El ponente-ministro Luis María Aguilar Morales “se ha empecinado en seguir proponiendo a sus pares proyectos de sentencia que de una u otra forma atentan contra los medios de información que se atreven a revelar información que los políticos no quieren hacer pública… Lleva tres propuestas en el mismo sentido y cada vez más agresivas… por la publicación de un reportaje que reveló parte del patrimonio del entonces aspirante presidencial panista Ricardo Anaya”. Se supone que Aguilar Morales esté actuando así porque El Universal publicó en abril del año pasado un informe del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en el cual se expuso que durante la administración de Aguilar Morales, éste autorizó la construcción de un Centro de Justicia Federal que pone en riesgo de demanda al CJF por gastos no recuperables.

De acuerdo con el análisis del propio Consejo, “el organismo no cuenta con recursos para continuar con los compromisos de obra pública que suscribió durante la gestión del expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Aguilar Morales), por lo que quedaron obras inconclusas; esto, a pesar de que en ese mismo año el CJF tuvo un subejercicio de casi 5 mil 500 millones de pesos en su presupuesto”. Así es que Aguilar Morales como el ministro Alberto Pérez Dayán han estado en contra de la constitucionalidad de las libertades de prensa y, abunda el editorial de El Universal (24 de febrero de 2020), “estimamos que la decisión del ministro Aguilar Morales no es interpretar la Constitución en función de un caso concreto, sino afectar a un medio de comunicación que publicó información acerca de su gestión al frente de la Corte”.

El asunto es que desde la Presidencia lopezobradorista, por el propio López Obrador, y desde el Poder Judicial, por estos dos ministros, se ha desatado una campaña para tratar de censurar a los medios de comunicación a fin de tener el camino libre para que esos dos poderes puedan hacer lo que les venga en gana. Este nuevo régimen que incluye a los tres Poderes, quiere suprimir la democracia para poder imponer sus programas sin que medie ni la información ni muchos menos la crítica, ya que ambas son un límite a los excesos de los poderes.

Así que se ha estado tramando la manera de reinaugurar el viejo autoritarismo para impedir que la opinión pública, individual y colectiva, esté cotidianamente informada. Y se busca el primer eslabón para iniciar un ataque a toda la prensa escrita que cumple con su deber de ejercer las libertades de expresión. Con la populista consigna de que es un gobierno para el pueblo y que López Obrador sabe lo que le conviene y que monta en cólera contra quienes lo critican e informan de sus actos, es que tiene el huésped de Palacio Nacional una sistemática censura con descalificaciones y su mismo bolero de que son los “conservadores” quienes lo cuestionan, con el objetivo de ver si su “cuchillo que no corta” logra que los periodistas cedan a las embestidas.

Así que El Universal ha estado exhibiendo cómo la Suprema Corte tiene a dos ministros  dedicados a encontrar la coyuntura para que sus tesis contra la prensa prosperen, y lograr silenciar la información e impedir la crítica. Las cuales son indispensables para mantener los límites a los gobernantes que quieren desterrar a quienes ejercen sus derechos. Debemos estar pendientes para que eso no ocurra; de lo contrario, las embestidas de la Corte y de la Presidencia de la República pueden sentar un precedente autoritario. Ha hecho lo correcto El Universal al cuestionar lo que hacen los ministros que quieren acabar con las libertades de todos los mexicanos, ya que si prospera contra la prensa, bien siguen los ciudadanos.