Jalisco. Sigilosamente, los jaliscienses aprenden a tirarse al piso cuando escuchan un tiroteo; resguardarse en casa, en la escuela, en la oficina, cuando los cristales de las ventanas estallan y el piso cimbra por la detonación que precede a la humareda y fuego de una granada; o de plano, encomendarse a cualquier santo si acaso quedan atrapados entre disparos cruzados.

 

“Jalisco se convierte en un infierno”, dice Rosaura, una tapatía de ojos color miel, avecindada en La Providencia, una de las colonias más exclusivas de Guadalajara convertida en asiento de capos del narcotráfico, que en los últimos meses vive convulsiones cotidianas. Apenas en septiembre de 2011, allí asesinaron a Javier García Morales, exdiputado priísta e hijo de Javier García Paniagua, descendiente del general Marcelino García Barragán, exsecretario de la Defensa Nacional en la administración de Gustavo Díaz Ordaz.

 

Rosaura, integrante de una pudiente familia de empresarios, relata, con un dejo de espanto, los avatares que la “guerra” oficial contra el narcotráfico ha traído al estado: la disputa del negocio entre los nuevos cárteles contra familias herederas de linajes mafiosos que reclaman su antigüedad, y en medio de ellos, una sociedad civil indefensa desdeñada por las autoridades de todos niveles.

 

Hasta antes de los aparatosos narcobloqueos del 9 de marzo pasado, el gobierno federal, encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, y el estatal por González Márquez, habían minimizado los brotes de violencia e inseguridad que se han generalizado en Jalisco y que vislumbra para el estado un ambiente de violencia desbordada como se vive hoy, de manera más evidente, en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz.

 

“Parecía que Jalisco era una entidad en relativa calma. Eso parecía, porque no se informa lo que pasa en realidad, que en ciudades, barrios, pueblos, la gente vive amenazada, aterrada, sometida por el crimen organizado. La realidad supera lo poco que se difunde en los medios, pero el problema ha crecido tanto, que ya no lo puede esconder, aún cuando desde la Presidencia de la República o desde el gobierno del estado sigan diciendo que no pasa nada, que todo está bajo control”. El de la voz es Marco Antonio Núñez Becerra, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara, quien coordina los trabajos de la sociedad civil jalisciense adheridos al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que dirige el poeta Javier Sicilia.

 

 

 

Jalisco es uno de los estados con más alta influencia del narcotráfico desde la década de 1980, cuando bajo el mando del sinaloense Miguel Ángel Félix Gallardo, el Padrino, surgió el cártel de Guadalajara, que trasegaba ya grandes cantidades de cocaína y mariguana a Estados Unidos. A la postre, basadas en la capital del estado, familias enteras dedicadas al narcotráfico se encumbrarían como los capos más poderosos del país.

 

Dentro del mapa del narcotráfico, Jalisco es territorio especial y fuertemente codiciado, no sólo por su ubicación geográfica, con 342.93 kilómetros de litoral al Pacífico y frontera a seis entidades que conectan a los cuatro puntos cardinales del país: Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Michoacán y Guanajuato, sino por la infraestructura carretera que conecta directamente hacia el centro del país en rutas cortas, lo que sumado a sus condiciones físicas facilita los trasiegos de droga o cualquier mercancía.

 

También porque en la entidad está asentado el tercer aeropuerto más importante del país por afluencia de pasajeros sólo después del de Distrito Federal y de Cancún; pero el segundo en importancia para el transporte de carga aérea sólo después del capitalino. Las incautaciones hechas en sus instalaciones, registradas por la Secretaría de Seguridad Pública dan una idea de la incidencia en el trasiego sobre todo de drogas sintéticas.

 

Además de ser terruño de siembra de amapola y mariguana, Jalisco ocupa el primer lugar en producción de drogas sintéticas, particularmente anfetaminas, y esto se facilita gracias a que es un punto neurálgico de descarga de las materias primas, que vía marítima llegan de los países asiáticos en la ruta Asia-Pacífico. Las zonas rurales y urbanas concentran cientos de narcolaboratorios, en cantidad tal, que de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, Jalisco es la tercera entidad con mayor número de narcolaboratorios del país. Guadalajara y sus municipios conurbados son asiento de fincas y viviendas que albergan esos centros de elaboración de drogas sintéticas que abastecen a México y Estados Unidos, principalmente.

