A 26 años, la masacre de Aguas Blancas, Guerrero, sigue impune: “la justicia no llega y los responsables continúan sin ser castigados”, acusó la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS). A un día de la conmemoración del atentado – ocurrido el 28 de junio de 1995 y que dejó como saldo 17 campesinos muertos y más de 14 heridos–, recordó que los autores materiales e intelectuales son agentes estatales.

Para la Organización, se “sigue pretendiendo el olvido y la conformidad social con verdades a medias, maniobras políticas y supuesto castigo a encarcelados ya liberados, chivos expiatorios”. Dado que sólo ocurrió la destitución de un cargo público.

La organización ubica como principales responsables al expresidente Ernesto Zedillo; al exgobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer; al general Arturo Acosta Chaparro –ya muerto–. Y como cómplices señalan al poder legislativo local y federal y un aparato judicial federal y local, los cuales garantizaron la impunidad.

“Algunos culpables siguen vivos, otros muertos, pero, aunque mueran, siguen siendo culpables. Y exigimos justicia, verdad y castigo”. Sentenciaron que mientras los miembros de la Organización continúen vivos continuará la exigencia para que la masacre de Aguas Blancas no quede impune.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su Recomendación 104/95, acreditó que el 28 de junio de 1995 se violaron los derechos humanos de 17 personas pertenecientes a la Organización Campesina de la Sierra del Sur, quienes resultaron muertas (cuando menos una en maniobras de ejecución sumaria) de manera intencional por la Policía Judicial Estatal y la Policía Motorizada.

El organismo autónomo indicó en su Recomendación que aquella mañana algunos miembros de la recién formada OCSS se dirigieron a Coyuca de Benítez, Guerrero, para pedir el cumplimiento de las promesas de ayuda para los cultivadores de café. Los campesinos iban en dos camiones de carga: el primero fue detenido en “El Vado” por un grupo de policías y agentes judiciales del estado. Los hicieron descender y, con golpes, los obligaron a acostarse en el suelo, a esperar. Cuando llegó el segundo vehículo el procedimiento se repitió, pero justo antes de concluirlo los policías y agentes judiciales dispararon contra los indefensos campesinos durante casi 20 minutos. Estaban a 3 kilómetros del poblado de Aguas Blancas.

En esta emboscada, 17 campesinos fueron asesinados; catorce heridos. Dos elementos policiacos también resultaron lesionados, con heridas corto-contundentes producidas por arma blanca.

La Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH), perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA), emitió el Informe 49/97 con fecha del 18 de febrero de 1998. En él donde indica que, el 24 de enero de 1996, la Comisión solicitó a los Estados Unidos Mexicanos tomar las medidas cautelares necesarias para proteger la vida e integridad física de todos los testigos de la Masacre de Aguas Blancas, en particularmente de la Sra. Virgilia Galeana García y los familiares de las víctimas.

También sostienen que, pese al nombramiento de un Fiscal Especial para el caso, la investigación mantenía irregularidades. El 25 de febrero de 1996 se había difundido, en un programa de televisión, la videograbación no editada de la operación en Aguas Blancas, probándose plenamente la naturaleza dolosa de la operación, con todos los agravantes de premeditación, alevosía, ventaja y traición.

De igual forma recomendó disponer lo necesario a fin de llevar a cabo una adecuada reestructuración de los cuerpos policíacos y de seguridad pública del Estado, con objeto de ajustarlos estrictamente a lo dispuesto en la Constitución General de la República para el cumplimiento eficaz de su labor de perseguir delitos y dar seguridad a los gobernados y sus bienes.

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