es urgente que se vea a los pequeños productores del campo, “absolutamente olvidados en la Comarca Lagunera. Si voltean a ver allá, hay potencial para sacar adelante al país. Allá es desértico, en el Sur hay pobreza, pero cuando las cosas se ponen difíciles allá, hay miseria; un litro de leche nos lo compran a 4 o 5 pesos, ¡es una canallada! No deja capacidad de subsistencia”.

Y añade: “Dilapidaron el sector lechero en los últimos años; se nos golpeó mucho al sector social, pero queremos resurgir, tenemos toda la estructura para hacerlo”.

Violencia acosa a productores

La violencia que ha arreciado desde la declaración de la “guerra” contra el narcotráfico que hizo el entonces presidente Felipe Calderón, también ha impactado a los productores del país.

“Para nosotros el tema de la seguridad es prioritario. Hay estados en los que se ha convertido en una tragedia, como Guanajuato”, relata Vicente Gómez Cobo, presidente de la Femeleche.

El informe Índice de paz México 2019, elaborado por el Institute for Economics and Peace, indica que “Guanajuato registró el mayor incremento [de violencia] del país el año pasado, ya que su tasa creció 127 por ciento, al pasar de 23.7 a 53.6 homicidios por cada 100 mil habitantes. Por lo que ahora está en la categoría ‘extrema’”.

Gómez Cobo señala que hace 3 años sufrió 26 robos de ganado. “Tiraban la barda de mi casa; hubo balaceras dentro del establo; robaron el 20 por ciento de mi ganado. A los ganaderos nos han secuestrado, robado, matado, todo porque, además, estamos fuera y somos víctimas más fáciles”.

Del resto de los principales estados productores, el Índice de paz México 2019 muestra que Jalisco “registró en 2018 un incremento en la tasa de homicidios de 51 por ciento, mientras que su tasa de secuestro y trata de personas casi se duplicó. Si bien el surgimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación en los últimos 10 años ha disparado la violencia en todo México, ha afectado especialmente la estabilidad de Jalisco”.

Chihuahua, muestra el documento, se encuentra entre los cinco estados menos pacíficos, junto con Guerrero, Colima, Quintana Roo y Baja California. En tanto que Chiapas todavía se mantiene entre las entidades más pacíficas, junto a Yucatán, Campeche, Tlaxcala e Hidalgo.

Al respecto, comenta el secretario Villalobos, el problema de la inseguridad “nos afecta a todos como sociedad, pero claramente la agricultura es una actividad muy expuesta por estar en los territorios rurales. Entre las estrategias para minimizar el impacto de la violencia está la generación de opciones de trabajo”.

Érika Ramírez

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