 

Pero además, su capital es todo un paraíso para el lavado de dinero. La economía formal se ha fortalecido en gran parte con el dinero sucio que se blanquea con facilidad en los circuitos financieros de la entidad.

 

El Estudio binacional de bienes ilícitos México-Estados Unidos, elaborado en 2010, por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, señala que Guadalajara es la tercera ciudad de México con mayor flujo de lavado de dinero, sólo después de Monterrey y Culiacán.

 

 “Guadalajara es un paraíso natural para los empresarios que tiene doble cara: la pública, que es de respetados empresarios, y la otra, que es de miembros de la delincuencia organizada, cuya función es lavar el dinero”, explica el jalicinense Dante Jaime Haro Reyes, investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, especialista en temas de seguridad y narcotráfico.

 

Laboratorios farmacéuticos, importadoras, estéticas, talleres mecánicos, transportistas, clubes nocturnos, restaurantes, entre otros giros, están identificadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como compañías fachada mediante las cuales las organizaciones criminales lavan dinero en la entidad.

 

 

Considerados también los cientos de inmuebles identificados como propiedad de familias estirpes de distintos cárteles, desde las casas a nombre de exesposas o familiares de Joaquín Guzmán Loera Guzmán, el Chapo; las de familiares de Ismael Zambada Niebla,el Mayo, o aquellas casonas que a sus 14 de edad sus padres le regalaron a Francisco Javier Arellano Félix, el Tigrillo, el menor de familia integrantes del cártel de Tijuana.

 

Todo Jalisco es una de esas entidades donde es más comprobable, por visible, la tesis del doctor Edgardo Buscaglia, asesor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en temas de seguridad y experto en delincuencia organizada, de que la peor falla de la estrategia de la “guerra” contra el narcotráfico es que no impacta el patrimonio de los cárteles de la droga. Con ello coincide Ramón Martínez Escamilla, doctor en economía por la Universidad de Miramar, San Diego, California, e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien destaca también la urgencia de que se combata el financiamiento de las organizaciones criminales, “y ello por supuesto también incluye la depuración gubernamental de los funcionarios que colaboran en esos ilícitos”.

 

Aún con las detenciones de supuestos líderes del narcotráfico que el gobierno federal ha hecho en la entidad o la muerte de otros de ellos, “las estructuras financieras siguen intactas, lo que significa que en realidad no se está atacando nada”, refiere Haro Reyes.

 

“En los cárteles no hay vacío de poder, no por el hecho de que quiten al gerente quiere decir que acaben con la empresa. Con el hecho de que tomen a uno o dos cabecillas no quiere decir que se pierda la estructura ni que se termine la delincuencia organizada. Lo que es evidente es que mientras no se ataque realmente la estructura operativa, financiera, corporativa, de protección –lo que en realidad se tienen que atacar–, no se estará combatiendo nada”, agrega el jurista, doctor en derecho por la Universidad Ruprecht Karl de Heidelberg, Alemania.

 

—¿Qué advierte para Jalisco de no atacarse el flujo financiero de los cárteles?

 

—Desde luego que si no se desmantelan sus estructuras de financiamiento, seguirán teniendo poder y control y la violencia irá en ascenso, por la disputa que hay por el territorio.

 

 

 

Llama la atención las últimas detenciones de la autoridad federal encaminadas a golpear a las organizaciones que le dieron la espalda al cártel de Sinaloa, revelándose a su control, así parecen las detenciones de Érick Valencia Salazar, alias el 85, a quien la Sedena identificó como líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, y de su lugarteniente Otoniel Mendoza, Tony Montana, el pasado 9 de marzo.

 

Hasta 2010, el cártel de Sinaloa tenía un férreo control de territorio jalisciense, lo que al parecer mantenía la aparente calma en la entidad. A cargo de la “plaza” estaba Ignacio Coronel Villarreal, Nacho Coronel, identificado como el tercero al mando en la estructura de la organización que dirige Joaquín Guzmán Loera (el segundo es el Mayo).

 

Pero la muerte del también llamado Rey del cristal, el 29 de julio de 2010, a manos del Ejército en su lujoso condominio de Colinas de San Javier, en Zapopan, fue un parteaguas. A partir de entonces, parafraseando a los lugareños, “en Jalisco los demonios se desataron”.

 

“A partir de aquel día se dio una atomización de los cárteles, cayeron liderazgos, se rompieron alianzas y entonces cada operador quiso tomar el control defendiendo sus propios intereses, y es esa escisión y disputa lo que padecemos hoy”, explica Haro Reyes.

