El 3 de diciembre de 2023, se realizará un importante referéndum en Venezuela, con el fin de realizar una consulta. Éste es un mecanismo establecido por la Constitución y parte de la defensa que el pueblo venezolano está dispuesto a emprender para defender su territorio: El Esequibo. Les fue robado por los británicos hace décadas de forma alevosa. Hoy, el gobierno de Guyana –violando las leyes internacionales y el Acuerdo de Ginebra de 1966– pretende explotar esta tierra en beneficio de corporaciones estadunidenses.
El mencionado fue firmado por Venezuela y Gran Bretaña. En él, quedó claro que el arreglo del diferendo territorial debe ser consensado por ambas partes. De esta manera, lograr un acuerdo mutuo a través del diálogo.
Esta campaña por el referéndum –que se realiza para fortalecer la defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba– es una demanda añeja del pueblo hermano. En su bandera de ocho estrellas, se incluye este territorio.
Venezuela contiene el territorio dentro de sus dominios desde su primera Constitución de 1811, cuya última reforma –en 1999– declara que los espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela, antes de la independencia iniciada el 19 de abril de 1810. El Esequibo tiene una inmensa dimensión de más de 159 mil kilómetros cuadrados, lo que es mayor al territorio de Portugal o Grecia.
En el Tratado de Tordesillas de 1594 –entre España y Portugal–, ese territorio le terminó perteneciendo a la corona española. Al momento que triunfa la independencia de Venezuela, la nueva nación conquista la soberanía de los territorios invadidos por los hispanos. Éstos incluían al Esequibo, puesto que la Capitanía General de Venezuela –creada por Carlos III en 1777– incluía los territorios de la antigua provincia de Guayana.
La lucha de las potencias europeas había sido intensa, pues los holandeses se dieron a la tarea de invadir el Caribe desde los siglos XVII y XVIII. Aun así, el Tratado de Extradición entre España y Países Bajos de 1791 reconoció a la “colonia del Orinoco” como parte del territorio hispánico. Estaba limitado hasta el Esequibo.
Histórica y legalmente la cuestión no deja lugar a dudas. En el tratado de 1850, queda claro que el territorio es de Venezuela. Sin embargo, en 1897 se vicia la situación con la firma del Tratado de Washington. Por este medio, Estados Unidos interviene en el conflicto ajeno. Así, fieles a la Doctrina Monroe, violan los títulos de Venezuela. Además, negoció con Inglaterra para ser ellos quienes decidieran la validez del tratado; desde luego, en su beneficio.
En el Laudo Arbitral de París de 1899, el fallo fraudulento concluyó con la cesión del territorio al oeste del río Esequibo a Reino Unido. Sin embargo, Venezuela no tuvo representación directa. Sus pseudo representantes fueron nombrados por Estados Unidos, así que la sentencia es nula y llena de vicios. La potencia del Norte no admitió a ningún venezolano. De igual manera, aprovechó la situación de convulsión interna. En ese momento, no había gobierno y se sufría una pandemia de viruela que fue muy mortífera en el sudamericano.
El carácter ilegal del Laudo Arbitral –dictado el 3 de octubre de 1899– queda patente en el memorándum de Severo Mallet-Prevost. En éste, evidencia las arbitrariedades del proceso que determinó los límites del despojo territorial contra Venezuela.
Mallet-Prevost –socio de un renombrado bufete neoyorkino– ejerció como abogado de la parte venezolana durante el Laudo Arbitral. No obstante, su designación corrió por cuenta del gobierno estadunidense, dado que Reino Unido se negó a admitir una parte venezolana con el “argumento” de que “indios malolientes” no tenían que opinar en el asunto.
La delegación presente en el Tribunal Arbitral de París estaba conformada por cinco árbitros: dos británicos –nombrados por la corona–; dos designados por el gobierno de Estados Unidos –supuestamente, representaban a Venezuela–, y un juez ruso –miembro de la corte británica–. Además, es necesario recordar que el Zar y el Rey eran familiares. Estos jueces fueron comprados y, de manera unánime, refrendaron un Laudo viciado y considerado nulo e írrito por Venezuela.
En su testamento el árbitro estadunidense, Severo Mallet-Prevost, dejó la información de cómo los jueces fueron comprados. Fue un proceso que duró 3 días, en el cual se desecharon miles de documentos de Venezuela que comprobaban su derecho territorial.
La población local del Esequibo ha asumido su soberanía. Se organizó y se lanzó a la lucha el 2 de enero de 1969, en la llamada Rebelión de Rupununi. Liderada por una valiente mujer indígena, Valerie Paul Hart, perteneciente a la etnia wapishana, se invocaba la nacionalidad venezolana en esta rebelión en la Guayana Esequiva.
A pesar de ello, Guyana estableció la inclusión del Territorio Esequibo dentro de sus límites en la Constitución de 1980. La República Cooperativa de Guyana se ha negado a dialogar, a pesar de que Venezuela ha trabajado por la unidad de la región y la ha apoyado a través de Petrocaribe.
Sin embargo, pese a esas muestras de solidaridad constante, Guyana está actuando como un Estado satélite de Estados Unidos –país que lleva más de 20 años atacando a la Revolución Bolivariana–. Asimismo, está al servicio de las corporaciones estadunidenses, dado que el gobierno en ningún momento ha planteado aprovechar esos recursos para su propio pueblo, sino para intereses extranjeros.
