Después de once horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Sistema de Medios de Impugnación. Estas leyes secundarias permitirán al Senado de la República emitir la convocatoria para la primera elección de jueces, magistrados y ministros programada para el 1 de junio del 2025.
Durante la discusión, se presentaron las posturas diferentes entre los grupos parlamentarios. La sesión inició con dos mociones suspensivas presentadas por los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI). Mediante éstas, intentaron frenar el debate con el argumento de que las modificaciones en las leyes secundarias tenían errores, los cuales se debían analizar y subsanar.
Particularmente el coordinador del PRI, Rubén Moreira Valdez, pidió el aplazamiento, debido a la falta de un informe sobre las suspensiones provisionales dirigidas a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, el desconocimiento de los posibles efectos, así como las supuestas inconsistencias en los textos.
“Ya les comentaron que no se legisló sobre el voto en el extranjero, sobre aquellas personas que están en prisión, pero tienen presunción de inocencia, y que no se especifica si habrá representantes de los candidatos a ser juzgadores”.
De igual manera, la diputada del PAN, Rocío González Alonso, presentó una moción suspensiva. “Presento una moción suspensiva bajo cuatro premisas importantes, pero solicito se haga íntegro todo el documento en el Diario de los Debates. Primero, existe una clara contradicción del artículo 105 constitucional con relación a los transitorios del dictamen o de los dictámenes, relativo a la aprobación de reformas en materia electoral. […] Dos, ya se les hizo costumbre no circular los dictámenes con cinco días de anticipación, sin importar si la sesión sea ordinaria, sea de la permanente o sea extraordinaria. […] Y, finalmente, lo más importante, el desacato una y otra vez, de las suspensiones otorgadas por distintos jueces”.
Por otro lado, el diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Hugo Eric Flores, explicó que, “con esta reforma, se garantizan los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad y transparencia en cada una de las etapas del proceso electoral para los cargos de elección del Poder Judicial. Y se garantiza el acceso al voto libre, directo y secreto de la ciudadanía”.
“Asimismo, derivado de las modificaciones realizadas por la colegisladora se establecen que los comités de evaluación mediante insaculación pública depuraran el listado que establece las personas mejor evaluadas en cada cargo de elección judicial, atendiendo a su especialidad por materia y observando la paridad de género”, agregó.
Asimismo, la diputada del Partido Verde Ecologista (PVEM), María Luisa Mendoza, insistió en que “no dejemos de señalar que las leyes son perfectibles, y no perfectas. […] La justicia en México es como un auto desvalijado de los años 70, intentando transitar en una autopista moderna del siglo XXI, una analogía que describe la desconexión que existe entre el sistema judicial y las necesidades actuales. Por ello, es necesario la adecuación de nuestro marco procesal mediante leyes secundarias, que juegan el papel de regular la selección de personas del poder judicial”.
Finalmente, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy, argumentó que el pueblo mexicano dió el poder de reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a los legisladores. “Con plenitud lo vamos a ejercer y lo vamos a hacer soberanamente, porque tenemos la mayoría calificada conforme también a la Constitución para aplicarla aquí, en las reformas que se requieran en materia constitucional y legal en estas condiciones de la reforma del Poder Judicial”.
