Después de la demanda de seguridad, tenemos otro gran pendiente en México. Un derecho que no se ha resuelto para la mayoría de la población: empleo. La mayoría de los mexicanos son trabajadores y dependen de un patrón o empleador para obtener ingresos. Necesitan de una fuente de trabajo. Pocos son estables y dignos.
Sin embargo, la Constitución mexicana en su artículo 123 nos garantiza este derecho sosteniendo que: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; [y responsabiliza al Estado…] al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo, conforme a la ley”.
Ésto quiere decir que la organización social debe ser tal que garantice el cumplimiento y que cada persona tenga acceso al empleo. Tiene que ser uno digno con las prestaciones y bienestares indispensable para el desarrollo de la vida productiva. Además, debe cubrir las necesidades de la persona y su familia. No sólo en el ámbito económico, sino también, garantizar espacios para actividades de convivencia sana.
El artículo 123 constitucional en su apartado A, fracción VI, establece: “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Todas las personas trabajadoras tienen derecho a aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, participación de utilidades adeudadas, pensiones, indemnizaciones, vivienda, acceso a la salud y a un seguro que cubra accidentes”.
Proveer la educación obligatoria de los hijos e hijas implica que el Estado debe desarrollar un sistema de estancias infantiles, donde la niñez tenga su espacio de formación y educación, mientras sus madres y padres trabajan. Y que la falta de “guarderías” no sea más un motivo poderoso para que, sobre todo las mujeres, se vean imposibilitadas de trabajar. También implica una red social de cuidados para que la sociedad incida en la solución de problemas personales y familiares. Por ejemplo, el cuidado de ancianos o enfermos.
El sistema actual no garantiza el derecho al empleo de ninguna manera; ni otros más. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), tenemos 99 millones 700 mil personas en capacidad de trabajar en México. Sin embargo, se nos dice que la Población Económicamente Activa (PEA) es de 60 millones. Mientras que 39 millones 700 mil son la Población Económicamente No Activa (PENA). Esta categoría incluye a aquellos que se encuentran buscando un trabajo. Si hay tantos, en muchísimos casos no es porque no quieran. Simplemente, no pueden. Quizás después de su “activa” búsqueda ya se desmoralizaron. O tal vez por la precarización laboral no están dispuestos a esclavizarse a cambio de un raquítico salario. Menos si la fuente de empleo no es a nivel local, sino que implica largos y costosos recorridos
Dentro de esas decenas de millones están las mujeres. Ellas quieren trabajar, sin embargo, no pueden, pues necesitan garantizar el cuidado de la niñez o personas enfermas o muy ancianas. Al no encontrar empleo, millones de jóvenes se dedican a estudiar y procuran obtener becas. También están personas con alguna discapacidad que los aleja del mercado laboral. Aun cuando la sociedad debiera generar los trabajos necesarios para capacidades diferentes. El calificar a 30 millones fuera del PEA porque no buscan “activamente” un empleo, oculta el hecho de que no lo hacen porque no hay trabajos adecuados y remunerativos.
De los 60 millones 100 mil personas que tiene el PEA, oficialmente, 1 millón 600 mil están desocupados –2.7 por ciento–. De acuerdo con las cifras del primer trimestre de 2023, la ENOE considera que 4 millones 300 mil –7.4 por ciento– están subocupadas, pues declaran tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas. De modo que los desocupados y subocupados son 5 millones 900 mil mexicanos. En cuanto a la situación de las mujeres, hay una abierta discriminación, ya que de la fuerza laboral 75.5 por ciento son hombres, y el 45.8 por ciento, mujeres. Ésto muestra una grosera brecha laboral.
En el primer trimestre de este año, había 58 millones 500 mil personas ocupadas. La mayoría –32 millones 400 mil– trabajan en la informalidad, según el ENOE. Es decir, sin recibir las prestaciones de la ley. Sólo 26 por ciento tenían empleo formal: están registrados en la seguridad social. Lo grave es que las personas ocupadas no tienen estabilidad laboral. Al menos 20 millones 200 mil no la tienen y tres cuartas partes no reciben aguinaldo ni reparto de utilidades. Tampoco tienen vacaciones con goce de sueldo. Tan sólo quienes laboran para una empresa o negocio sin contrato superan los 16 millones 600 mil. Casi 4 millones llevan entre cinco y 20 años esperando tener un puesto de base.