 

En esa atomización, Los Valencia, o el llamado cártel del Milenio, conocidos desde la década de 1990 como los “reyes de las drogas sintéticas”, antaño asociados al cártel de Sinaloa rompieron su alianza tras la muerte de Nacho Coronel.

 

 

Fracturada la sociedad, de esa escisión surgieron el cártel de Jalisco Nueva Generación y como sus antagónicos, La Resistencia, que buscó alianzas con el cártel del Golfo, con La Familia Michoacana y con Los Zetas, de acuerdo con datos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

 

En sus primeros meses, al cártel de Jalisco Nueva Generación lo dirigió un sobrino de Nacho Coronel, Martín Beltrán Coronel, el Águila, detenido en julio de 2011, también en Zapopan. La organización anunció su presencia en mantas y en videos en internet en los que se autodenominaron como Matazetas, atribuyéndose la ejecución de 32 hombres en Veracruz, en octubre de 2011, cuyos cadáveres fueron tirados en la zona conurbada Boca del Río-Veracruz. Pronto Los Zetas les devolvieron la afrenta, en noviembre arrojaban 26 cadáveres en el centro de Guadalajara y colocaban también mantas alusivas al gobernador González Márquez.

 

Desde antes de la muerte de Nacho Coronel, hubo grupos que decidieron no aliarse con el cártel de Sinaloa, como los Güeros, que asociados con Los Zetas, entre Jalisco y Guanajuato coordinaban trasiegos de droga de Colombia y Perú.

 

La Sedena identifica en Jalisco la presencia de seis cárteles que hoy se disputan el control: el cártel de Sinaloa (o del Pacífico), el de Jalisco Nueva Generación, el de la Resistencia, el de La Familia Michoacana, el de Los Caballeros Templarios y la organización de los Beltrán Leyva, alguno de éstos asociaciones o en alianzas temporales con otros grupos con mayor influencia a nivel nacional como Los Zetas.

 

El cártel de Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, extendió su área de operación a Nayarit, Michoacán, Colima y Guanajuato, pero también, mediante videos en internet, la organización anunció su presencia en Veracruz, con los 35 cuerpos que, como ya se mencionó, arrojaron en Boca del Río, en 2011.

 

El municipio de Zapopan es el principal bastión del cártel de Jalisco Nueva Generación, desde hacía décadas, era uno de los municipios con mayor influencia de los Valencia. Los registros de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dan cuenta de numerosas fincas y ranchos de ese grupo usados también como casas de seguridad y laboratorios. En una de las incautaciones a ese grupo, en 2010, por ejemplo, se hallaron armas de alto poder, incluídas lanzagranadas, municiones, vehículos, joyas.

 

 

 

 

En Jalisco hay un reclamo ciudadano que va en el sentido de que el gobernador Emilio González Márquez se ha negado a reconocer públicamente que la violencia y el nivel de operación de los cárteles rebasa por mucho a las autoridades por la filtración en las áreas de gobierno.

 

Las operaciones de la Sedena al margen del Ejecutivo estatal son para los jalisciences indicativo de la desconfianza en la administración de González Márquez.

 

Para los analistas, la falta de coordinación entre las autoridades federales con el gobierno del estado es para los analistas de la Universidad de Guadalajara sintomático de la falta de confiabilidad en el gobierno.

 

“Es muy significativo que en los operativos del 9 de marzo [de 2012] se mantuvo al margen al gobierno del estado. El Ejecutivo federal envía al Ejército a que operen sin avisar a las autoridades estatales por obvias razones de que las corporaciones policiacas y algunas de procuración de justicia se encuentran coludidas, indiscutiblemente la impunidad está presente, y como ocurrió en este caso, quedó claro la capacidad operativa de los cárteles”, explica Haro Reyes, quien tiene también una especialidad en administración de justicia y seguridad pública.

 

En el operativo del 9 de marzo, por ejemplo, hasta varias horas después de la detención de Érick Valencia Salazar, alias el 85, a quien la Sedena identificó como líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, y de su lugarteniente Otoniel Mendoza, Tony Montana, el gobierno federal le informó al estatal la identidad de los detenidos. Ello lo corrobora una fuente cercana al gabinete estatal.

