Hasta antes de concluir su mandato el pasado 14 de septiembre, el panista Aispuro Torres obtenía un sueldo de 203 mil pesos al mes por gobernar Durango; es decir, 21 por ciento más que el presidente López Obrador

El exgobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres mantuvo ingresos mensuales por 203 mil 323 pesos hasta el último día en que estuvo en el cargo, de acuerdo con la Ley de Egresos 2022 del estado. Esto supera en 35 mil 706 pesos mensuales el sueldo mensual del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y es que de acuerdo con los anexos del Dictamen de la Ley de Egresos del Estado Libre y Soberano de Durango para el Ejercicio Fiscal 2022, el panista Aispuro Torres obtenía del erario remuneraciones por 113 mil 286 pesos, más prestaciones máximas por 90 mil 37 pesos, cada 30 días. El exmandatario estatal rebasaba en un 21.3 por ciento el sueldo bruto del presidente de la República, quien obtiene 167 mil 617 pesos, según datos del Portal Nacional de Transparencia (PNT). López Obrador tiene cada mes un sueldo base de 46 mil 423  pesos, más una compensación garantizada de 120 mil 109 y un pago de despensa de 1 mil 85 pesos.

Datos de la PNT, al 1 de abril de 2022,  desglosan que el exgobernador del Partido Acción Nacional tuvo percepciones durante el último año de su administración por: bono por desempeño de 28 mil 320 pesos cada 30 días (339 mil 840 pesos anuales); quinquenio, 3 mil 149.36 pesos (37 mil 792.32 al año); deducción del ISSSTE [Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado], 1 mil 10.30 pesos (12 mil 123.6 al año); renta, 42 pesos; transporte, 48 pesos; y 31.64 por seguro colectivo. Además, cada semestre obtiene una prima vacacional por 56 mil 678 pesos, que significaban 113 mil 356 pesos cada periodo fiscal. 

Incidencia en corrupción

Emanado del Revolucionario Institucional (PRI), Aispuro Torres dejó ese partido para ser abanderado por Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo. En 2016, Aispuro Torres enarboló como bandera de campaña el combate a la corrupción y prometió transparentar las cuentas públicas del estado. “Irán a la cárcel los que han lastimado y saqueado a Durango”, decía. 

Un año antes de concluir su mandato, el 83.8 por ciento de personas consideraban que los “los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes” en su entidad federativa, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021.

El documento, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), da cuenta de que la “tasa de víctimas de actos de corrupción” en al menos uno de los trámites realizados por cada 100 mil es de 18 mil 399 personas. 

Magistrados, la otra opulencia 

Además de los recursos destinados al sueldo del gobernador, el anexo a la Ley de Egresos 2022 indica que el Poder Judicial local también goza de sueldos elevados. Del tabulador se desprende que en el Tribunal Superior de Justicia –encabezado por su presidente Ramón Gerardo Guzmán Benavente– hay 19 magistrados que perciben mensualmente 182 mil 115 pesos, correspondientes a: 113 mil 286 pesos de remuneración mensual y 68 mil 829 pesos en prestaciones. El monto supera en 14 mil 498 pesos lo que gana el primer mandatario.  

Los 19 magistrados significan un gasto al erario de 3 millones 460 mil 185 pesos al mes, según los datos oficiales. El Poder Judicial de Durango, dice en su portal, tiene la misión de “impartir justicia pronta, completa, gratuita, independiente e imparcial, a través de la función jurisdiccional y la gestión administrativa”. 

Presume el ejercicio de los “recursos presupuestales ajustándose a los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia, independencia, honradez y responsabilidad social…”.

Principales problemas

La ENCIG 2021 expone que en Durango, el 59.6 por ciento de la población de 18 años y más refirió que “la corrupción es el problema más importante que aqueja hoy en día a su entidad federativa, seguido de la inseguridad y delincuencia con 48.5 por ciento y de la pobreza con 48 por ciento”.

El desempleo ocupa el cuarto lugar en la “percepción sobre problemas más importantes”, con el 46.4 por ciento de la población mayor de edad; le sigue el “mal desempeño del gobierno”, con un 27.3 por ciento y la “mala atención en centros de salud y hospitales públicos”, con el 20.6 por ciento.   

En esta entidad, el 87.5 de la población de 18 años y más percibió que la corrupción es una práctica muy frecuente o frecuente en los policías, seguido de los partidos políticos con 82.5 por ciento, durante el último año de administración panista.

La tasa de población que “tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción fue de 18 mil 399 por cada 100 mil  habitantes”, precisa el documento del Inegi.

Añade que la “tasa de trámites donde la población tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción fue de 50 mil 885 por cada 100 mil habitantes”.