Siempre rodeado de guardaespaldas después de aquel secuestro que sufrió hace ya algunos años, Alfredo Harp Helú, aún presidente del Consejo de Administración de Citigroup-Banamex, recupera gradualmente su presencia en los medios de comunicación. Desde hace unos meses, el también dueño del equipo de béisbol Los Diablos Rojos ha accedido a aparecer en algunos actos públicos después de que diera a conocer que se concentraría en el deporte, en labores altruistas y, por supuesto, en sus negocios personales.

Sin embargo, también se da como un hecho que Harp Helú aún participa en el Consejo de Administración del corporativo financiero más poderoso del mundo, pues después de la venta de Banamex a Citigroup se informó con bombo y platillo que dos mexicanos: Harp y Roberto Hernández se integrarían al directorio del gigante bancario, pues una parte del acuerdo de compra por más de 11 mil millones de dólares incluía el intercambio de su participación en Banamex por acciones del grupo estadounidense.

Sin embargo, el fundador, junto con Roberto Hernández, de la casa de bolsa Acciones y Valores (Accival), ha dejado de compartir desde hace dos años la mesa en la que se toman las decisiones del corporativo estadounidense.

Resulta que en marzo del 2003, el consejo directivo de esa institución decidió reelegir a todos los miembros de su consejo, a todos con excepción del banquero mexicano Harp Helú y de Reuben Mark, de Colgate Palmolive.

De acuerdo con los resolutivos de la asamblea de accionistas de 2003 y 2004, Alfredo Harp –luego de la venta de sus acciones en el grupo financiero Banamex-Accival– controlaba en Citigroup al cierre del 2003, 17 millones 134 mil 285 acciones comunes, mientras que Roberto Hernández detentaba 19 millones 461 mil 525 títulos, un poco menos de los 22 millones 777 mil 290 que son propiedad del presidente del grupo estadounidense, Sanford I. Weill.

En 2004, Roberto Hernández mantenía el mismo volumen de acciones mientras que Sanford disminuyó su participación a 16 millones 772 mil 989 títulos.

Los accionistas de Citigroup en el mercado no fueron informados sobre las razones por las que Harp Helú y Reuben Mark, este último participaba en el Comité de Auditoría, no fueron reelectos en su consejo de administración. Roberto Hernández, en cambio, sí fue reelecto para el periodo 2004 y hasta le fecha no hay señales de cambio, según el acta de asamblea del grupo estadounidense de marzo de 2004.

La prensa estadounidense, en cambio, dio cuenta de la decisión de Reuben Mark de dejar el consejo de Citigroup ante los desacuerdos que manifestó en el proceso de cambio de algunos ejecutivos del corporativo.

En 2003, Citigroup informó a sus accionistas del mercado de valores que Alfredo Harp recibió una compensación de un millón 830 mil dólares por concepto de gastos vinculados con costos de transporte aéreo para él y para ejecutivos del grupo. La compensación para Hernández en este mismo rubro fue de un millón 35 mil dólares. En 2004, la compensación para Roberto Hernández, quien aún se mantiene en el consejo de administración de Citigroup, fue de más de 1.5 millones de dólares.

En los pasillos de las oficinas directivas Banamex y de la casa de bolsa Accival se comenta que la salida de Alfredo Harp Helú responde a una clara estrategia del “duo dinámico”, como se le conoce a ambos mexicanos, de no congelar su intensa actividad en los mercados bursátiles con una participación directa en el consejo de administración de Citigroup.

Pues resulta que con la aplicación desde 2002 de la nueva Ley Sarbanes Oxley, en Estados Unidos se incrementó la vigilancia sobre las actividades e inversiones de consejeros y directivos de casas de bolsa, con el propósito de evitar fraudes y uso de información privilegiada como sucedió en el caso de Enron, lo que pondría una atención especial en torno de Hernández y Harp por parte de autoridades estadounidenses, pero de confirmarse la planeación de la salida de este último, habría que estar pendientes de los siguientes movimientos financieros de ambos.

