Tras decretar la extinción de Luz y Fuerza del Centro, el entonces presidente Felipe Calderón consintió que la Secretaría del Trabajo –a cargo de Javier Lozano Alarcón– y el SAE obtuvieran una bolsa extraordinaria de 5 mil 917 millones de pesos, al margen del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. Documentos de Hacienda revelan que los recursos públicos se extrajeron supuestamente para atender a los más de 44 mil trabajadores que quedaron en la calle. La desaparición de LyFC fue planeada antes de que el panista asumiera la Presidencia de la República y a espaldas de la sociedad, en el Proyecto de Gran Visión México 2030, plan que buscaba entre otras cosas privatizar el sector energía. Una vez materializado el cierre de la paraestatal mediante el uso de la fuerza, estalló el conflicto de los integrantes del SME que apenas en este sexenio se está resolviendo

El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa aprovechó la extinción de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LyFC) para extraer 5 mil 917 millones de pesos de las arcas nacionales, supuestamente para destinarlos a los más de 44 mil trabajadores que quedaron en la calle desde aquel 10 de octubre de 2009, revelan seis acuerdos de ministración de fondos de la Subsecretaría de Egresos –de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público–, fechados entre noviembre de ese año y julio de 2010.

Los recursos fueron entregados al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae) –encargada del proceso de liquidación de los extrabajadores– y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entonces encabezada por Javier Lozano Alarcón. La multimillonaria bolsa se manejó de forma discrecional, pues no fue aprobada por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de aquel ejercicio.

Los documentos oficiales –obtenidos por Contralínea mediante la Ley de Transparencia– señalan que el destino de los dineros del pueblo sería en beneficio de los miles de electricistas que de la noche a la mañana se quedaron sin fuente de empleo: 5 mil 800 millones de pesos para el pago de las liquidaciones –monto que se transfirió al SAE–, y 117 millones para que la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral les diera atención y capacitación laboral por parte de, de la STPS.

Fue el subsecretario Dionisio Pérez-Jácome Friscione quien autorizó los seis acuerdos de ministración de fondos. El que más recursos implicó es el oficio 801.1.-188(10), del 8 de julio de 2010 a favor del SAE: el documento ordenó a la Tesorería de la Federación entregar 5 mil 800 millones de pesos “con el propósito de contar con recursos para que pudiera continuar con el proceso de liquidación de los extrabajadores de la empresa Luz y Fuerza del Centro (en liquidación)”. Más de 15 mil agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas rechazaron la “indemnización” y estallaron el movimiento de resistencia que perdura hasta ahora.

Los más de 5 mil millones que otorgó de forma urgente el subsecretario no fueron los únicos fondos multimillonarios que operó el SAE. La auditoría de desempeño 10-1-06HKA-07-0977, elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, indica que “para hacer frente a la liquidación” de esa paraestatal, los ingresos fiscales del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes –en el ejercicio 2010– ascendieron a 22 mil 641 millones 853.7 mil pesos.

Pero ahí no paro el manejo de miles de millones de pesos por medio del SAE: “con el flujo operativo de octubre-diciembre 2009 y enero-diciembre de 2010 de LyFC en liquidación (cifras acumuladas a 2010), elaborado por el SAE, se determinó que el costo de la liquidación al 31 de diciembre de 2010 fue de 45 mil 605 millones 737.8 mil pesos”, de acuerdo con la Auditoría Superior.

En su auditoría 16-1-06HKA-02-0088 –de la Cuenta Pública 2016–, el máximo órgano de fiscalización detalla que entre octubre de 2009 y diciembre de 2010, el SAE pagó 12 mil 81 millones 505.5 mil pesos por concepto de “indemnización voluntaria” a 28 mil 750 extrabajadores de la paraestatal. Además, el 30 de agosto de 2010, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dictó el laudo en el expediente IV-239/2009, con el que se aprobó la terminación de las relaciones colectiva e individual de trabajo y condenó al SAE, como liquidador de LyFC, a pagar las indemnizaciones. En esa cuarta etapa de indemnización denominada “Cumplimiento Voluntario del Laudo”, liquidó a otros 1 mil 75 electricistas por 906 millones 305.7 mil pesos en total.

