Con el pretexto de atender la recesión que se vivió de 2008 a 2010 por la crisis de los créditos subprime, Felipe Calderón destinó miles de millones del erario nacional al rescate de los más ricos, tal como lo hizo en 1998 cuando respaldó el Fobaproa del priísta Ernesto Zedillo. Dio fondos emergentes por 2 mil millones a empresas con deuda bursátil; 1 mil millones para su crecimiento y otros 1 mil millones para financiamiento de grandes corporaciones. Fuera del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, Hacienda otorgó apoyos por 3 mil millones a la industria harinera del maíz y molinera de nixtamal; a la “pequeña y mediana industria”, 984 millones; y a “empresas e industria en general”, 800 millones de pesos. El expresidente que se enfocó en atender a la oligarquía aún critica el Estado de bienestar –que ve por los más pobres– al calificarlo de “populismo”

Al margen del Presupuesto de Egresos que aprobó la Cámara de Diputados en los ejercicios de 2008 a 2010, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa extrajo miles de millones de pesos para rescatar a los más ricos, revelan oficios internos de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en poder de Contralínea. El expresidente que instauró un narco-Estado en México también es responsable de saquear las finanzas públicas para el beneficio de la oligarquía, bajo el falso argumento de que subsidiar a los de arriba no es populismo, sino fomento a la industria y la productividad.

Con el pretexto de atender la recesión que se vivió de 2008 a 2011 por la crisis de los créditos subprime y, posteriormente, por la crisis de la epidemia del AH1N1, del erario de la nación salieron fondos emergentes por 2 mil millones de pesos para “rescatar” a las empresas con deuda bursátil. En total, se destinaron más de 15 mil millones a ese propósito.

Esa estrategia fue una de varias para beneficiar a la élite económica nacional y trasnacional, que se operaron a discreción desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las gestiones de Agustín Carstens Carstens (2007-2009) y Ernesto Cordero Arroyo (2009-2011). Así, el dinero público se convirtió en un cheque en blanco para la iniciativa privada, sin que el gobierno calderonista informara o pidiera la opinión –mediante consulta ciudadana– del pueblo de México.

En secreto, se destinaron más de 1 mil millones al supuesto crecimiento de la iniciativa privada, y otros 1 mil millones al financiamiento de grandes corporaciones. Además, se otorgaron apoyos por 3 mil millones a la industria harinera del maíz y molinera de nixtamal; a la “pequeña y mediana industria”, 984 millones; y a “empresas e industria en general”, 800 millones de pesos.

Rescate de deuda bursátil

La crisis de los créditos subprime estalló en Estados Unidos en septiembre de 2008 y, casi de inmediato, los mercados del mundo “se contagiaron”. En el caso mexicano, el gobierno de Felipe Calderón eligió rescatar a los más ricos, en lugar de destinar los recursos públicos a apoyos directos a los más pobres –como podían ser las pensiones a adultos mayores y personas con discapacidad.

Para el 22 de octubre de 2008 –apenas un mes después de que reventara la llamada burbuja inmobiliaria estadunidense–, el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Dionisio Pérez-Jácome Friscione autorizaba a la Tesorería de la Federación entregar 1 mil millones de pesos a la Unidad de Banca de Desarrollo para que ésta, a su vez, los aportara al Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial.

Ese fideicomiso, identificado con el número 8013-9, se operó mediante Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). El destino final del dinero fue el Programa de Apoyo para Deuda Bursátil, según el oficio 801.1.-212(08).

Pérez-Jácome Friscione autorizó un segundo fondo extraordinario –mediante el acuerdo de ministración 801.1.-108(09), del 25 de mayo de 2009– por 1 mil millones de pesos, sin que éste fuera etiquetado por la Cámara de Diputados. Como Contralínea lo reveló,  desde que Felipe Calderón asumió la Presidencia de la República en diciembre de 2006, mantuvo vigente la prerrogativa para que la SHCP manejara miles de millones de pesos al margen del Presupuesto de Egresos de la Federación. Transferir discrecionalmente dinero público de una partida presupuestaria a otra configuraba en otros sexenios el delito de peculado, pero esta práctica fue “legalizada” –mediante la normativa interna– por el gobierno que le antecedió, de Vicente Fox Quesada, cuando el secretario de Hacienda era Francisco Gil Díaz.

