La Auditoría Superior de la Federación detectó posibles daños a la Hacienda Pública Federal por más de 291 millones de pesos que operó la Concanaco Servytur –entonces presidida por Enrique Solana Sentíes–, mediante la entrega de apoyos del Instituto Nacional del Emprendedor, creado en la administración del priísta Enrique Peña Nieto

El Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), creado por decreto presidencial durante la administración de Enrique Peña Nieto, transfirió 294 millones 577 mil 500 de pesos a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (Concanaco Servytur), de los que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 291 millones 393 mil 774.31 de pesos; es decir, el 98 por ciento de los entregados.

De los recursos que debieron estar destinados al apoyo de programas, así como a la adquisición de bienes y servicios en los ejercicios fiscales de 2014, 2015 y 2016, la Concanaco Servytur –entonces presidida por Enrique Solana Sentíes–no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia por lo que se emitieron ocho pliegos de observación por posibles daños a la Hacienda Pública federal.

La ASF inició sus investigaciones tras recibir una denuncia ciudadana en contra de la Concanaco Servytur en la que se acusaba que el organismo “sólo aplicaba un 40 por ciento del total de los 159 millones de pesos a programas reales recibidos del 2014 al 2016” y que “paga a empresas ‘fachada’ el 60.0 por ciento restante para después distribuir estos recursos a la administración de la dirigencia de la Confederación”.

Entre los hallazgos de la Auditoría se encuentra que las empresas Business Coaching Firm, SC, y Rauda Global Consulting Services, SC, a los que se les entregaron recursos millonarios tuvieron como soporte CFDI (comprobantes fiscales digitales por internet) “cancelados”. Asimismo, no se localizaron los domicilios fiscales de EMCO Soluciones de Software, SA de CV, e Innova e Impulso Consulting Group, SC, quienes supuestamente habían prestado sus servicios a la Confederación.

De las revisiones hechas por la ASF también se desprenden promociones de responsabilidades para los ahora exfuncionarios de la Secretaría de Economía que operaba el Inadem.

Cabe destacar que el 13 de agosto de 2019, ya en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que desapareció al Inadem, mismo que había sido encabezado por Enrique Jacob Rocha, bajo el nombramiento del exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, y del expresidente priísta.

Las irregularidades

La muestra fiscalizada fue por el total de 294 millones 577 mil 500 miles de pesos de apoyos otorgados con recursos públicos federales correspondientes a 152 “Convenios de Colaboración” para el otorgamiento de Apoyos del Fondo Nacional Emprendedor, suscritos por el entonces Inadem con la Concanaco Servytur, quien se desempeñaba como organismo intermedio y/o beneficiario.

El máximo órgano de fiscalización del país encontró que el monto más elevado que podría significar un daño al erario asciende a 109 millones 665 mil 951 pesos, “por no presentar la documentación justificativa y comprobatoria del ejercicio de los recursos en los conceptos, montos y porcentajes autorizados, como la relación del gasto y los comprobantes fiscales del ejercicio del recurso realizado por los proveedores contratados”, de 47 proyectos aprobados en 2014.

Además, en este ejercicio se detectaron pagos por 2 millones 979 mil 28.48 pesos a Business Coaching Firm, SC, y Rauda Global Consulting Services, SC, por 7 millones 179 mil 150 pesos. Ambas empresas consultoras tuvieron como soporte CFDI cancelados; “por lo que no acreditó el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Concanaco Servytur”.

Le siguen observaciones por 69 millones 999 mil 40 pesos entregados al organismo empresarial que comprende el proyecto “estratégico” con folio FNE-141126-C-ES-00110528. Este se justificaba como “Programa de apoyo para las microempresas mexicanas para lograr una mayor productividad y competitividad comercial al adoptar nuevas tecnologías de información y comunicación, fomentando el nuevo programa tributario (RIF) Régimen de Incorporación Fiscal para todo el territorio nacional”.

Sin embargo, la ASF presume las irregularidades porque el organismo intermediario no presentó la documentación comprobatoria de la obtención y aplicación de la aportación privada de los beneficiarios finales.

En la aplicación de este proyecto, la Confederación contrató los servicios de EMCO Soluciones de Software, SA de CV, por 2 millones 641 mil 100; sin embargo, al momento en que se llevaron a cabo las auditorías la empresa “no fue localizada en su domicilio fiscal registrado en el SAT [Servicio de Administración Tributaria].