En resistencia se mantuvieron 15 mil 403 electricistas, quienes el 6 de noviembre de 2009 promovieron, a través del SME, la demanda laboral 1267/2009 ante la JFCA. En ésta se reclamaba, entre otras cosas, la reinstalación en sus puestos de trabajo. El laudo lo ganaron los trabajadores el 10 de julio de 2015. Nunca se cumplió y ha sido hasta el actual sexenio obradorista que se empezaron a atender las demandas de los trabajadores.

Además del SAE, la Secretaría del Trabajo pidió a Hacienda recursos millonarios extraordinarios para “dar capacitación” a los extrabajadores de LyFC, “a fin de que puedan encontrar nuevas opciones de empleo y se les dé preferencia tanto en la bolsa de trabajo como en el Programa de Reinserción Laboral”. No obstante, la mayor parte de la atención a los liquidados la otorgaba a Secretaría de Economía.

La primera solicitud se realizó el 13 de noviembre de 2009 y se autorizó (oficio 801.1.-242(10), el 17 de ese mismo mes por Pérez-Jácome. Ese acuerdo de ministración proveyó a la Subsecretaría de Empleo de la STPS 30 millones de pesos.

Con los mismos argumentos se otorgaron los otros cuatro acuerdos de ministración de fondos:

-Oficio 801.1.-67(10), por 39 millones de pesos, y fechado el 29 de enero de 2010.

-801.1.-98(10), por 46 millones, del 9 de marzo de aquel año. A este acuerdo se le agregó como objetivo: “para llevar a cabo los procesos de revisión documental, reclutamiento, selección así como el examen médico para determinar su posible incorporación en otro sector”.

-801.1.-130(10), por 57 millones de pesos, del 12 de abril.

-Y oficio 801.1.-176(10), del 21 de junio de 2010, por 60 millones de pesos.

En octubre de 2006 y a espaldas del pueblo de México, Felipe Calderón Hinojosa planeó extinguir la paraestatal Luz y Fuerza del Centro, como parte de Proyecto de Gran Visión México 2030, que buscaba privatizar sectores estratégicos y bienes de la nación.

En su capítulo “Energía”, el Proyecto de Gran Visión indicaba que era necesario eliminar la Secretaría de Energía, “integrar” Luz y Fuerza del Centro a la Comisión Federal de Electricidad, permitir que Petróleos Mexicanos contara con “participación accionaria del Estado, de fondos de pensión (e) inversión de particulares, sindicatos y otros actores sociales”, y crear la secretaría o el instituto de infraestructura.

Con ello, el gobierno calderonista buscaba “erradicar” lo que consideraba una de  las “distorsiones” del mercado en el sector energético. Y aunque en ese punto los documentos de “Energía” y “Economía” señalaban que se habrían de abolir los “monopolios privados y públicos”, las políticas concretas revelaban que el gobierno federal sólo atacaba los públicos.

La fusión de LyFC con CFE fue impuesta mediante el uso de la fuerza el 11 de octubre de 2009. Ese día fue publicado el decreto presidencial –que firmó Calderón Hinojosa– por el cual se extinguió a Luz y Fuerza del Centro. Desde la madrugada, la Policía Federal tomó por la fuerza todas las instalaciones y los trabajadores electricistas ya no pudieron regresar a su fuente de empleo. A partir de entonces, miles de electricistas salieron a las calles a protestar.

La respuesta del gobierno calderonista no sólo se centró en la defensa de la legalidad, sino sobre todo en la denostación de los trabajadores, a quienes responsabilizó de la crisis financiera que supuestamente enfrentaba la empresa del Estado, y estigmatizó las prestaciones laborales como privilegios onerosos.

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