El programa de rescate a la gran industria con deuda bursátil manejó más de 15 mil millones de pesos, revela el Libro blanco de los créditos otorgados al amparo de los programas emergentes del gobierno federal en los ejercicios 2008 y 2009 del Banco Nacional de Comercio Exterior. “En la sesión del 4 de febrero de 2009 se propuso por parte de Bancomext al Consejo Directivo: autorizar una segunda etapa del programa, para apoyar a las empresas a renovar sus emisiones de deuda, durante el periodo enero-junio de 2009; continuar con el límite de 15 mil MDP (7 mil 500 MDP para Bancomext y 7 mil 500 MDP para Nafin) que se había autorizado en la primera etapa, lo que implicaba contar con nuevas garantías para emisiones adicionales de hasta 9 mil 32.97 MDP; permitir que las emisiones cuyo plazo vencía en el mes de enero de 2009 y se renovaron sin garantía, pudieran ser susceptibles de ésta en su siguiente renovación o a la fecha del corte de su primer cupón, así como a emisiones nuevas que deriven de aquellas que se liquidaron en enero y febrero de 2009; permitir que las emisiones que se liquidaron en enero de 2009 y que quisieran volver a acceder, sean elegibles”.

El Libro blanco indica que en la primera fase se eligieron 10 empresas. De éstas, destaca la identificada como acreditada 2108523 –no se revela el nombre–, pues en la Auditoría financiera y de cumplimiento 10‐2‐06G0N‐02‐0838, de la Cuenta Pública 2010, la Auditoría Superior de la Federación emitió la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria ante el Órgano Interno de Control en el Banco Nacional de Comercio Exterior, para que realizara las investigaciones pertinentes y, en su caso, iniciara el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no realizaron el avalúo de la maquinaria proporcionada como garantía del crédito otorgado ni tampoco registraron la insuficiencia en la cobertura de las garantías del acreditado 2108523, por 53 millones 658 mil pesos.

Asimismo, el Libro blanco evidencia que el de los créditos bursátiles no fue el único programa emergente que se operó en esos años de crisis para beneficio del sector privado: en 2009 se activó el Programa de Apoyo Emergente para la Reactivación Económica del Sector Turismo, y el Esquema de Financiamiento para Resolver el Problema Coyuntural de las Aerolíneas Mexicanas. En total, manejaron más de 3 mil millones de pesos.

Apoyos multimillonarios

Desde que era líder del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón avalaba el rescate de la oligarquía con el dinero del pueblo mexicano: en 1998, acompañó al gobierno de Ernesto Zedillo en el gran latrocinio llamado Fobaproa que socializó la deuda de los bancos, con un costo superior a los 3 billones de pesos y se terminará de pagar hasta 2042.

En 2008, él mismo operó sus pequeños Fobaproas sin pedir autorización a la Cámara de Diputados. Así, mediante acuerdos de ministración, sustrajo miles de millones de pesos para empresarios que lo apoyaron en el fraude electoral de julio de 2006. Por ejemplo, el 20 de noviembre –día de asueto en México, pues se conmemora la Revolución Mexicana–, el subsecretario Pérez-Jácome Friscione firmó la autorización para la Tesofe entregara 1 mil millones de pesos a la Unidad de Banca de Desarrollo para la capitalización de Nafin.

El oficio 801.1.-213(08) estableció que ese dinero se destinaría a los “apoyos requeridos al sector privado de conformidad con lo señalado en el Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo”.