Desgraciadamente, en México no existe una medición oficial de la precarización laboral como sí ocurre con la pobreza. Los organismos federales no tienen una medida oficial para hacerla. Sin embargo, nos damos cuenta de que la mayoría tiene por una u otra razón condiciones laborales deplorables. La desprotección social es progresiva.
A la gran mayoría los trabajadores, se les está contratando por honorarios o por trimestres para que no acumulen antigüedad ni derechos y vivan con el constante temor a ser despedidos.
Así son las condiciones de muchos empleados como profesores universitarios y burócratas. Es patética la situación de los trabajadores por aplicaciones: Uber, repartidores, analistas de datos… No cuentan con seguridad social. Algunos tienen que poner a disposición sus instrumentos de trabajo. Pueden ser despedidos arbitrariamente: sólo los desconectan. No tienen seguro por accidentes, ni a cargo de la empresa, días de descanso, vacaciones, etcétera. Y al menos 500 mil personas laboran en plataformas digitales en el país, según el informe Fairwork para México.
La precarización laboral impone la falta de garantía de condiciones socioeconómicas mínimas que garanticen una vida digna. Ésta se agudizó durante el neoliberalismo en el que se destruyó la organización colectiva: se desplomaron los salarios, se acentuó la desprotección social e impusieron la “flexibilización” en los contratos colectivos para favorecer a los patrones.
El Estado es responsable de hacer valer la ley. Sobre todo, en situaciones de emergencia como ha sido la pandemia que dejó a 12 millones de personas desempleadas cuando más lo necesitaban. Ésto es inadmisible. Es imprescindible hacer efectivo el derecho constitucional al trabajo, organizando el Plan Nacional de Empleo a nivel local, regional y nacional. El Estado puede y debe impulsar cooperativas, micro, pequeñas y medianas empresas y empresas estatales en todos los sectores estratégicos de la economía. El sector público tiene que fortalecerse y generar empleos suficientes.
Deben cancelarse las transferencias del presupuesto público al sector privado. Hay que recuperar la capacidad productiva del Estado que tanta importancia tuvo desde el cardenismo. Entonces, el Producto Interno Bruto creció 6 por ciento anualmente hasta el inicio del neoliberalismo. Las políticas privatizadoras han golpeado la economía nacional y popular. No se trata sólo de frenarlas, sino de iniciar un proceso desprivatizador para que el pueblo y el Estado recuperen lo que les arrebataron las grandes corporaciones. Fortalecer el sector público y social es clave para la recuperación y el crecimiento sostenido. Para ello, se necesita presupuesto, el actual de 8 billones 300 mil millones no alcanza.
Si se hubiese suspendido el pago al servicio de la deuda pública y se destinará el 1 billón 200 mil millones de pesos que se le orientan en 2023, se contaría con recursos adicionales. Si junto con la suspensión, se realiza una auditoría para revisarla y sanearla, no cargaremos con el peso que ya rebasa 14 billones. Suspender y auditar para luego renegociar el pago nos dará recursos adicionales hoy y ahorros mañana. En los próximos dos años, se contaría con más de 2 billones de pesos para el fomento de la producción y el empleo.
Además, hace falta una reforma fiscal progresiva para que pague más, quien gane más. Mientras el Impuesto Sobre la Renta es de 35 por ciento, a las corporaciones se les cobra 2.4 por ciento. Ésto debe corregirse. La banca tuvo ganancias record en 2022 de 236 millones. De enero-abril volvió a romper record ganando 92 millones. Casi no pagan impuestos. Qué bueno que el actual gobierno ya cobra a las corporaciones, pero eso no basta. Urge la justicia fiscal para que el presupuesto alcance. Por otra parte, se debe contemplar el impuesto a las grandes fortunas que incluso el presidente Joe Biden está proponiendo. Hay magnates como Carlos Slim que aumentaron su fortuna de 60 mil a 100 mil millones de dólares en apenas cinco años. Deben contribuir con la sociedad también multimillonarios como German Larrea que en 2018 poseía 17 mil millones y hoy acumula 29 mil millones de dólares.