Sin embargo, exdirectivos de Banamex aseguran que Citigroup cortésmente “desinvitó” a Roberto Hernández y a Alfredo Harp a su consejo de administración después de los graves problemas que enfrentó el banco estadounidense con el Fobaproa y que lo mantuvo en la incertidumbre por varios meses, circunstancia que podría reanudarse de ganar Andrés Manuel López Obrador la Presidencia de la República, pues ha sido este tabasqueño uno de los principales impugnadores del fraudulento rescate bancario y el más beneficiado del mismo fue precisamente Banamex.

Fraude millonario a Pemex

Hace unas semanas escribimos en esta columna cómo el secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, habría ordenado el año pasado archivar un expediente por supuesta corrupción en Pemex Petroquímica, que involucraba a servidores públicos y políticos panistas en violaciones constitucionales, omisiones y daño patrimonial a Petróleos Mexicanos por más de 200 millones de pesos.

Lo anterior sustentado en un documento clasificado como “confidencial” por el Órgano Interno de Control en Pemex Petroquímica y reservado sin fecha de apertura, en donde se explica la maquinación de un cuantioso fraude cometido en esa paraestatal por quien fuera abogado general de Pemex, el panista José César Nava Vázquez, en colusión con el exalcalde de de Coatzacoalcos, Veracruz, Marcelo Montiel, actual legislador panista en el Congreso local.

Como se recordará, el abogado Nava Vázquez fue despedido de Pemex después de ser el artífice de la elaboración del escandaloso convenio laboral que firmó el exdirector general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, con el sindicato petrolero, y en donde se había autorizado la entrega de cuantiosos recursos al líder Carlos Romero Deschamps para su manejo y uso discrecional.

Según documentos oficiales del Órgano Interno de Control, este fraude se fraguó en contra del erario público por funcionarios petroleros encabezados por el abogado Nava Vázquez, aprovechando el fracaso privatizador de plantas petroquímicas de Pemex.

Sin embargo, ese abogado sostiene que él si atendió el caso, pero se deslinda de todas responsabilidades y sostiene que fue una operación transparente y limpia, en donde nadie cometió fraude. Y esto viene a cuento porque César Nava se ha incorporado a la campaña por la candidatura panista a la Presidencia de la República del “ecologista” Alberto Cárdenas, quien renunció a la Semarnat en busca de un sueño guajiro que alguien le hizo creer que puede ser presidente, pues al fin de cuentas si Fox pudo porque él no.

Respuesta de Nava Vázquez

Este es el documento enviado a esta columna por José César Nava Vázquez para explicar cómo se armó la privatización de la petroquímica de Pemex, cuyo título es “La formación de las empresas filiales de Pemex Petroquímica y el pago del impuesto traslativo de dominio”:

1. En 1977, el gobierno federal instrumentó la estrategia para constituir las siete empresas filiales de Pemex Petroquímica, como sociedades mercantiles, bajo la modalidad de sociedades anónimas de capital variable.

2. Para ello, fue necesario cometer al Congreso de la Unión diversas reformas a ordenamientos en la materia, dentro de los que destacaron las recaídas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo petrolero, que en su artículo 3º ya reformado define los productos que conforman la petroquímica básica y por exclusión los que componen la petroquímica no básica. Estos últimos son susceptibles de ser producidos y comercializados por la iniciativa privada, toda vez que no forman parte de la industria petrolera estatal.

3. A mediados de 1997, se constituyeron las siete empresas filiales de Pemex Petroquímica: Morelos, Pajaritos, Cangrejera, Cosoleacaque, Camargo, Tula y Escolín, las tres primeras domiciliadas en el municipio de Coatzacoalcos y la cuarta en Cosoleacaque.