En el contexto de las crisis financieras, el gobierno calderonista benefició con dineros extraordinarios a la industria harinera de maíz y la industria molinera de nixtamal, con financiamientos multimillonarios. Previo a la crisis subprime y posterior a ésta, también se apuntaló a los clientes cautivos –20 mil microempresas [tortillerías] del sector de la masa y tortilla– con apoyos supuestamente para capacitarlos, modernizar sus equipos de producción, estandarizar sus procesos e imagen comercial.

En el primer caso, el subsecretario Pérez-Jácome Friscione firmó tres acuerdos de ministración de recursos en 2009, con los siguientes oficios: 801.1.-109(09), del 19 de mayo, por 500 millones de pesos; 801.1.-162(09), del 13 de agosto, por 591 millones 400 mil pesos; y 801.1.-196(09), del 23 de septiembre, por 323 millones 59 mil 446 pesos. Los tres tuvieron como objetivo entregar el dinero a la Subsecretaría de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, para que dispusiera de recursos en su Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales y, desde ése, “otorgar apoyos tanto a la industria harinera de maíz como a la industria molinera de nixtamal”.

En el segundo caso, para “apoyar” a las 20 mil tortillerías, el subsecretario firmó tres oficios en 2008 –801.1.-058(08), del 18 de marzo, por 272 millones de pesos; 801.1.-136(08), del 10 de julio, por 338 millones 225 mil 160 pesos; 801.1.-197(08), del 20 de octubre, por 978 millones de pesos– y en 2011, el subsecretario Carlos Montaño autorizó una cuarta ministración de fondos –oficio 801.1.-247(11), del 23 de agosto– por 200 millones de pesos.

Otro ejemplo del rescate a la iniciativa privada es el que evidencia el oficio 801.1.-194(08), del 2 de octubre de 2008, por 444 millones 691 mil 800 pesos para que la Subsecretaría para que la Pequeña y Mediana Empresa apoyara “proyectos estratégicos que contribuyeran al desarrollo regional y sectorial del país”. Con ese mismo pretexto, el 28 de julio de ese mismo año el Pérez-Jácome había autorizado el acuerdo 801.1.-141(08), por 439 millones 890 mil pesos.

La crisis del AH1N1, otro pretexto

El 23 de abril de 2009 se confirmó que en México había una epidemia, pues los pacientes enfermos de influenza presentaban el mismo virus AH1N1, hallado en siete pacientes de Estados Unidos. Después de eso, se profundizó la crisis financiera en el país originalmente asociada a la burbuja inmobiliaria estadunidense.

La inestabilidad económica volvió a servir de pretexto para que el gobierno de Calderón aplicara más beneficios al sector privado. Ejemplo de ello son los acuerdos de ministración de fondos –que trasladaban recursos de unas partidas a otras al margen del presupuesto aprobado cada año por la Cámara de Diputados– destinados a la Subsecretaría de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, para apoyos de carácter temporal dispersados en. 2009 por el Programa de Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología:

-Oficio 801.1.-142(09), del 10 de julio, por 300 millones de pesos.

 

-Oficio 801.1.-152(09), del 6 de agosto, por 250 millones de pesos.

 

-Oficio 801.1.-199(09), del 23 de septiembre, por 250 millones de pesos.

El 19 de febrero de 2023 –dos días antes de que la justicia de Estados Unidos encontrara culpable de los cinco cargos imputados a Genaro García Luna, entre ellos cuatro de narcotráfico–, el expresidente Calderón publicó un artículo en el diario Reforma en el que llamaba a construir un nuevo partido político para disputarle la elección presidencial a Morena. En éste, aseguraba que esa era la única vía para impedir que en el país se instaure una dictadura populista. A la luz de su manejo de la economía en momentos de crisis, lo que el político ultraderechista –actualmente huido del país ante posibles imputaciones por el narco-Estado– quiere para la nación es una oligarquía en la que los ricos siempre acaban ganando y los pobres siempre se sumen más en la miseria.

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