El 2 de octubre de 1968 fue uno de los días más atroces en la historia de México: la masacre estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas –Tlatelolco– ha dolido e indignado desde entonces a la sociedad mexicana. Pese a las décadas transcurridas, este crimen de Estado aún permanece impune –y muchos de sus autores ya han muerto–; ahora, se espera que la nueva Comisión de la Verdad sobre la Guerra Sucia allane el largo camino por la justicia

A 54 años, la masacre estudiantil del 2 de octubre –ocurrida en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en la Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco– sigue impune. “Los hechos no se han esclarecido por completo, sobre todo en lo que se refiere al número de víctimas y a los responsables que ordenaron la represión y, en ese sentido, la matanza que hubo”, señala el sacerdote jesuita David de Jesús Fernández Dávalos.

Se calcula que ese día más de 300 personas fueron asesinadas. Esta “fue la brutal culminación de delitos que podrían ser considerados contra la humanidad, perpetrados desde el gobierno de México [encabezado por Gustavo Díaz Ordaz, en la presidencia de la República, y Luis Echeverría Álvarez, en la Secretaría de Gobernación] en contra de los estudiantes a lo largo de ese año, caracterizados por las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales que se realizaron durante este periodo, y por la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas que participaron en los hechos”, indica la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el análisis Matanza de Tlatelolco.

Para el sacerdote Fernández Dávalos, la represión del 2 de octubre “fue el disparador para que muchos movimientos políticos y político-militares irrumpieran en el panorama nacional. Fue la constatación de que las disidencias de carácter político no eran toleradas por el Estado autoritario de ese momento y que no había espacios para expresar pacíficamente las demandas y reivindicaciones de los sectores subalternos de los grupos campesinos, obreros de los estudiantes, etcétera, porque eran reprimidos por un Estado autoritario, vigente en ese momento”.

Por su parte, el doctor Carlos Alonso Pérez Ricart indica que el movimiento de 1968 fue el inicio del proceso de democratización de este país. “La transición política comienza el 2 de octubre de 1968”. Ese año,  señala, fue el origen de las reformas políticas, de un nuevo movimiento social. “Su importancia es definitiva, enorme fundamental para la profundización de la democracia en este país”.

Esclarecer el crimen

Para terminar con la impunidad, ahora existe un nuevo esfuerzo para esclarecer éste y todos los crímenes de la llamada Guerra Sucia: la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990. Fernández Dávalos –integrante de dicha Comisión– indica que se sabe, “por múltiples testimonios, que los detenidos de la represión del 2 de octubre fueron dirigidos y recluidos algunos días en el Campo Militar número 1, lo mismo que ocurrió después de la represión del 10 de junio de 1971” [conocida como el halconazo o jueves de corpus].

El sacerdote jesuita fue una de las 61 personas que ingresaron el pasado 23 de septiembre a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para “identificar espacios en los que presuntamente se cometieron violaciones graves a los derechos”. Ahí, “se identificaron indicios y probables sitios en que pudieron haberse cometido violaciones graves a derechos humanos” en las décadas de 1960 a 1990.

Al respecto, señala en entrevista que “el campo militar fue sede de muchas irregularidades. Una de ellas, las oficinas de la Brigada Blanca, que era anticonstitucional. También [fue] centro de reclusión clandestina en la prisión militar y en otras instalaciones del Campo para disidentes de carácter político”.

Acerca de los resultados de esa visita, indica que hay indicios sobre las violaciones a derechos humanos: “fueron espacios de reclusión irregular; en lugar de ser consignados a las autoridades, [los detenidos] fueron fichados, algunos de ellos consignados, golpeados, también con colaboración o anuencia del Ejército de aquel momento”.

Sobre este tema, el doctor Carlos Alonso Pérez Ricart –también integrante de la Comisión de la Verdad– indica que como primeros hallazgos se documentaron 25 testimonios de personas que vivieron tortura y desaparición forzada en dicho Campo Militar número 1. “Quienes participaron en este ejercicio de reconocimiento lograron identificar lozas, marcos de ventanas, y espacios en los que fueron recluidos clandestinamente. Dicha información, aun no es pública, pues se encuentra en proceso de análisis”.

Reconocido como un hecho inédito, esta visita se suma a los reconocimientos en instalaciones castrenses en Oaxaca, Guerrero, Sinaloa y Chihuahua. Pérez Ricart, profesor-investigador en el Departamento de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), explica que pese a estos avances también hay bloqueos. “Tenemos un montón de resistencias. Las políticas están ahí. México vive un momento clave en su relación cívico-militar, como se fundamentará hacia el futuro, en ese marco es que estamos intentando hacer nuestro trabajo, pero evidentemente no se puede disociar de la realidad política actual y la de ese momento”.

Añade que “hay resistencias, tanto en organismos civiles como militares. Hay que irlos sorteando, ir navegando y encontrando aliados, porque así como hay enemigos en todas las instituciones de este país, hay aliados, hay amistades, hay gente de buena voluntad que nos ayuda a conseguir nuestros fines, en donde menos lo espera uno, dentro del mismo Estado”.

La Comisión de la Verdad

Creada en 2021, la Comisión de la Verdad investiga los crímenes del periodo de la Guerra Sucia, “con el fin de que nunca más se repitan violaciones a derechos humanos y se aleje la tentación de gobiernos autoritarios”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El trabajo de la Comisión, explica el doctor Pérez Ricart, sobrepasa la parte militante y la contrainsurgencia. “No solamente estamos interesados en el estudio de cómo víctimas políticas o que participaron en movimientos de izquierda o insurgentes fueron reprimidos, sino que tenemos un gran abanico de actores que fueron víctimas: periodistas, gente que por su situación género sexual pudo haber sido reprimida, que por políticas modernizadoras o extractivistas fue desplazada, que se pensó que eran criminales o que fueron adjudicados como criminales y fueron reprimidos, asesinados, desaparecidos. Excede por mucho la parte estrictamente política”.

Por su parte, el sacerdote jesuita David de Jesús Fernández Dávalos explica que la motivación principal de las personas comisionadas que integran el mecanismo de esclarecimiento histórico “es evidenciar, mostrar el pasado de graves violaciones a los derechos humanos que hemos vivido en el país, de suerte que podamos discutirlos en el foro público y dar un paso adelante en la cultura del pleno respeto y plena vigencia de los derechos humanos en el país”.

Añade: “nos motiva que haya un reconocimiento de aquellas equivocaciones que ha habido en la historia y esto nos posibilite tener mejores instituciones, mejores ciudadanos y ciudadanos y un régimen de convivencia democrático, incluyente e igualitario que sea generoso con los hijos e hijas de este país”.