 

Para las cuatro de la tarde, cuando los narcobloqueos perfectamente sincronizados, sitiaban y cimbraban la ciudad y sus principales accesos carreteros, el fuego sucumbía ya las unidades de transporte –trailers, microbuses y vehículos – usadas para sitiar las calles, pero el gobernador ni siquiera había hecho el llamado a sus ciudadanos para que se resguardaran en sus domicilios. La alerta se difundió por redes sociales o en menajes de celular por quienes estaban cerca de los ataques.

Desde el primer bloqueo, en el cruce de las avenidas Enrique Díaz de León y Maestros, en Guadajalara, donde se incendió un microbús, fue a través de las redes sociales donde los ciudadanos difundían la alerta. Seguirían después los bloqueos de Rayón y Miguel Blanco allí mismo en la ciudad; el de Las Torres y Puerto Guaymas, en Zapopan. Unidades de transporte incendiadas para bloquear las carreteras que llevan a Morelia, a Zapotlanejo, la Guadalajara-Nogales, la que va a Colima.

 

También hubo narcobloqueo en la carretera que lleva a Arandas, en los Altos, región cuyo nombre saltó a las planas de la prensa nacional cuando por intervención de Diego Fernández de Cevallos, el gobierno del estado construyó una carretera (que une a Tepatitlán y Arandas, en los Altos de Jalisco), para que pudiera visitar a Liliana León Maldonado, pareja sentimental del Jefe Diego.

 

La víspera de aquel 9 de marzo cuando el narcotráfico hizo ver su poderío, Guadalajara congregaba a cientos de artistas nacionales y extranjeros que asistían a la edición 27 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Entre realizadores, cineastas, actores y la prensa especializada, el llamado líder moral de Partido de la Revolución Democrática, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano asistía a la exhibición de el Ingeniero, el filme que sobre su vida hizo Alejandro Lubenski.

 

En otro punto de la ciudad, el expresidente Vicente Fox Quesada acudía a Expo Proveedores, aprovechaba el foro para urgir la necesidad de “sacar al Ejército de las calles”.

 

Mientras que algunos ministros de la Iglesia Católica inauguraban en parques y mercados esculturas religiosas cofinanciadas por “el piadoso” gobernador González a través de la Secretaría de Cultura, actos convertidos en mítines en franca campaña electoral para oriental el voto para el blanquiazul.

 

Menos de 20 horas después, el infierno se desataba en Guadalajara, entre llamas sucumbió el cuerpo del chofer que conducía uno de los camiones usados para los primeros bloqueos. Los alaridos del terrible dolor que le produciría el ardor de su carne se diluyeron entre el rugir de las llamas que en pocos minutos consumieron su cuerpo.

 

Desde detrás de las ventanas de sus casas, los jaliscienses veían impávidos la escena. Sus oídos se van acostumbrando al horror. Tampoco eran los primeros bloqueos, los hubo en febrero de 2011, cuando en la víspera del Informe de Gobierno de González Márquez, balaceras, granadazos y narcobloqueos sacudieron la aparente tranquilidad de Guadalajara.

 

 

A cinco años los resultados oficiales de la “guerra” contra el narcotráfico palidecen ante la violencia que prácticamente tiene a estados enteros a merced del crimen organizado. Raptos, levantones o la desaparición de miles de civiles se han registrado a lo largo y ancho del territorio nacional, con mayor incidencia en Coahuila, Nuevo León, Veracruz y Tamaulipas; Jalisco ya no es la excepción.

 

Se trata de un tema que no está en la agenda del gobierno González Márquez, pero para la sociedad civil los casos de los levantados o desaparecidos se han convertido en uno de los capítulos más dolorosos de la historia de la entidad, fenómeno asociados al incremento de violencia e inseguridad, de acuerdo con integrantes y adherentes al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

 

Lo mismo en la pintoresca zona metropolitana, cuya Catedral Basílica de la Asunción de María Santísima es insigne de su majestuosidad como metrópoli, hasta las prolíficas zonas industriales conurbanas; en los primorosos campos de agave, y en los ricos pastizales de Los Altos, muchos civiles, hombres jóvenes han desaparecido sin dejar rastro. Guadalajara, Zapopan, Villa Purificación, La Barca, Tlajomulo, Tequila, Teuchitlán, Yahuala; de Los Altos a la Costa, los pueblos convertidos en un Triángulo de las Bermudas.

 

En el registro de personas extraviadas de la SSP sólo se han reportado 83 casos. Muchachos de 15 a 19 años; treintañeros en su mayoría, cuarenta y tantos el de más edad.

