La violencia generada por el narcotráfico desborda por toda América Latina. El origen del problema se encuentra en Estados Unidos. También ahí se dictan las “estrategias” del supuesto combate que han fracasado y que han permitido la instalación de bases militares de ese país por todo el continente
María Julia Mayoral / Prensa Latina
La expansión del tráfico de drogas, armas y personas, con frecuentes y letales episodios de violencia, lacera a la mayoría de los países latinoamericanos, pese a millonarios gastos en dispositivos de seguridad contra el crimen organizado.
Un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ubica específicamente a Centroamérica entre las zonas más inseguras del planeta por hechos atribuidos a narcotraficantes y grupos de pandilleros.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) precisó que la violencia del narcotráfico asola a Guatemala, Honduras y El Salvador, integrantes del llamado Triángulo Norte Centroamericano.
Según el Informe mundial sobre las drogas 2010, el Triángulo Norte del istmo posee por ese concepto la tasa de asesinatos más elevada del mundo junto a altos índices en otras formas delictivas.
Datos del gobierno mexicano acreditan tendencias similares en esa nación, con un saldo superior a los 40 mil homicidios desde diciembre de 2006 hasta la fecha.
Reunidos en la capital salvadoreña, los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) reiteraron a inicios de junio la necesidad de afrontar de manera conjunta el fenómeno del crimen organizado.
En el escenario continental abundan los reportes sobre detenciones de capos y decomisos de estupefacientes, pero también crecen los cuestionamientos sociales por el auge de la inseguridad, como ilustran las actuales marchas de protesta en México.
Hasta el momento, la mayoría de las estrategias gubernamentales contra el narcotráfico poseen un alto componente militar junto al empleo de otros instrumentos represivos, incapaces por sí solos de eliminar o contrarrestar el flagelo.
Los recientes hallazgos de decenas de cadáveres en fosas clandestinas, adjudicadas a grupos vinculados a la droga, en México y Guatemala, denotan la gravedad del fenómeno.
En el caso de México, los más de 200 cuerpos fueron inhumados en un rancho del municipio de San Fernando, Tamaulipas; es decir, en el mismo sitio donde en agosto de 2010 un grupo de narcotraficantes masacró a 72 inmigrantes indocumentados.
La secretaría mexicana de Seguridad Pública admitió que aquella región es campo de batalla entre los cárteles de Los Zetas y del Golfo, en disputa por el control de rutas para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Análisis de JIFE avalan que Estados Unidos continúa siendo el mayor consumidor de drogas y el principal destino de las remesas provenientes del narcotráfico internacional.
A raíz de la matanza en Guatemala, también acreditada a Los Zetas, el gobierno de ese país destacó que el narcotráfico se ha globalizado y es preciso adoptar una estrategia de lucha regional para combatirlo.
Poco después del asesinato de los 27 campesinos en el Petén guatemalteco, los presidentes Daniel Ortega (Nicaragua), Álvaro Colom (Guatemala), Mauricio Funes (El Salvador) y Porfirio Lobo (Honduras) pidieron a la comunidad internacional “un decidido apoyo”.
El texto subraya que la inseguridad, la incidencia de la criminalidad organizada, constituyen graves amenazas para los pueblos y gobiernos centroamericanos.
Según trascendió en la reciente Asamblea General de la OEA, gobiernos del área solicitarán a Estados Unidos, Europa y a otros posibles “donantes”, un apoyo financiero de 900 millones de dólares para la lucha antidrogas.
La petición descansa en una veintena de proyectos que serán examinados a fines del presente mes en Guatemala durante la primera conferencia internacional de apoyo a la estrategia de seguridad regional, organizada por la secretaria general del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica).
El canciller salvadoreño, Hugo Martínez, explica que la estrategia tendrá al menos cuatro áreas orientadoras de la política de seguridad: prevención, persecución del delito, reinserción y rehabilitación.
En cuanto a aportes monetarios, el presidente estadunidense, Barack Obama, prometió 200 millones de dólares, durante su primera gira por Latinoamérica en marzo último; pero al parecer no será un dinero extra, sino el reajuste de lo previsto.
“Para Estados Unidos representa revisar aproximadamente 200 millones de fondos bajo la Iniciativa de Seguridad Regional para América Central (CARSI, por su sigla en inglés) para adaptarse a las condiciones cambiantes”, aclaró la Casa Blanca en nota de prensa.
En tanto, la Iniciativa Mérida, considerada por JIFE como un programa plurianual de cooperación en materia de seguridad en el que participan Estados Unidos, México y países de América Central, cuenta con millonarias asignaciones, pero su eficacia resulta cuestionable.
Para 2008 y 2009, el gobierno estadunidense aportó alrededor de 1 mil 300 millones de dólares para financiar esa Iniciativa, reseñó JIFE.
En opinión de expertos, la guerra antidrogas es otra de las acciones de Estados Unidos fuera de su territorio, que comenzó hace 40 años, intensificó en la década de 1980 en Colombia y se trasladó desde principios de 1990 a México.
Citado por el periódico El Universal, de Colombia, el investigador Antonio Payán, de la Universidad de Texas, en El Paso, calificó de brutal el desgaste sufrido por México debido al ataque contra la delincuencia organizada, considerado inaceptable porque Estados Unidos es “el gran responsable” de la desgracia.
