Por décadas, en México ha predominado la inacción oficial ante organizaciones criminales y grandes corporaciones que dañan el medio ambiente. La impunidad de quienes atentan contra los ecosistemas termina por impactar tanto en la calidad de vida de comunidades humanas como en la salud de los hábitats y el patrimonio natural del país, señalan especialistas.
Tan sólo entre 2012 y 2019 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales interpuso 27 mil 32 denuncias por violación a la normatividad ambiental ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Mientras, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública identifica 7 mil 708 delitos ambientales federales entre 2015 y 2019 y 11 mil 758 estatales en el mismo periodo.
Entre 2012 y 2018 se contabilizaron 3 mil 560 delitos ambientales denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR), de los cuales únicamente se investigaron 586.
“Estas cifras deben ser tomadas con mucha prudencia ante la dimensión que adquiere la cifra negra y la falta de reportes en muchos estados”, advierten Inés Arroyo Quiroz y Tanya Wyatt en su análisis Criminología Verde en México, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Por otro lado, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) registra 440 ataques a activistas defensores del medio ambiente entre 2014 y 2019, con un registro de 49 y 42 casos solamente entre 2018 y 2019.
Mientras que en lo que respecta a conflictos ambientales, en 2019 se calculaba que existían más de 500 activos vinculados al acceso al agua, desarrollo de megaproyectos, la minería o la protección de bosques, entre otros.
Estos problemas adquieren un nivel de gravedad especial al vincularse con prácticas de corrupción tanto a nivel federal como estatal, un contexto de violencia creciente relacionado con actividades de organizaciones criminales, capacidades institucionales limitadas para garantizar el acceso a la justicia, señalan los analistas.
De igual manera, afirman que hay muy poca voluntad política para garantizar el acceso a la justicia para comunidades y personas afectadas por delitos y el daño ambiental.
Por ejemplo, mientras en 2012, año en que se incorporan el derecho al medio ambiente sano y el derecho humano al agua en el artículo 4 constitucional, el presupuesto total de Semarnat fue de 54 mil 717 millones 658 mil 406 pesos, en 2020 se redujo a 29 mil 869 millones 450 mil 777 pesos.
“La disminución acelerada de la capacidad presupuestal para el sector ambiental en México representa un factor central para comprender la existencia de altos niveles de impunidad ambiental, lo cual se retroalimenta de inconsistencias y vacíos en la información reportada principalmente por los estados, en gran parte por la corrupción de autoridades”, subrayan.
De esta manera es evidente la inacción oficial ante la violencia provocada por organizaciones criminales o la indefensión de pequeñas comunidades para enfrentar los daños ambientales o los saqueos de recursos generados por grandes corporaciones o megaproyectos públicos.
Lo anterior pone en evidencia la falta de voluntad política. Medir la impunidad ambiental supone reconocer la existencia de una problemática que tiene impacto tanto en la protección de ecosistemas y especies, al igual que en el disfrute del derecho al medio ambiente sano.
Concluyen que entender la impunidad ambiental importa porque este fenómeno retroalimenta las consecuencias de problemas como inseguridad, violencia o corrupción, multiplica el daño a las víctimas y aumenta la vulnerabilidad de quienes previamente lo son por factores de desigualdad socioeconómica, como prevalece en México.