4. En ese año, Pemex Petroquímica omitió el pago del impuesto traslativo de dominio.

5. En marzo de 2002, los municipios de Coatzacoalcos y Cosoleacaque, Veracruz, requirieron mediante procedimiento administrativo de ejecución, el pago del impuesto traslativo de dominio generado al momento de aportar los bienes de Pemex Petroquímica al capital social de las empresas filiales constituidas en 1997, trabando embargo sobre la negociación, predio, edificaciones y cuentas bancarias de las cuatro empresas filiales domiciliadas en dichos municipios.

6. Las cantidades reclamadas por los municipios, incluyendo el monto principal y los recargos, multas y actualizaciones fueron los siguientes en números redondos para las empresas filiales: Morelos, 570 millones; Pajaritos, 242 millones; Cangrejera, 72 millones, y Cosoleacaque, 72 millones, que da un total del reclamo de 956 millones.

7. De manera inmediata se hicieron sentir los efectos negativos de los embargos trabados contra las cuatro empresas filiales. Las actividades comerciales fueron virtualmente paralizadas, incluyendo el cobro a clientes y el pago a proveedores, de tal manera que, en caso de prolongarse un par de meses, el embargo podría haber ocasionado pérdidas por varios miles de millones de pesos y, en consecuencia, el cierre de las cuatro empresas filiales.

8. después de un riguroso análisis y ante la negativa de los tribunales administrativos de Veracruz de conceder la suspensión de los actos de los ayuntamientos, se arribó a la conclusión de que en términos de los artículos 115 constitucional, y 52 y 53 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Veracruz, el Impuesto Sobre Traslado de Dominio de Bienes Inmuebles debía ser pagado por las filiales de Pemex Petroquímica.

9. Sin embargo, Pemex consideraba que el monto reclamado era excesivo por lo que, en todo caso, estaría dispuesto únicamente a pagar las cantidades principales, sin pagar multas, recargos ni actualizaciones, postura que fue rechazada por los municipios acreedores.

10. Ante la cerrazón de los ayuntamientos de Coatzacoalcos y Cosoleacaque, el gobierno del estado intervino para acercar a las partes, de tal manera que los ayuntamientos finalmente aceptaron la posición de Pemex.

11. de este modo, los consejos de administración de las cuatro empresas filiales autorizaron el pago principal por una cantidad total de 220 millones de pesos a favor de Coatzacoalcos y 18 millones a favor de Cosoleacaque.

12. La autorización de los pagos mencionados significó un “beneficio” de más de 700 millones de pesos para Pemex Petroquímica.

13. Los acuerdos de autorización fueron debidamente fundamentados en los artículos 10 de la Ley Orgánica de Pemex y 3º de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo Petrolero, los que determinan que la petroquímica no básica no forma parte de la industria petrolera estatal y en consecuencia sus bienes son propios de las empresas constituidas, sin formar parte del dominio público de la federación en términos de la Ley General de Bienes Nacionales.

14. Una vez autorizado el pago, fueron entregados los cheques correspondientes directamente a los dos ayuntamientos y a su nombre, quienes expidieron los recibos correspondientes. En consecuencia, fueron levantados los embargos y las empresas filiales pudieron regresar a sus actividades con normalidad.

Sin embargo, aunque Nava Vázquez sostiene que no hay corrupción en la operación que le costó a Pemex daños por más de 200 millones de pesos, documentos oficiales del Órgano Interno de Control en Pemex sostienen que en esta historia hay graves conflictos de interés y delitos de fraude y prevaricato (abogados que sirven a las dos partes en conflicto) por parte de abogados de Pemex coluditos con funcionarios corruptos de Veracruz, así como abuso de poder, negligencia y omisión de la Secretaría de la Función Pública. Hay una extensa denuncia que también fue archivada de quien fuera abogado de Petroquímica Cosoleacaque, Rogelio Martínez Hernández, pero de eso hablaremos la próxima semana.