México invierte miles de millones de pesos y pone miles de muertos en una guerra contra las drogas, que en realidad es promovida por Estados Unidos fuera de su territorio, refirió el académico.
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados mexicana divulgó que las ganancias netas anuales del crimen organizado ascienden allí a 7 mil 500 millones dólares, y al menos una cuarta parte de esos recursos sucios son infiltrados al sistema financiero.
De acuerdo con la investigación, la mayor parte del dinero ilícito ingresa en efectivo a través de la frontera con Estados Unidos, a partir de organizaciones presentes en Nueva York, Chicago, Atlanta, Charlotte y Los Ángeles. Actualmente la Administración el Obama impulsa la CARSI para supuestamente contener el trasiego de drogas.
Pero si se toman como referencia el Plan Mérida y los más de 40 mil muertos dejados en México por el crimen organizado, entonces los referentes inmediatos para nada resultan halagüeños.
El secretario adjunto de la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por su sigla en inglés), William Brownfield, explica que la idea del presidente Obama no es eliminar o sustituir la Iniciativa Mérida ni el Plan Colombia (enfilados hipotéticamente contra el narcotráfico).
“El propósito es crear una nueva estructura, un tipo de sombrero por encima de todas las iniciativas ya existentes, aceptando que hay amenazas compartidas entre América Central, Colombia y México”, comenta el funcionario.
Se refiere así a los esfuerzos del Sica en esta materia, al Plan Colombia (iniciado en 2001 con aporte de unos 6 mil millones de dólares de Washington) y a la Iniciativa Mérida (ideada por la administración de George W Bush en 2007, con asignación de 1 mil 400 millones de dólares). Sin embargo, la cuestión fundamental no radica solamente en la disponibilidad de dinero, sino en el destino de los recursos.
Para el presidente Funes, se equivocan quienes piensan que el problema del narcotráfico es exclusivo de México y Centroamérica.
“Los grandes mercados consumidores no son precisamente nuestros países y las mayores inversiones de lavado del dinero no se realizan en nuestra región”, recuerda.
Eso es lo que debe entender la comunidad internacional “y particularmente Estados Unidos” cuando insiste en apoyarse en los países de la región para enfrentar al crimen organizado y el terrorismo, considera el dignatario.
Centroamérica experimenta un proceso complejo de inseguridad, pobreza y atraso, con economías altamente dependientes y frágiles, opina.
De ahí la importancia de fomentar políticas de redistribución del ingreso y de generación de empleo, expone Funes.
Narcotráfico y terrorismo de Estado
El supuesto interés de la Casa Blanca por el narcotráfico externo genera temores por el historial de agresiones militares, golpes de Estado y maniobras subversivas que tipifican sus relaciones con el resto del continente.
Para estadistas como el venezolano Hugo Chávez, Washington utiliza la supuesta lucha contra el narcotráfico para tratar de derrocar gobiernos y violar la soberanía de los países latinoamericanos.
Tanto Venezuela como Bolivia se vieron obligadas a prescindir de la cooperación de la DEA.
En septiembre de 2008, el presidente boliviano, Evo Morales, expulsó al embajador estadunidense Philip Goldberg, por sus vínculos con opositores que preparaban un golpe de Estado, y dos meses después suspendió la asistencia de la DEA, impugnada por apoyar a grupos divisionistas.
Citado por el Diario de las Américas, el general Douglas Fraser, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, señaló que el incremento de la presencia militar de su país en Latinoamérica responde a “un desafortunado grupo de circunstancias”.
Entre ellas incluyó el tráfico de drogas y personas, unido a probables éxodos masivos de poblaciones azotadas por fenómenos naturales.
Sin contar otros instrumentos bélicos, la potencia norteña aumentó el despliegue de tropas en Centroamérica y el Caribe, así como el número de bases militares en Colombia y Panamá.
Al evaluar el tema, el líder cubano Fidel Castro pronosticó en noviembre de 2009 que de producirse el ascenso de un sector más derechista en el Poder Ejecutivo estadunidense y de gobiernos aliados con igual signo en América Latina, la región sufriría negativas consecuencias.
Entonces, “se vería con toda claridad lo que significan esas bases militares absolutamente injustificables que hoy amenazan a todos los pueblos de Suramérica con el pretexto de combatir el narcotráfico”, alertó en un artículo publicado el 11 de noviembre de 2009 en Cubadebate.
“Un problema –agregó– creado por las decenas de miles de millones de dólares que desde Estados Unidos se inyectan al crimen organizado y a la producción de drogas en América Latina.
“Cuba ha demostrado que para combatir las drogas lo que hace falta es justicia y desarrollo social”, constató.
“En nuestro país, el índice de crímenes por cada 100 mil habitantes es uno de los más bajos del mundo. Ningún otro del hemisferio puede mostrar tan bajos índices de violencia”, recordó.
Durante la reciente reunión de la OEA, el canciller de Bolivia, David Choquehuanca, y los representantes de Ecuador, María Isabel Salvador, y de Nicaragua, Denis Moncada, también subrayaron la relación de la miseria y la inequidad con la violencia social.
“Únicamente mediante la eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y los ingresos, junto con la plena participación de los pueblos en sus decisiones, se podrán combatir los orígenes de la inseguridad ciudadana”, afirmó Choquehuanca.