Este año, empresas –como la ExxonMobil– quieren explotar el petróleo de la zona perteneciente a Venezuela. Cabe mencionar que la región es rica en petróleo, gas, agua y oro. En los últimos meses, se han multiplicado los descubrimientos de grandes riquezas. Ello despierta la ambición de Washington, quien por un lado aparenta un intento de conciliación con los Tratados de Barbados firmados recientemente –en octubre de 2023– y, por el otro, echa leña al fuego instigando el conflicto territorial.
Los descubrimientos petroleros y gasíferos en las aguas en disputa entre Venezuela y Guyana coinciden con el recrudecimiento de la tensión militar alentada por el Comando Sur. Pretenden apropiarse del territorio ajeno de enormes dimensiones: 159 542 kilómetros cuadrados.
Así, violan el derecho internacional marítimo. Ni siquiera en tierra se ha delimitado el territorio en disputa, por ende y a todas luces, el mar también está pendiente por delimitar. Sectores económicos, sindicales, religiosos y los partidos políticos de cualquier signo se han unido en defensa de sus intereses nacionales venezolanos.
Washington pretende el saqueo de esos recursos para favorecer su lucha por la hegemonía mundial. Esto es explicado por la alianza militar con Guyana auspiciada por el Comando Sur. Este último está detrás de las amenazas y las actitudes belicosas. En 2012, participó en el Ejercicio Respuesta Fusionada, el cual implicó la colaboración entre el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos y las Fuerzas de Defensa de Guyana.
Desde 2015, la República Cooperativa de Guyana ha estado participando en maniobras militares conocidas como “Tradewinds”, con el objetivo de consolidar la supremacía estadunidense en esta región del mar Caribe.
Recientemente, Guyana otorgó concesiones a ExxonMobil. Esta trasnacional financia los gastos jurídicos en la Corte Internacional de Justicia, denunció el ministro del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, Jorge Arreaza.
Frente a las intenciones imperiales y la actuación subordinada del gobierno de Guyana, Venezuela establece un camino de defensa de la soberanía a través de un ejercicio democrático de amplia participación popular, como el referéndum.
El 21 de septiembre, la Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad convocar el referendo consultivo invocando el artículo 71 de la Constitución de la República, el cual establece que tanto el poder Ejecutivo como el Legislativo pueden tomar la iniciativa en tal sentido.
Las primeras dos preguntas son de carácter legal. La primera es sobre la línea impuesta por el Laudo Arbitral de París de 1899; la segunda es sobre el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966; la tercera es sobre la posición de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ); la cuarta tiene que ver con la extracción ilegal de petróleo del Océano Atlántico, y la quinta es sobre la creación del estado Guayana Esequiba.
Preguntas para el referendo:
- ¿Está usted de acuerdo en rechazar, por todos los medios, conforme a derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el Laudo Arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba?
- ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana, en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba?
- ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba?
- ¿Está usted de acuerdo en oponerse, por todos los medios, conforme a derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar, de manera ilegal y en violación del derecho internacional?
- ¿Está usted de acuerdo con la creación del estado Guayana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio, que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional, incorporando en consecuencia dicho estado en el mapa del territorio venezolano?
Por su parte, Guyana acudió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) –principal órgano judicial de la Organización de Naciones Unidas (ONU)– en 2018, con el objetivo de pedir resolver el diferendo. En 2020, la CIJ se declaró “competente” para examinar la disputa.
Por su parte, el martes 14 de noviembre Guyana pidió a la CIJ tomar cinco medidas provisionales para “bloquear” el referendo previsto en Venezuela para el 3 de diciembre sobre la disputa por el territorio del Esequibo. Entre ellas, estaba evitar que Caracas proceda con esta consulta “en su forma actual”. Exigen eliminar de la consulta las preguntas uno, tres y cinco.
Pretenden negar la soberanía del gobierno y el pueblo de Venezuela para realizar la consulta en los términos que ellos decidan, en el marco de su Constitución. Quieren sustituir la soberanía de un pueblo por la decisión de una corte extranjera. Eso no va a pasar. Hoy por hoy, el pueblo de Venezuela está decidido a enfrentar este golpe de Washington y sus corporaciones, aliadas a la oligarquía de Guyana.
Es un nuevo ataque luego del severo bloqueo que les ha impuesto el imperio yanqui. En 2015, declaró a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad. Le impusieron 926 sanciones coercitivas y unilaterales, de las cuales 765 fueron emitidas por Donald Trump, recrudeciendo su ofensiva en tiempo de la pandemia. Esto es criminal. En el país, existe una gran movilización de cara al referéndum del 3 de diciembre. El mundo democrático está al pendiente con gran interés.
La humanidad aspira a un mundo nuevo y lucha por él. Lucha por la armonía entre las naciones y la solución pacífica de los conflictos, sin agresiones o imposiciones.
¿Qué clase de civilización impone brutales sanciones genocidas contra países más pequeños como Cuba o Venezuela, o cualquier otro que no se pliegue a la línea de los imperialistas estadunidenses y los oligarcas financieros internacionales, los cuales se disputan el control de los mercados mundiales y de los recursos naturales, el acceso a la mano de obra barata, y luchan por esferas de influencia y zonas de exportación de la riqueza social que se ha apoderado de lo que produce el pueblo trabajador? La lucha del pueblo venezolano es la lucha por poner en el centro los intereses de los pueblos y su futuro.
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