Lima, Perú. Un conocido político comparó con una escena ucraniana el despliegue de tropas y blindados en Perú, a lo que se agregan 60 muertes en las protestas sociales y más de 200 ataques a periodistas como daños colaterales.
En más de 2 meses de protestas fueron atacados, mayormente por la Policía, 247 reporteros cuando cubrían las manifestaciones, según las estadísticas de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), cuyas quejas y denuncias de poco sirven para solucionar el problema.
La cifra de la ANP consigna los casos registrados hasta el 3 de febrero, sin contar los del día siguiente, cuando un grupo de comunicadores fueron aporreados y al menos dos reporteras resultaron detenidas.
La ANP dio fe de que los comunicadores fueron emboscados por la Policía y agredidos durante una masiva marcha antigubernamental y mostraban sus credenciales, las que parecían enardecer más a los uniformados.
Según relató la conocida periodista Paola Ugaz, fue golpeada y lanzada contra la pared por un policía y pudo escapar con la ayuda de un grupo de mujeres manifestantes.
La Defensoría del Pueblo expresó su enérgica condena a la conducta de la Policía y la exhortó a respetar la labor de los periodistas y garantizar su labor, esencial para la ciudadanía.
“No vi actos de violencia. Vi personas manifestándose en calma, con música; yo cubría la marcha entre gente bailando y arengando. De pronto el disparo de una bomba lacrimógena y desde ahí una represión incomprensible”, declaró Ugaz.
Dijo también que una policía que tiene esa conducta, “no es la policía de un país democrático”.
Las protestas demandan la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, nuevas y prontas elecciones generales y un referendo sobre la convocatoria a una asamblea constituyente.
Ataques registrados
Las manifestaciones, marchas y bloqueos de carreteras comenzaron en el sur del país el 7 de diciembre y, según la ANP, en ese mes hubo 153 ataques a periodistas en menos de dos semanas.
Tras una pausa por las festividades de fin de año, las manifestaciones se reanudaron el 4 de enero y desde ese día hasta el 3 de febrero se cometieron 94 ataques a periodistas, en su mayoría cometidos por la Policía.
El caso más grave fue el del fotoperiodista Aldair Mejía, quien cubría el primer día de las protestas de diciembre en la ciudad de Juliaca, en la región surandina de Puno.
Mejía fue maltratado y amenazado de muerte por un policía y horas después resultó herido en la pierna por un perdigón disparado por los uniformados.
El informe reflejó que la mayoría de los casos de enero se registraron en Lima a partir del día 19, cuando comenzaron las protestas, y que “los agentes agresores más frecuentes fueron los policías”.
También en enero fue allanado el campus de la Universidad Mayor de San Marcos, la más antigua de América y la principal de Perú, para desalojar a manifestantes provincianos llegados a protestar en Lima, y la Policía detuvo a cuatro periodistas de Puno que habían arribado con los marchistas de esa región.
En esa ocasión, los reporteros Kevin Huamaní y Valia Aguirre, del portal periodístico de Internet Wayka, fueron agredidos por policías y denunciaron que les arrebataron sus equipos y los dejaron inoperativos.
El informe consigna además que tres representantes de la televisora América resultaron apedreados y heridos por enardecidos manifestantes disgustados por la línea informativa de ese medio y se produjeron incidentes similares con otras estaciones.
El mayor número de ataques en una sola jornada, en el periodo del informe de la ANP, se produjo el 19 de enero, cuando llegaron los manifestantes del interior y hubo 19 ataques, más que los 16 ocurridos el 10 de noviembre de 2020, cuando la Policía dio muerte a dos estudiantes en protestas que obligaron a renunciar al fugaz presidente derechista Manuel Merino.
Los casos denunciados coincidieron con el 40 aniversario de la peor matanza de la historia del periodismo, la llamada masacre de Uchuraccay (1983), cuando fueron linchados ocho reporteros y sus guías, quienes buscaban confirmar versiones sobre muertes masivas en las alturas de la región surandina de Ayacucho.
Una comisión presidida por el escritor derechista Mario Vargas Llosa no fue más allá de una aproximación sociológica y de la conclusión de que, de alguna manera, la culpa era de la sociedad, es decir de todos y, por tanto, de nadie.
Los campesinos autores del linchamiento relataron que militares llegados en helicóptero los conminaron a combatir al grupo armado Sendero Luminoso y matar a todo aquel que llegara por tierra a la comunidad, lo que no fue profundizado.
Dirigentes de la comunidad de Uchuraccay fueron encarcelados, varios de ellos desaparecidos y otros testigos asesinados en el fragor de la llamada guerra interna de entonces pero sigue vigente entre los periodistas la percepción de que los verdaderos culpables continúan impunes.
Manuel Robles Sosa/Prensa Latina
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