La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó este día los asesinatos del defensor de derechos humanos José Trinidad Baldenegro y del periodista Armando Linares López. El primero ocurrió el 7 de marzo pasado en Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo (Chihuahua), mientras que el segundo sucedió el pasado 15 de marzo, en Zitácuaro (Michoacán).
Respecto del homicidio del comunicador y director de Monitor Michoacán, la ONU-DH destacó que el 31 de enero pasado ese medio de comunicación había sido atacado y en aquellos hechos fue asesinado otro periodista: Roberto Toledo.
El representante en México de la ONU-DH, Guillermo Fernández-Maldonado, señaló que “persiste una extendida impunidad sobre los autores materiales e intelectuales de los atentados contra personas periodistas, situación que favorece la reiteración de estos actos de violencia. Es urgente redoblar esfuerzos coordinados a nivel federal y local para adoptar medidas preventivas y de investigación capaces de crear un ambiente de seguridad para las personas que ejercen el periodismo en el país”.
En un comunicado, el organismo internacional advirtió que ha documentado el asesinato de cinco periodistas y un trabajador de los medios en México, tan sólo en los primeros tres meses de este año: Alfonso Margarito Martínez Esquivel, en Tijuana (Baja California), el 17 de enero; José Luis Gamboa Arenas, en Veracruz (Veracruz), el 10 de enero; Lourdes Maldonado en Tijuana (Baja California), el 23 de enero; Heber López en Salina Cruz (Oaxaca), el 10 de febrero; y Armando Linares López, en Zitácuaro (Michoacán), el 15 de marzo; y Roberto Toledo, colaborador de un medio de comunicación en Zitácuaro (Michoacán), el 31 de enero de 2022.
Por ello, reiteró su “llamado a las autoridades a que realicen investigaciones prontas y diligentes, donde se agoten las líneas de investigación y determinen los autores materiales e intelectuales, así como los móviles de estos crímenes, que no deben quedar en la impunidad. De forma paralela, se debe avanzar en la atención de las causas estructurales que favorecen estos ataques, para garantizar de manera sostenible la seguridad de quienes ejercen la defensa de los derechos humanos y el periodismo”.
Además, la ONU-DH ha documentado el caso de los periodistas asesinados en 2021: Benjamín Morales Hernández, el 2 de mayo en Sonoyta (Sonora); Gustavo Sánchez Cabrera, el 17 de junio en Tehuantepec (Oaxaca); Saúl Tijerina Rentería, el 22 de junio en Ciudad Acuña (Coahuila); Ricardo López Domínguez, el 22 de julio en Guaymas (Sonora); Jacinto Romero Flores, el 19 de agosto en Orizaba (Veracruz); Manuel González Reyes, el 28 de septiembre en Cuernavaca (Morelos); Daniel Hernández Moncada, el 4 de octubre en Ecatepec (Estado de México); y Fredy López Arévalo, el 28 de octubre en San Cristóbal de las Casas (Chiapas).
Y de los periodistas desaparecidos el año pasado: Jorge Molontzín Centlal, desaparecido desde el 10 de marzo en Santa Ana (Sonora); y Pablo Felipe Romero Chávez, desaparecido desde el 25 de marzo en Guaymas (Sonora).
Respecto de colaboradores de medios de comunicación víctimas de homicidio en el contexto de su labor en 2021, dio cuenta de dos guardias de seguridad que resguardaban las instalaciones de retransmisión del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, fueron asesinadas el 28 de diciembre en San Pedro Tlaquepaque (Jalisco).
Caso de Baldenegro
El organismo internacional también se refirió al asesinato del defensor José Trinidad Baldenegro, atacado en Coloradas de la Virgen por hombres armados, quienes además quemaron su vivienda y su vehículo. “Este crimen se suma a los asesinatos de los señores Julio Baldenegro, en 1986, e Isidro Baldenegro, en 2017, padre y hermano de José Trinidad, así como al asesinato del defensor Julián Carrillo, también ocurrido en Coloradas de la Virgen en 2018”.
Para Fernández-Maldonado, los asesinatos de los tres defensores de derechos humanos en la comunidad de Coloradas de la Virgen en los últimos 5 años reflejan el contexto de inseguridad y violencia en la que viven sus habitantes. El representante en México de la ONU-DH consideró de “vital importancia que las autoridades adopten medidas efectivas para cumplir con su obligación de garantizar la protección y seguridad de las personas defensoras frente a cualquier posible amenaza, amedrentamiento o agresión”.
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