 

Perdidos en medio de una “guerra” sin rumbo, como José Gilberto Navarrete Portillo, de 18 años de edad, un muchacho espigado, alto, de tez morena clara, cara ovalada y ojos medio rasgados. En la colonia Los Olivos se vio enmedio de una balacera, corrió “y lo raptaron”. Como señas particulares tiene una corona en un diente en la parte de arriba del lado derecho. O como Alejandro Dávila, de 30 años de edad, el 6 de octubre de 2011, de la calle Hidalgo, en pleno centro, simplemente “desapareció”.

 

 

En Zapopan desaparecen de la plaza y caminos, de las calles de Guadalajara o en pleno centro; de Zapotlán y Lagos los que van en carretera.

 

Marco Antonio Núñez indica que la incidencia de desapariciones puede ser tan alta como en Coahuila, porque aunque aún no hay un registro total de casos, “la afluencia de familiares que de todos puntos del estado, en diciembre de 2011 acudieron al Servicio Médico Forense para reconocer a uno de los suyos, entre los 26 cuerpos tirados en Guadalajara mostraron que muchos jalisciences han desaparecido en los últimos meses”.

 

Como ocurre hoy en Coahuila, integrantes de la sociedad civil impulsan la creación de un padrón de desaparecidos.

 

Jalisco es, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, una de las 25 entidades del país donde la desaparición forzada aún no está tipificada, lo que complica el que la autoridad asuma su responsabilidad para la búsqueda de esos ciudadanos.

En su informe de su visita a México, la misión de la ONU cita que en el país, en medio de la “guerra” oficial contra el narcotráfico, en los casos de desaparición forzada eufemística y popularmente llamados “levantones”, “las personas son simplemente consideradas ‘extraviadas’ o ‘perdidas’ sin considerar que pudieron haber sido víctimas de una desaparición forzada”. Apenas el 14 de marzo pasado, Ginebra, la ONU le reclamó al Estado mexicano su inacción en los centenares de casos.

 

Su privilegiada ubicación geográfica es hoy la peor desgracia de los jaliscienses, fronteriza con zonas calientes, en términos de las disputas territoriales.

 

Por testimonios recogidos por integrantes y adherentes al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, refieren que los municipios más peligrosos son Guadalajara y sus zonas metropolitanas, que presentan tintes muy crudos de violencia, Tlajomulco y El Salto que muestran mayor penetración de la delincuencia en las estructuras formales.

 

Al igual que Zapopan, que junto con Tlajomulco, son donde se concentran la mayor parte de los narcolaboratorios. En Colotlán, Huejucar, Huejuquilla, Mexquitic, colindante con Zacatecas, los comandos controlan carreteras y caminos. En toda la región de Los Altos, pueblos enteros son sometidos al pago de derecho de piso. En la region Costa del Pacifico de Mexico, de Puerto Vallarta a El Tecuán, colindante con Colima, o Tamazula con Michoacán lo que impera son los levantones, el secuestro y la extorsión.

 

En Vallarta muchos empresarios y comerciantes prefieren pagar el derecho de piso sin denunciar, con tal de evitar más exhibiciones de violencia que desplomen la afluencia de turismo, como ocurre en Acapulco, Guerreo. Vallarta es aún uno de los principales destinos de cruceros de todo el mundo, sin embargo ya ha habido algunos hechos dramáticos que comienzan a inhibir el turismo, como el asalto que sufrieron el 27 de febrero pasado, 22 turistas pasajeros del crucero Carnival Splendor.

 

 

Tal robo ocurrió apenas dos semanas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió una alerta a sus ciudadanos para que evitaran viajar a 14 estados mexicanos, entre éstos Jalisco.

 

Así, frente a un gobernador que se muestra más interesado en transferir recursos y bienes del Estado a la Iglesia, los ciudadanos aprenden a ver y callar, se acostumbran a una cotidianidad de enviarse códigos de alerta y medidas de seguridad por si hay narcobloqueos.

 

En Jalisco, señala Dante Haro Reyes, investigador de la Universidad de Guadalajara, “la delincuencia organizada cada vez recluta más gente, y lo seguirá haciendo porque hay un caldo de cultivo de alta marginación, de descomposición social por pobreza, falta de empleo y de educación. El problema también es que las corporaciones policiacas de todo el país no trabajan de manera ordenada ni coordinada, y mientras se siga trabajando de forma partidista o con un tinte de color, no vamos a avanzar en esta área tan importante que está reclamando la ciudadanía que es la seguridad”.