Datos de la Comisión Nacional Bancaria dan cuenta de que EMCO Soluciones de Software, SA de CV, se constituyó en la ciudad de Monterrey Nuevo León el 22 de noviembre de 2012, con duración de 99 años, con un capital social de 50 mil pesos, mediante la escritura pública número 17 mil 771 ante la fe pública del Notario Público número 90.

Sin evidencia documental

La ASF también documenta que el Inadem no le proporcionó, y tampoco fue registrada en el Sistema Emprendedor, la evidencia documental que acreditara que el presidente de Instituto –Jacob Rocha– sometió a consideración el proyecto estratégico, y en su caso, obtuviera la autorización de Ildefonso Guajardo.

Bajo este programa, el Inadem no proporcionó documentación que soporte la logística de la entrega de las 15 mil 86 tabletas, adquiridas a la empresa Celular Milenium, SA de CV, ni de la entrega de recursos a través de supuestos pagos a capacitadores; de ello, se detectó que a 307 personas se les realizaron transferencias bancarias por un importe superior a los 1 mil 600 pesos mensuales establecidos; también, a 672 personas no registradas en el listado de estudiantes proporcionado por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).

Los 66 millones 727 mil 92 pesos que debieron ser ejercidos en 2015 y otros 29 millones 897 mil 814.31 del ejercicio 2016 tampoco presentaron la “documentación justificativa y comprobatoria del ejercicio de los recursos en los conceptos, montos y porcentajes autorizados, como la relación del gasto y los comprobantes fiscales del ejercicio del recurso realizado por los proveedores contratados”.

En este ejercicio fiscal, la ASF también detectó que una de las proveedoras de la Concanaco, Innova e Impulso Consulting Group, SC, a la que se le transfirieron recursos por 1 millón 698 mil 700 pesos tampoco se encontraba en el domicilio fiscal registrado ante el SAT.

El Registro Público de la Propiedad del Gobierno del Estado de Jalisco proporcionó información  a la ASF relacionada con Innova e Impulso Consulting Group, SC, de la que se desprende que supuestamente se constituyó en Guadalajara, Jalisco, el 1 de abril de 2011, con duración de 99 años, con un capital social de 50 mil de pesos, mediante la escritura pública número 23 mil 533 ante la fe pública del Notario Público número 76.

Unos 14 millones 996 mil 800 pesos más, destinados al proyecto FNE-150311-CEST-00123359 “Programa de apoyo para las microempresas mexicanas para lograr una mayor productividad y competitividad comercial al adoptar nuevas tecnologías de información y comunicación, para todo el territorio nacional”. Bajo este concepto se gastaron 8 millones 523 mil 900 pesos en tabletas con la empresa Celular Milenium, SA de CV, de las que no se presentó el contrato correspondiente. También, ejerció recursos públicos por concepto de Gastos de Cámaras sin que contara con la autorización correspondiente.

Para el ejercicio de este proyecto, la Confederación debió abrir una cuenta bancaria “específica” para recibir los recursos públicos federales. Sin embargo, utilizó una a la que se habían canalizado los beneficios de un proyecto aprobado en 2013 con el folio FPYME-130711-C4- 2-0001144 del ejercicio fiscal 2013.

El entonces Inadem no proporcionó evidencia documental de la participación de los alumnos del Conalep; tampoco la documentación que soporte la capacitación impartida y el personal que participó en dicha capacitación, ni cualquier otro documento que evidencie en que consistió y como se llevó a cabo dicha capacitación involucrada en el proyecto FNE-150311-CEST-00123359.

Otra de las irregularidades detectadas por la ASF es que de 30 mil 174 pesos, por no acreditar que la Concanaco Servytur reintegró los rendimientos generados en las cuentas específicas de los proyectos aprobados bajo la modalidad de convocatorias públicas en el ejercicio fiscal 2014, a través de cinco proyectos ejecutados por la Confederación.

Lo mismo ocurrió con 72 mil 488.51 de los que la Confederación no acreditó la reintegración de los rendimientos generados en las cuentas específicas de 14 proyectos aprobados en el ejercicio fiscal 2015. Otros 4 mil 412 del año 2016, correspondiente a los rendimientos de tres de los proyectos operados por la Concanaco Servytur.