En una larga sesión, el Consejo Técnico Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aprobó esta tarde la reforma a los artículos 95 y 99 del Estatuto General Universitario, así como los artículos  3, 9 y 10 de los reglamentos del Tribunal Universitario y de la Comisión de Honor.

Sin embargo, dejó de lado el artículo 98 del Estatuto, referente a las sanciones aplicables en contra de quienes violenten sexual, física o psicológicamente a mujeres al interior de los recintos universitarios, una de las principales demandas del movimiento estudiantil que este año ha parado escalonadamente a más de 15 escuelas y facultades.

Las exigencias de las estudiantes en paro incluían que la violencia sexual y de género se considere por la autoridad universitaria como una falta grave, y por tanto posibilite que los agresores sean expulsados de la institución. Dicha demanda surgió del pliego petitorio de las Mujeres Organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras, a la que se sumaron al menos otras 14 colectivas de estudiantes.

Según las autoridades, en la modificación que se aprobó esta tarde al artículo 95 ya se reconoce y sanciona la violencia de género y la discriminación. Sin embargo, el movimiento estudiantil feminista había pedido la reforma al artículo 98 para garantizar que los agresores –incluidos violadores sexuales– no regresen a las aulas tras ser sancionados con amonestaciones verbales o la separación temporal del cargo.

Al respecto, el rector Enrique Graue –quien durante el proceso de reelección se había comprometido a luchar contra la violencia de género– “justificó” la omisión al asegurar que “esta propuesta no llegó a tiempo”, aunque “hay que considerarla”.

Ante esto, Mujeres Organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras reiteraron –en un comunicado– que el Consejo debe tomar en cuenta la propuesta de aplicar sanciones específicas.

Y es que lo que se solicita es que en ese artículo se incorporen sanciones como la rescisión de contrato y la expulsión definitiva de la UNAM, de acuerdo con la gravedad del hecho denunciado y al amparo del Protocolo de Atención a Casos de Violencia de Género. Además, la reforma incluía la posibilidad de tener agravantes y otras sanciones de tipo restaurativo para quienes fueran encontrados responsables de hostigador o acosador sexualmente.

En la reunión del Consejo Universitario se recordó a las personas presentes que fueron las compañeras organizadas de la Universidad quienes “han luchado porque se reconozca y sancione la violencia de género” en la legislación de la institución, “porque no pueden ser estáticos y deben ser adaptables a las exigencias de las comunidades […] sigamos construyendo una universidad que resuelva los problemas y no los niegue, y –enfatizó– que los resuelva no sólo en el discurso, sino en los hechos”.

Otras reformas

Uno de los artículos que el Consejo Universitario sí reformó es el 99, cuya modificación radica en que se garantice la existencia de “la paridad de género en el Tribunal Universitario”. Sin embargo, en este tampoco se tomó en cuenta la exigencia de las Mujeres Organizadas de la UNAM sobre integrar un tribunal especializado para los casos de denuncias formales de violencia de género.

Al respecto, Jorge Linares, director de la Facultad de Filosofía y Letras, recalcó que es “muy importante avanzar en esto [el tribunal especializado, pues] aún hay fallas y sanciones que no han sido especificadas en el Estatuto General”.

Al respecto, uno de los miembro de la Comisión de Legislación Universitaria indicó que “no se descarta dicha propuesta. No se trata de dos propuestas enfrentadas, sino que tenemos que sumar; tenemos la enorme responsabilidad de no excluir, una vez más, a una parte de la universidad. Esta vez nadie pretende dar carpetazo. La propuesta no se limita a asunto jurídico, sino que es un asunto vital para universitarios y, especialmente, para mujeres de nuestra institución”.

Otros cambios realizados esta tarde son los de los artículos 3, 9 y 10 de los reglamentos del Tribunal y la Comisión de Honor, que se enfocan en tener paridad de género dentro del Tribunal: las integrantes tendrán que pertenecer a la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y Acatlán, se estableció.

Pese a que aún prevalece el conflicto y no se aprobaron sanciones más severas para quienes violan, hostigan o acosan al interior de los recintos universitarios, el rector Graue Wiechers calificó de “histórica”  la modificación de uno de los documentos con mayor jerarquía en la legislación universitaria, pues de éste se derivan reglamentos, lineamientos y protocolos. Habrá paridad en consejo universitario.

Jordana González y Karen Ballesteros