Con estas medidas el presupuesto puede crecer más del 50 por ciento y hacer frente a la obligación del Estado mexicano de garantizar empleo digno y bien remunerado.
Se pueden y deben crear empleos en todos los sectores de la economía, tanto en el primario como en el secundario y terciario. Hace falta apoyar el empleo en el sector agropecuario para la soberanía alimentaria y revitalizar el campo. Ello, a partir de inversiones para fomentar la producción local y un programa de abasto para aprovechar la producción que hoy se echa a perder por falta de mercado.
Hacen falta muchas manos para dejar de importar alimentos y ser autosuficientes. Otros sectores como el pesquero tienen gran potencial para generar fuentes de empleo. Hace falta el desarrollo de una industria soberana. México producía astilleros hace 50 años. En Dina Automotriz, producía automóviles, vagones de metro, trenes y tractores. Hoy el Estado debe invertir para tener una gran producción de automóviles eléctricos, sobre todo, tomando en cuenta que el litio se ha nacionalizado.
De abajo a arriba, en cada comunidad, en cada municipio se debe invertir en la especialización de algún producto que dé empleo a la población local. El trabajo local es la mejor arma en contra de la migración interna y externa. Si bien las remesas –que el año pasado llegaron casi a 60 mil millones de dólares– ayudan a la economía, la migración externa implica extremos sacrificios para la mayoría de los trabajadores y sus familias. Además de que generan la riqueza para Estados Unidos y no para su país. Ayudan al desarrollo externo, no de México porque sabemos que las remesas significan un porcentaje pequeño de lo que ganan las empresas. La plusvalía que generan los mexicanos se queda fuera del país.
Para el sector salud hace falta generar empleos. Hoy se ha desmantelado este sistema en el mundo. En México –a pesar de los esfuerzos de los últimos años todavía–, no se puede garantizar estos servicios a la población. Hace falta recursos adicionales para impulsarlos, fortaleciendo la infraestructura hospitalaria en todos los niveles. De esta manera, funcionarán los servicios a plenitud y se inaugurarán nuevas clínicas y hospitales donde se requiera. Así como incrementar gradualmente el personal de salud; además de fomentar la medicina tradicional y alternativa.
El Estado ha tenido la capacidad durante los siglos XIX y XX de elaborar sus propias vacunas, medicamentos y equipos. Hasta que Zedillo fundó Birmex y comenzó a importar sin seguir produciendo. Debemos recuperar la autosuficiencia en el sector salud. Si somos autosuficientes en estas cuestiones estratégicas, serían grandes los ahorros a futuro. Además, el empleo de personal de salud debe fortalecerse porque es sabido que millones de personas no pueden aún atenderse en las actuales condiciones.
También urge crear nuevos empleos para atender los problemas que provoca el calentamiento global. Durante 25 años, golpea un país en el que se han agudizado las inundaciones, sequías, incendios, situación causada por las políticas neoliberales con respecto del agua, la caótica urbanización, la ausencia de protección civil, la deforestación que genera condiciones presentes y futuras de gran peligro.
Se debe cosechar agua de lluvia, recargar los mantos freáticos reforestando los montes, implementar terrazas, gaviones y sumideros que evitarían inundaciones y sequías a la vez. Faltan grandes inversiones en un nuevo sistema hídrico, impulsar la Nueva Ley General de Aguas que el Congreso ha sido omiso en aprobar desde 2013. Ésta puede prevenir grandes carencias y desgracias, las cuales vivimos actualmente. Sin embargo, se agudizarán de no atenderse.
La pandemia de coronavirus amplió la brecha de pobreza entre géneros. Llevó a 47 millones de mujeres y niñas a la pobreza en 2021. Con lo cual, se borrarán los avances logrados en las últimas décadas, advirtió la Organización de Naciones Unidas (ONU). Es necesario un programa especial para garantizar sus derechos y el acceso al empleo.
Generar empleos que cumplan estrictamente la ley y salir de la precariedad de los trabajos actuales: relaciones laborales marcadas por la explotación, intensas horas de trabajo y la ausencia de derechos legales. Es un reto a superar. Hay alternativas. Conquistemos soluciones.
*Doctor en estudios urbanos, politólogo, historiador y militante social
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