El fiscal Manuel Granados Quiroz –representante de la Fiscalía General de la República– consideró que existe riesgo de fuga en el caso de los abogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández, David Gómez Arnau e Isaac Pérez Rodríguez, acusados por Juan Collado de los delitos de asociación delictuosa, tráfico de influencias, lavado de dinero y extorsión, mismos que podrían alcanzar hasta 40 años de prisión. Ello, luego de que los indiciados se presentaran sólo de forma virtual a la audiencia 550/2022, ante el juez federal José Rivas González.
En esa comparecencia, el juzgador aplazó la audiencia para el próximo 8 de marzo, e indico que los abogados deberán asistir de manera física y presencial al Reclusorio Norte a dar su versión de los hechos. Quien sí acudió fue el abogado Juan Collado, vestido con ropa color beige, característica del uniforme de los reclusos.
Luego de que los acusados se presentaran de manera virtual, el fiscal Granados Quiroz argumentó que no hay evidencia de que los acusados se encuentren en la jurisdicción, por lo que “estamos ante un elevado riesgo de sustracción de la justicia”. Y añadió que “en caso de que no se encuentren en sus domicilios, podrían sustraerse de la acción preventiva”.
La audiencia se dio tras la consignación del expediente FGR/FECOC/UEIDCSPCAJ/SP036/2021, por parte de la Fiscalía General de la República, a cargo del doctor Alejandro Gertz Manero, y se esperaba que los abogados citados rindieran declaración sobre las acusaciones en su contra que los involucran en los delitos de extorsión, tráfico de influencias, delincuencia organizada, lavado de dinero y corrupción.
Esta averiguación no es la única que mantiene abierta la FGR, pues investiga una supuesta red de complicidades entre servidores públicos de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, despachos de abogados y miembros del Poder Judicial para presuntamente extorsionar a empresarios que enfrentan procesos penales.
Serían por lo menos 10 despachos de litigantes, empresarios y funcionarios de la Consejería Jurídica que aparecen en los expedientes de la FGR por supuestamente establecer una relación de negocios ilícitos durante los primeros tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Según los avances, eso les habría generado ganancias multimillonarias a cambio de entorpecer procesos penales contra delincuentes de cuello blanco, negociar reducciones de condenas y ofrecer el criterio de oportunidad con importantes beneficios para los involucrados.
Fuentes judiciales explicaron a Contralínea que hasta el momento el nombre del abogado y exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, no aparece como indiciado en los expedientes abiertos.
Entre los empresarios y abogados sujetos a procesos penales que habrían aceptado negociar están Alonso Ancira, quien aceptó reparación del daño por 200 millones de dólares que causó a Petróleos Mexicanos por la venta de empresa chatarra de Agronitrogenados; Guillermo Álvarez Cuevas, quien fuera presidente de la cementera y del equipo de futbol Cruz Azul; Juan Collado, por sus acciones en Caja Libertad de Servicios Financieros y un inmueble ubicado en Querétaro con valor de 500 millones de pesos; Carlos Romero Deschamps, exlíder del sindicato petrolero, por fraudes cometidos a Pemex y con las cuotas de los trabajadores, entre otros.
Ayer mismo, el abogado Scherer Ibarra publicó en su cuenta de Twitter que en el caso del abogado Juan Collado, los señalamientos son inferencias de mala fe. Y hoy, en su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador indicó que será la FGR la que determine si el abogado Juan Collado fue extorsionado como afirma o no, pero señaló que para ello se requieren pruebas.
